El Gobierno baraja un informe con “siete diseños” para el futuro del puerto de la cementera de Arguineguín

El Gobierno de Canarias contempla hasta siete diseños para el futuro del puerto de Santa Águeda (San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria), cuya concesión tiene Cementos Especiales de las Islas (Ceisa S.A.) hasta octubre de este año. La empresa industrial aspira a renovar el permiso para gestionar el muelle que ostenta desde hace 65 años, mientras que entidades del sector turístico demandan un uso recreativo para un puerto ubicado en una una de las joyas por explotar en la costa isleña.

Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha podido conocer el contenido del informe de conclusiones sobre el uso y destino del dominio público portuario en el Puerto de Santa Águeda, elaborado en conjunto por técnicos de las Consejerías de Obras Públicas, Turismo y Transición Ecológica, tras más de un año de reuniones con todas las partes. Se trata de un documento de vital importancia para el futuro del enclave, que tendrá que dictaminar el Ejecutivo regional el 22 de octubre de 2022, pero que no es vinculante.

Sin embargo, el Gobierno regional no ha desvelado su contenido. El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo que el informe primero se expondrá al Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y las partes interesadas. Estas son la propia cementera y, en el sector turístico, el grupo Cordial Canarias Hotels & Resorts (que ya ha realizado inversiones en la zona) y el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), presidida por Fernando del Castillo.

“El Gobierno ha visto el documento, que ha sido expuesto gráficamente por el consejero Sebastián Franquis (de Obras Públicas) y los otros consejeros, Jose Antonio Valbuena (Transición Ecológica) y Yaiza Castilla (Turismo)”, desveló Pérez, quien explicó que el informe aún no es público porque “lo prudente es que esas conclusiones se conozcan primero por las administraciones implicadas y por los sectores más afectados, por razones incluso de cortesía y educación”.

El portavoz del Gobierno de Canarias ha señalado que el informe expone “orientaciones para que las administraciones públicas puedan tomar decisiones”. En este sentido, esboza “siete diseños” como posibles vías para el puerto, porque los técnicos que han elaborado el documento han considerado “las alternativas que son físicamente posibles”.

“Hay cosas que no se pueden hacer, como cerrar el puerto mañana por la mañana; y las cosas que físicamente se pueden hacer, no son legalmente posibles porque el planeamiento urbanístico, las normas sobre la gestión del litoral, no lo permiten”, apuntó Pérez. El planeamiento insular de 2003 dictamina que el puerto deberá ser de uso recreativo y no industrial, sin embargo, esto no concuerda con el ordenamiento municipal de San Bartolomé de Tirajana, que aún no ha sido actualizado.

En cualquier caso, Pérez remarca que el informe, aunque contiene la palabra “conclusiones”, contiene “orientaciones para que las administraciones públicas puedan tomar decisiones” en un asunto polémico con intereses contrapuestos. Pero, en definitiva, “el Gobierno tiene el deseo de generar consenso alrededor de la decisión que finalmente se adopte”.

Por su parte, la consejería de Obras Públicas ha remitido a este periódico a las palabras de Pérez en la rueda de prensa. “No hay nada más que contar”, ha sentenciado.

Mantener uso industrial o apostar por más turismo

Desde el sector turístico, el grupo Cordial Canarias Hotels & Resorts ha invertido 50 millones en la zona, construyendo el Resort Cordial & Santa Águeda y el Perchel Beach Club cerca de la cementera. Incluso acudió a los tribunales porque esperaba que el Gobierno regional retirara la concesión del puerto a Ceisa en marzo de 2020, pero la justicia no le dio la razón.

En declaraciones al programa de Informe Trópico, Nicolás Villalobos, director general Cordial Canarias Hotels & Resorts, considera que si el Ejecutivo regional toma la decisión de renovar la concesión a Ceisa, sería una medida “antijurídica” y no descartó que, si eso sucede, demandaría al Gobierno. Para el futuro del puerto, Villalobos mostraba su preferencia por reconvertirlo en un muelle deportivo similar al de Mogán.

En el lado contrato, Ceisa quiere mantener uno de los tres pilares fundamentales para mantener su actividad, es decir, el puerto por el que entran las materias primas, que se complementa con la fábrica, ubicada en suelo de la empresa industrial, y la cantera, también cercana. De lo contrario, Claudio Piernavieja, coordinador general de la sociedad, explicaba que tendrían que transportar las materias primas por carretera: “Supondría meter unos cien camiones al día en la autopista del sur, lo que también implica unas 3.000 toneladas de CO2 al año”, ejemplificaba también en Informe Trópico.

De su lado también tienen a la plataforma vecinal denominada Salvar la bahía de Santa Águeda, que considera que apoyar las pretensiones de la cementera equivale a evitar que la localidad de El Pajar se convierta en un destino turístico similar a Pasito Blanco en Mogán, algo que rechazan. También la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha mostrado su apoyo a que Ceisa se mantenga en la zona por motivos históricos y emocionales, pues defiende que el desarrollo poblacional en el área ha crecido de la mano de la empresa. Por ello, aboga por la convivencia entre el turismo y la industria en la zona, mostrando algo más tradicional o local y diferenciandose de otras ofertas turísticas que ya tiene el municipio.

En este sentido, Narváez es más partidaria de la propuesta de Ceisa para el puerto que su reconversión a muelle recreativo. En concreto, la empresa pretende materializar un proyecto para mejorar el entorno de El Pajar, con una prolongación del paseo marítimo, la recreación de piscinas naturales en la parte oeste de la fábrica o construir un aparcamiento con 200 plazas, además de instalar plantas fotovoltaicas en la cementera.

El Gobierno canario, a través de la Consejería de Obras Públicas, tiene un arduo trabajo por delante para sentarse hablar con todas las partes y hallar la solución más idónea o que genere más consenso. La patronal turística quiere que la cementera se vaya y se traslade a un polígono industrial y la empresa quiere mantener la actividad que desarrolla en la zona desde 1957. “El conflicto no acabará” con la decisión que tome el Ejecutivo regional, a juicio de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, puesto que estima que “el problema no quedará cerrado, porque cada grupo seguirá luchando hasta que caiga una sentencia firme por su posicionamiento”.