El Gobierno canario rescinde el contrato a la adjudicataria del 1-1-2 por no pagar las nóminas al personal en plena crisis del coronavirus

Sala de operaciones del 112 Canarias

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y la mercantil adjudicataria del servicio de atención telefónica 1-1-2, Grupo Norte, han roto el contrato que por concurso vinculaba a la administración pública y a la empresa de trabajo temporal desde el 1 de febrero de 2017 y hasta al menos 2021. "Ha sido de mutuo acuerdo", se ha limitado a informar a este diario Grupo Norte. Horas antes, la mercantil había trasladado su decisión a los más de 60 trabajadores de las dos salas operativas, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a través de los responsables de este servicio fundamental en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El Gobierno canario interviene para que la gestora del 1-1-2 pague las nóminas, retrasadas por "falta de liquidez"

El Gobierno canario interviene para que la gestora del 1-1-2 pague las nóminas, retrasadas por "falta de liquidez"

Pasadas las siete de la tarde, desde la empresa dependiente de las consejerías de Sanidad y de Presidencia, Justicia y Seguridad ahora todas bajo el mando del portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, se aclaraba a Canarias Ahora que el Gobierno ha optado "por la resolución de mutuo acuerdo [sin activar la cláusula de penalización por incumplimiento de contrato] para no causar ninguna distorsión del servicio a la ciudadanía en el momento actual y previendo un incremento de la demanda ante la desescalada y la vuelta a la normalidad. Los términos de esta resolución aún no se han culminado, por lo que en los próximos días se decidirá sobre los mismos".

Grupo Norte había indicado esta mañana a sus responsables en Canarias que dejará de prestar ese servicio pero sin haber fijado aún la fecha concreta con el Gobierno de Canarias. Los empleados de esta ETT será subrogados por alguna empresa que se hará cargo de esos puestos de trabajo hasta que se licite un nuevo concurso. El contrato que todavía está en vigor se adjudicó el 15 de diciembre de 2016, por un importe total de 6.639.900,00 euros y entró en vigor el 1 de febrero de 2017, con una duración de 48 meses (hasta el 31 de enero de 2021).

No ha sido, por tanto, “una falta de liquidez muy puntual” que iba a solucionarse a lo largo de este abril, como refirió Grupo Norte a este diario hace dos semanas. Los más de 60 trabajadores del 1-1-2 cobraron con retraso sus nóminas de marzo, y la situación apuntaba ya a que se iba a reproducir este mes de abril. Los delegados sindicales en las Islas han reclamado información a la empresa sobre el futuro de sus puestos de trabajo o la tramitación de sus seguros sociales, sin recibir respuesta.

En el momento de trascender el retraso en las nóminas de los trabajadores (suelen cobrar entre el 27 y el 28 de cada mes y solo la intervención del Gobierno canario hizo que recibieran sus sueldos el martes 7 de abril), desde el Ejecutivo se apuntó a problemas administrativos de Grupo Norte. Fuentes gubernamentales explicaron a este diario que las cantidades abonadas a la empresa se hacían en tiempo y forma. No obstante, los problemas de tesorería, de los que la propia Grupo Norte ha admitido su existencia, podrían haber llevado a la ETT a tapar otros agujeros antes que las nóminas de los trabajadores del 1-1-2 Canarias, según indicaron esas misma fuentes.

Por el contrario, Grupo Norte siempre adujo, sin querer entrar en más detalles a preguntas de este diario, que el retraso en el abono de las facturas por parte del Gobierno de Canarias había sido uno de los motivos para el consiguiente retraso en las nóminas de 1-1-2 Canarias, pero también la pérdida de otros clientes privados.

Grupo Norte solo ha informado de ese "mutuo acuerdo" y el Gobierno canario, además de esa justificación de la rescisión pactada, no ha aclarado todavía la fecha del cambio de adjudicataria ni quién asumirá las funciones de la ETT Grupo Norte.

"En la actualidad se están estudiando opciones empresariales para mantener un servicio esencial en este momento de crisis pandémica. La idea es tener un prestador provisional de manera directa debido a lo esencial del servicio y al momento de pandemia y, posteriormente, hacer un concurso público", ha indicado GSC a este diario.

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