Ecologistas y agricultores se unen al rechazo del Salto de Chira y denuncian un paso más en la “privatización del agua”

Zona sobreexplotada hídricamente. Sobre esta figura contemplada en la Ley de Aguas de Canarias giran las demandas y quejas de muchos agricultores de las cumbres de Gran Canaria que claman por un cambio de modelo en la gestión de los recursos hidráulicos de la isla. Según denuncia la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, grupo que nuclea a decenas de colectivos de las zonas altas y el poniente insular, el agua se ha convertido en una de las principales fuentes de conflicto de la comarca. Y su falta es la principal variable que explica fenómenos como la despoblación, el abandono de la agricultura tradicional o el deterioro de los paisajes cumbreros. “Hace falta agua; esa que sobra en la zona baja de la isla y que sigue fluyendo sin control desde los manantiales de la cumbre hacia la costa”, denuncia Antonio Díaz, presidente de esta unión de asociaciones. Al reclamo se suman organizaciones ambientalistas como El Turcón, que ponen al “expolio de agua de lugares como el Barranco de La Mina” y a la “voracidad de los terratenientes y aguatenientes” como ejemplo de esta situación de carestía que se vive en la zona. Y es por ello que el próximo 16 de octubre participarán en la marcha convocada por la Plataforma Salvar Chira-Soria para protestar contra la construcción del polémico Salto de Chira, un proyecto que según Eduardo Martín, integrante de El Turcón y el colectivo Stop Vertidos en Santa Brígida, “es un paso más en la estrategia de privatización del agua en la isla”. Esta convocatoria también es secundada por otros colectivos sociales como Vecinos de Utiaca para recuperar el Barranco de La Mina.

“Nos están vendiendo este proyecto como una gran infraestructura vital para los intereses de Gran Canaria a través de propaganda institucional y titulares vacíos y la verdad es que es sólo una muestra más del afán por privatizar el agua”, señala Martín. En la misma sintonía se expresa Antonio Díaz, quien añade que las presas de Chira y Soria son “la única reserva de agua de calidad que queda en la zona de cumbre” y que gracias a este proyecto hidroeléctrico, “quedará en manos de una multinacional que reparte beneficios en fondos de inversión extranjeros”. Para los representantes de estos colectivos, todo forma parte de una misma estrategia basada en “la explotación privada de un bien que según la ley debe ser de titularidad pública”, añade Díaz. Un bien que “corre desde las zonas altas de la isla hacia la costa para regar plataneras mientras que en la zona baja sobra el agua desalada y buena parte de las depuradas se vierten al mar”.

Antonio Díaz explica que la situación de sobreexplotación de los acuíferos insulares se ha intensificado desde las últimas décadas y que hasta la UNESCO advirtió en 1975 que de seguir con este ritmo de extracciones se podría alcanzar una situación de no retorno en poco tiempo. Por eso solicitan la declaración de zona sobreexplotada, que no sólo serviría para “que el agua que sale de los nacientes de la cumbre se quede aquí”, sino para abordar “con seriedad” una estrategia que se centre en la recarga de esos acuíferos a través de repoblaciones masivas y, en el caso necesario, el bombeo de aguas depuradas y desaladas hacia los pozos. Pero todo pasa por “hacer las reformas necesarias en la Ley de Aguas de Canarias para, que de verdad, el agua de la isla sea declarado como un bien de interés público”. En este sentido, el presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de La Biosfera adelantó que “se está ya en una situación en la que hay que reclamar la atención de la Unión Europea”. “La primera intención es que el agua de la cumbre se deje de extraer y se termine de hacer negocio con un bien que es público. Estamos en una zona claramente sobreexplotada y lo primero que hay que hacer es evitar que la cumbre se muera”, comenta Díaz. Este trasvase continuo de agua, expone, causa distorsiones en los precios en detrimento de las zonas altas, donde el agua alcanza tarifas de hasta 30 euros la hora en contraste con los 16 ó 17 que se pagan en la costa. “No hay infraestructura pública en la zona alta de la isla y eso encarece muchísimo el agua que consumimos en la zona”.

Otro punto de conflicto, según las organizaciones denunciantes, es la proliferación de pozos y galerías irregulares que ocasionan un daño continuo al acuífero insular. Según Eduardo Martín, en la isla hay entre 2.000 y 3.000 pozos ilegales y alerta que el Consejo Insular de Aguas “es el organismo que debe controlar y sancionar a la personas que están extrayendo el agua de manera irregular”. El ambientalista también puso como ejemplo de la “mala gestión en el uso de los recursos hídricos de la isla” el entubado del Barranco de La Mina y aseguró que “el Cabildo es el primero que mercadea con el agua”. “Queremos que el agua de la cumbre se quede en la cumbre. No tiene sentido gastar ingentes cantidades de dinero en infraestructuras que eleven agua desalada desde la costa a cotas superiores a los mil metros. No se sostiene desde ningún punto de vista: ni medioambiental ni económicamente”, finalizó el representante de El Turcón y Stop Vertidos Santa Brígida.