La empresa de viviendas de Canarias admite que “desconoce” la vulnerabilidad de las familias que desahucia

La empresa pública de viviendas sociales de Canarias, Visocan, ha reconocido este miércoles que “desconoce” la “situación concreta” de las personas que ocupan domicilios gestionados por la entidad y que terminan siendo desahuciadas. En un escueto comunicado, la compañía se ha defendido de las críticas esbozadas este martes por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), quien recriminó a su propio partido, encargado de gestionar Visocan, las demandas de desahucio interpuestas contra dos familias okupas en Añaza, en la capital tinerfeña. Ambos núcleos familiares cuentan con informes de vulnerabilidad acreditado por los Servicios Sociales municipales y al menos una de ellas ha visto paralizado el lanzamiento por esto mismo.

Fuentes de Visocan han trasladado a este periódico que la sociedad “no es competente para la emisión de informes de vulnerabilidad”, por lo que “desconoce la situación concreta de cada familia que ha ocupado la vivienda [de su propiedad] sin contrato hasta la interposición de una demanda por ocupación”. La empresa reitera que “no se ha producido ningún lanzamiento” y que “ninguna familia vulnerable se quedará en la calle”. Y agrega que en el caso concreto de Añaza, donde cuenta con 358 domicilios desde 2019, “ha intentando desde entonces que todos sus ocupantes estén en situación regular”. Al menos el 25%, según estimaciones de la compañía, siguen sin estarlo.

Visocan aclara que, “como no puede ser de otra manera, tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente”. Pero añade que “trabaja sobre el terreno y ha abierto líneas de diálogo con los afectados para ofrecer alternativas individualizadas que permitan resolver cada situación”. Al menos hasta el fin de semana pasado, Nadia y Asunción, los nombres de las dos madres solteras damnificadas, relataron a Canarias Ahora no haber recibido noticias en este sentido. De hecho, Visocan explicó, también en respuestas a esta redacción, que contrató a una ONG para “lograr entender el perfil de los okupas y poder distinguir aquellos que pudieran estar integrados en la comunidad de vecinos y no generan problemas de convivencia, de otros que provocan conflictividad y delincuencia”. En octubre de este año anunció que ejecutaría 18 desahucios en el edificio por “actividades ilícitas o problemas de convivencia” en el edificio.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, pidió este martes que “se atienda de manera inmediata a las personas y familias en situación de vulnerabilidad afectadas” por los desalojos. El regidor aseguró haber presentado distintas iniciativas para tratar este asunto en el Parlamento y pedir explicaciones al consejero de Vivienda y presidente de Visocan, Pablo Rodríguez, también de CC, que, según apuntó, han caído en saco roto, “demostrando una indiferencia con los más vulnerables impropia de una administración pública”. Esta semana, Bermúdez ha vuelto a registrar una pregunta “encaminada a que el consejero conteste, dada la inexplicable ausencia de respuesta”.