La juez imputa un delito de estafa a la esposa del promotor de Hoya Pozuelo
Elena del Castillo, sobrina del conde de la Vega Grande y esposa del promotor inmobiliario Jaime Cortezo, debe comparecer el próximo 26 de mayo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, en calidad de imputada por un presunto delito de estafa en relación a la polémica urbanización de Hoya Pozuelo, pendiente de derribo por incumplir la Ley de Costas.
La juez que instruye la querella por estafa presentada por varios vecinos de Hoya Pozuelo, Ana Isabel de Vega, ha admitido las alegaciones y la documentación aportada por los abogados de los querellantes, para volver a imputar a Elena del Castillo, encausada en su dia al presentarse la querella contra Jaime Cortezo, su esposa y otros administradores de las empresas del promotor, pero apartada de la causa a instancias de la primera abogada de los querellantes, Josefina Navarrete.
El cambio de letrado por parte de los vecinos de Hoya Pozuelo, que han llevado hasta los Juzgados la supuesta venta fraudulenta de sus viviendas, ha permitido ahora incluir de nuevo a Elena del Castillo en el proceso abierto desde julio de 2006, en el que vecinos de la urbanización de la costa de Telde acusan a los promotores de sus viviendas de estafa y falsedad en documento público.
Según estos vecinos afectados por la orden del Gobierno de Canarias de derribar sus viviendas, Hoya Pozuelo SL, cuyos administradores solidarios son Jaime Cortezo Massieu y Elena del Castillo Machado, vendió las viviendas a sabiendas de que estaban ya afectadas por un expediente abierto de derribo, como finalmente se ha producido, y ocultando ese dato a los compradores.
En su descargo, la defensa de Jaime Cortezo siempre ha alegado que los compradores de las viviendas sabían que estas estaban afectadas por el expediente de derribo, alegando incluso el conocimiento público del caso a través de los medios de comunicación de la época.
Para los vecinos afectados por el derribo pendiente de sus casas, las alegaciones de Jaime Cortezo no se sostienen, ya que nadie querría hipotecarse con el riesgo de que sus viviendas pudieran caer bajo la piqueta por orden gubernativa.
