Educación defiende que la instrucción sobre las charlas en los colegios ya se aplica “sin incidencias” y pretende evitar la “politización” de las escuelas

La Consejería de Educación ha defendido que la instrucción sobre las charlas en los colegios ya se aplica “sin incidencias” y pretende evitar la “politización” de las escuelas. Desde el área que dirige Poli Suárez ponen el ejemplo de conferencia que impartió el ultraderechista Rudy Ruyman en un instituto el pasado curso.

“La instrucción se aplica sin ningún tipo de incidencia desde este curso que termina y surge para proteger a los equipos directivos y docentes cuando programan o les solicitan impartir charlas o ponencias en centros educativos y que pueden no resultar del contenido que inicialmente esperaban o se expresan desde una parcialidad que puede influir directamente en la percepción de unos determinados temas por parte del alumnado, en una etapa de su desarrollo especialmente sensible”, señalan desde la Consejería.

Apuntan que se trata de “charlas con contenidos que plantean un posicionamiento político o social determinado, que se venían impartiendo con una perspectiva sesgada”.

“Esta instrucción nos la han solicitado incluso muchos equipos directivos, para poder tener un posicionamiento objetivo y avalado por la administración, a la hora de dar respuesta a esas peticiones de acceso a los centros”, aseguran desde la Consejería.

“Se trata de evitar la politización de la educación y que los contenidos que se tratan en las aulas se aborden en todo momento con el aval del profesorado y los currículos, desde la imparcialidad y el rigor. Son los centros educativos y los consejos escolares los que valoran y determinan si el contenido de esas charlas cumple con los fines pedagógicos, no la Consejería”, inciden desde el área.

La instrucción ha tenido numerosas críticas estos días pese a llevar funcionando todo el curso. Partidos políticos, sindicatos o la Red Feminista han afeado la “neutralidad” que se persigue con la misma pues creen que “ se corre el riesgo de equiparar la defensa de los derechos humanos con opiniones políticas que los cuestionan”.