España ocupa el puesto 17 en gasto militar y cae hasta el 28 en el ranking de paz en el mundo
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
España destinó 15.400 millones de euros a fines militares en 2010, convirtiéndose en el 17 país que más gasta en el mundo, al tiempo que cayó tres puestos en el Índice de la Paz Mundial (IMP) 2011, pasando del puesto 25 al 28.
Así se desprende del anuario 2011 del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (Sipri), un referente sobre armamento, desarme y seguridad internacional ofrecido en catalán por la Fundació per la Pau.
El gasto militar de España representa un 0,9% del total mundial, que aumentó un 1,3% hasta los 1,63 millones de dólares por la crisis económica, y que en el caso de Europa cayó un 2,8%.
“El elevado gasto militar puede ser controvertido frente a necesidades sociales más urgentes”, observa el informe, y añade que el 40% de toda la corrupción en las transacciones mundiales se produce en el comercio de armas, argumentando que su vinculación con la seguridad nacional permite ocultar muchos pactos.
El 75% del gasto militar global se concentra en diez países: los EE.UU. --acaparan el 43% del gasto--, China --el 7,3%--, Reino Unido, Francia, Rusia, Japón, Arabia Saudita, Alemania, India e Italia.
Por otra parte, España ha caído desde el puesto 25 hasta el 28 del Índice de Paz Mundial, que clasifica 153 países en función de sus estados relativos de paz mediante 23 indicadores, y que determina qué rasgos culturales e instituciones están relacionados con los estados de paz.
El ranking está encabezado por Islandia, Nueva Zelanda, Japón, Dinamarca y República Checa, junto con países normalmente pequeños, estables y democráticos, mientras que Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Irak y Somalia están a la cola.
En cuanto al volumen de transferencias internacionales de armas convencionales, que aumentó un 24% por ciento en 2006-2010 respeto al cuatrienio anterior, tiene sus principales receptores en India, China, Corea del Sur, Pakistán y Grecia.
Las relaciones estrechas entre los intermediarios, comerciantes de armas y representantes oficiales con acreditaciones de seguridad nacional “desdibujan la frontera entre el estado y la industria”, relegando a un segundo plano la legalidad, concluye el Sipri.
