El Gobierno dice que el cambio de rutas no frenará la llegada de cayucos
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó este viernes que en las próximas semanas arribarán más embarcaciones con inmigrantes clandestinos desde la costa africana, y apuntó al cambio producido en las rutas de llegada.
En su exposición de un informe conjunto de Exteriores, Justicia e Interior sobre cooperación con el Magreb -presentado al Consejo de Ministros-, explicó que “tradicionalmente el esfuerzo de cooperación con el Magreb en materia de inmigración se centraba en Marruecos, pero la ruta se ha deslizado a la fachada atlántica del continente”.
“Estamos actuando en consecuencia; sabemos que en las próximas semanas van a seguir llegando embarcaciones y no podemos cerrar los ojos a ese problema, el problema está ahí y necesitamos someterlo a un análisis continuo”, subrayó.
El informe afirma que la “fluida relación con Marruecos y Argelia ha permitido la reducción en un 40 por 100 en el último año de las llegadas de embarcaciones a las costas andaluzas”, y añade que en la lucha contra inmigración ilegal es esencial “el efecto disuasorio de repatriaciones, la interlocución fluida con autoridades y la eficacia del operativo (SIVE, en el Estrecho)”.
El resultado es que el número de detenidos por las seis comandancias costeras andaluzas entre enero y marzo de 2007 fue de 808 frente a los 1.825 de 2006, una bajada del 55 por 100, indica.
Según Fernández de la Vega, el informe también evidencia la existencia de redes de tráfico de personas “cada vez más eficaces”, lo que exige “reforzar la cooperación internacional”.
En este sentido insistió en que la cooperación con Africa “va más allá del frente policial o del control de fronteras: para frenar esta inmigración son imprescindibles las políticas de cooperación en lo económico, el diálogo político y la cooperación al desarrollo”.
El Gobierno también está ayudando a Marruecos y Argelia para que puedan construir una estrategia conjunta con vistas a este problema, y “España hará lo posible por atender las demandas de cooperación y asistencia técnica de los países” del Magreb.
En los últimos meses, dijo, se han destinado subvenciones extraordinarias a Marruecos y Mauritania para el control de fronteras y se ha proporcionado material también a Senegal, “son ayudas puntuales que sirven como ejemplo de la importancia que el Gobierno da a la ayuda al desarrollo”.
En este contexto anunció la concesión de un crédito FAD de 100 millones de euros a Marruecos para la construcción de una central eólica, y una cantidad igual a Ghana para sus centros hospitalarios.
Tras afirmar que en el Magreb hay destinados siete agregados de Interior y otros siete en Africa occidental, Fernández de la Vega recordó que recientemente se han suscritos acuerdos de cooperación y lucha contra la delincuencia con Cabo Verde y Senegal y está en tramitación otro con Argelia.
España podrá perseguir fuera de su territorio el tráfico ilegal de personas
El Consejo de Ministros recibió este viernes un informe del ministro de Justicia sobre el anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir “extraterritorialmente” el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
Según informó el Gobierno, los tribunales españoles no tienen en estos momentos jurisdicción extraterritorial para la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de hechos, salvo si el tráfico de seres humanos detectado en aguas internacionales está orientado a la explotación sexual de los mismos.
Cuando quede aprobada tal modificación, España podrá enjuiciar el tráfico ilegal de seres humanos y dar el necesario trato humano a los inmigrantes y proteger plenamente sus derechos “a la vista del inabarcable flujo migratorio de nuestro país”.
Según precisó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta reforma permitirá a jueces y fiscales perseguir “fuera de España” estos delitos y a los delincuentes, “más allá de las fronteras”.
Agregó que se trata de una “criminalidad transfronteriza” que se aprovecha de los seres más desvalidos.
El anteproyecto modifica el epígrafe g del apartado 4 del artículo 23, de tal forma que se incorpora el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas a los delitos, según la ley penal española, en los que la jurisdicción española es competente para “conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional”.
Los otros delitos ya incluidos son genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, los relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
“Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.”
El flujo migratorio proviene, en gran medida, según el Gobierno, del “notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados” en relación con el tráfico ilícito de inmigrantes, que día a día ponen en peligro su vida y su seguridad.
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar un informe con carácter de urgencia, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre este anteproyecto.
