Un funcionario de Telde acusa a Guillermo Reyes de instigar a José Luis Mena a acosarle

A la cuarta fue la vencida. Tras haberse suspendido en tres ocasiones, la primera de ellas en mayo de 2013, este jueves arrancó el juicio penal contra Guillermo Reyes, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, y los funcionarios José Luis Mena y María Jesús Santana, ex jefes de servicio del mismo departamento, por un presunto delito contra la integridad moral de un funcionario del Consistorio, Raúl Santana. Entre septiembre de 2003 y junio de 2004, este trabajador público permaneció aislado en un despacho ubicado en Jinámar, sin atribución de funciones y con apenas “una mesa, tres sillas, algunos papeles y un bolígrafo”, según atestiguó una inspección de Trabajo.

En la primera sesión de la vista oral que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Santana señaló a Guillermo Reyes, edil de Urbanismo en el momento de los hechos, como el instigador del acoso laboral. Según manifestó, fue José Luis Mena, con el que mantenía en esas fechas una relación cordial por haber sido compañeros de trabajo, quien le reconoció en una reunión que Reyes “le estaba presionando” para no darle tareas y mantenerlo solo en el despacho de Jinámar.

El origen del caso se remonta al 25 mayo de 2003, jornada en la que se celebraron comicios autonómicos y locales. Santana explicó que ese día fue expulsado por Reyes, que era candidato a la Alcaldía por AFV-Ciudadanos por el Cambio, de una de las mesas del colegio electoral de Casa Nuevas, en el cruce de Melenara, en la que participaba como representante de la Administración junto a otras tres personas.

En su declaración de este jueves, el concejal de Ciuca, actualmente en la oposición, aseguró que había pedido la intervención de la Policía y había llamado a la Delegación del Gobierno porque “había gente que estaba entrando en las cabinas” de votación. Santana pidió entonces amparo judicial y la juez de guardia ordenó el regreso de estos representantes de la Administración a la mesa electoral. El altercado provocó incluso una denuncia por la vía penal que Santana terminó retirando “por temor” al concejal.

Tras los comicios, el Partido Popular y Ciuca suscribieron un pacto de gobierno y Reyes fue nombrado concejal de Urbanismo. Según el funcionario denunciante, a partir de ese momento se iniciaron las acciones de represalia por parte de Reyes, con la connivencia de sus jefes de servicio. En un intervalo de apenas un mes y medio, fue trasladado de Parques y Jardines, donde trabajaba hasta las elecciones, al área de Recaudación y, posteriormente, a Medio Ambiente, bajo responsabilidad de Reyes.

Santana asegura que el 1 de septiembre de 2003, el día de este segundo traslado, se reunió con Reyes: “Tenía mi expediente personal, le sorprendió que fuera funcionario, pensaba que era personal laboral. Me dijo que me iba a llevar a Jinámar, que iba a montar una oficina, y me recriminó que era del otro gobierno (Santana es miembro de Nueva Canarias, gran rival político de Ciuca en el municipio de Telde en los últimos años)”.

La oficina de Jinámar estaba en una habitación que “no tenía los elementos más indispensables para una actividad laboral”, según refrendó en un informe la inspectora laboral que cursó dos visitas a estas instalaciones tras la denuncia que interpuso el funcionario. El trabajador municipal asegura que le comunicó su situación “en cinco o seis ocasiones” a María Jesús Santana, nombrada jefa de servicio de Urbanismo -en sustitución de Mena- tras la llegada de Reyes al área, pero que la técnico no hizo nada para resolver el problema.

“Cuando llegó Mena (en junio de 2004 regresó a la Jefatura de Urbanismo), me alegré, porque lo conocía, y le pedí que arreglara la situación, pero me dijo que era Reyes quien estaba presionándolo”, apuntó Santana, quien ya entonces había presentado varias denuncias a nivel interno, a la Junta de Personal y a la Inspección de Trabajo.

El 18 de junio, a través de un manuscrito de Mena, el funcionario fue trasladado de la Gerencia de Jinámar a las oficinas de Medio Ambiente en la calle León y Castillo de la Ciudad de los Faycanes. Un día antes, la Junta de Personal había tratado la situación del trabajador y había emitido un informe. Este documento, junto al de la inspectora de Trabajo y a la publicación del caso en los medios de comunicación, fueron, en palabras de Santana, “el detonante” de este traslado.

Sin embargo, el acoso laboral “no acabó ahí” y se prolongó en las nuevas dependencias, donde en principio le colocaron “un tablón con burras” a modo de mesa y le dejaron, de nuevo, sin funciones.

Santana ya denunció su caso por la vía contencioso-administrativa, que le dio la razón y obligó al Ayuntamiento a indemnizarle con 12.000 euros. El funcionario ha explicado que permaneció de baja médica durante bastante tiempo debido a la patología que desarrolló a consecuencia del estrés laboral al que estuvo sometido.

Esquivos y desmemoriados

Por su parte, Guillermo Reyes, que se mostró esquivo ante las preguntas de la fiscal y de la acusación particular, negó “rotundamente” haber tenido un altercado con Raúl Santana, a quien dijo no conocer. También se desmarcó de cualquier responsabilidad en el traslado del denunciante, asegurando que no tenía ninguna capacidad de organización en su concejalía, que esta tarea correspondía a los jefes de servicio e, incluso, que solo hablaba con ellos y que no podía hacerlo “con ningún otro funcionario”.

“No era mi misión saber si estaba correctamente equipado el despacho y no sé si -Raúl Santana- estaba destinado allí, no era mi competencia”, insistió Reyes, quien afirmó que se había enterado por la prensa de las quejas que había presentado el funcionario. También negó que le pidiera a Carmelo Oliva (PP), entonces concejal de Personal, que trasladara a Sanatana a su departamento -como declaró el propio Oliva en el periodo de instrucción-. así como que diera instrucciones en este sentido a Mena.

El exjefe de Urbanismo, condenado a seis años y diez meses de cárcel por el caso Grupo Europa y a tres años y medio por el caso Los Alisios, defendió que fue él quien resolvió la situación de Santana al trasladarlo de la oficina de Jinámar a la de León y Castillo. “Cuando recibo el primer escrito, ya estaba resuelto el tema. Él vino a hablar conmigo, me dijo que no estaba haciendo nada en Jinámar, y lo trasladé”, aseveró.

Mena negó que el traslado de Santana estuviera condicionado por la reunión que se había producido el día anterior en la Junta de Personal y que recibiera presiones del concejal: “No permito que Reyes me dé indicaciones”.

El ex jefe de servicio apuntó que era Santana “quien no quería trabajar” en su nuevo puesto, según le manifestaron “Antonio Alemán (coordinador del área de Medio Ambiente) y los propios trabajadores”. “Me dicen que es renuente al trabajo y que crea mal ambiente”, apostilló.

En la misma línea que el resto de los acusados, María Jesús Santana aseguró que no tenía conocimiento de la situación del funcionario, que no tuvo nada que ver en su traslado y que no recibió ninguna queja del mismo. “Si va dirigida a mí, firmo, pongo la fecha y recibí”, comentó la arquitecta, que desligó su actuación profesional del hecho de que su padre concurriera a las elecciones de 2007 en la misma candidatura que Guilermo Reyes.

También declaró en calidad de testigo Carmelo Oliva, que estuvo imputado en la fase de instrucción. El exconcejal del PP pareció haber borrado de su memoria cualquier rastro de sus años de actividad política y tan sólo rememoró la reunión de la Junta de Personal en la que se habló de Raúl Santana. “Destituí al jede de Personal y el tema se quedó en suspenso”, subrayó Oliva, que se contradijo con lo declarado en fase de instrucción afirmando que Reyes no le había pedido el traslado de Santana.

Este viernes se celebrará la segunda sesión de un juicio en el que la Fiscalía solicita para los tres acusados una pena de un año y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el desempeño de cargo y empleo público durante tres años.