El informe de Salud Pública defiende las medidas anti COVID del Gobierno canario tumbadas por el TSJC y avisa de que la vacunación no es suficiente

El informe de Salud Pública sobre el que el Gobierno de Canarias decidió aprobar las medidas que debían mantenerse tras la finalización del estado de alarma sostiene que el paquete de medidas adoptadas para controlar la transmisibilidad de la COVID-19 en la comunidad ha sido efectivo a la hora de modular la expansión del virus en las islas y recomendaba su mantenimiento al menos tres meses.

Dicho informe forma parte del documento que el Gobierno canario presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que este domingo rechazaba el mantenimiento del toque de queda en el Archipiélago y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus.

En sus conclusiones, el informe de Salud Pública considera que la vacunación no es suficiente como medida única de intervención para la contención de la epidemia en el contexto epidemiológico mundial y advierte de que el incremento de la movilidad y el reinicio de la actividad turística supondrá la entrada de personas procedentes de zonas con niveles más elevados de transmisión y presencia de otras variantes, colocando a la islas en una situación de vulnerabilidad.

El informe exponía que el incremento de la movilidad que se produjo tras finalizar las fases de desescalada durante el pasado verano conllevó la circulación del virus en las islas con mayor intensidad. Asimismo, incidía en que la aplicación de las medidas de actuación adoptadas progresivamente para el control de la transmisión de la COVID-19 han conducido, sin necesidad de un confinamiento domiciliario, a modular la altura de los picos de incidencia, a pesar de una mayor circulación del virus comparada con la situación de hace un año, lo que permite que el impacto sobre el sistema sanitario no sea de tal magnitud que sobrepase sus capacidades.

También se hacía hincapié en que los niveles de alerta 1 y 2 mantienen unos niveles de la tasa que llama “de fondo” y que compatibilizan de manera razonable la actividad económica y el impacto sanitario. No obstante, aclara que estos niveles de alerta (1 y 2) son insuficientes cuando se produce la coincidencia de determinados escenarios, como festivos, especialmente si trata de periodos muy limitados en el tiempo y simultáneos, de gran parte de la población (Navidad, Carnaval o Semana Santa, entre otros).

En el informe, Salud Pública también concluye que el paquete de medidas asociado al nivel de alerta 3 tarda en responder al impacto que tiene estas situaciones hasta que logra estabilizar la curva y posteriormente cambiar la dirección hacia el descenso, aunque en situación habitual va seguida de un descenso en el número de diagnósticos.

En cuanto a los niveles de incidencia de las últimas semanas, se destaca que han descendido de niveles de riesgo elevado hasta nivel de riesgo medio, lo que significa, a día de hoy, que existe transmisión comunitaria del virus y, además, con un impacto en las unidades de críticos que es elevada. En este sentido, puntualiza que se trata de un descenso relativo porque lo hace desde niveles elevados; a su vez, se indica que el valor promedio de las tasas alcanzado en este aparente descenso es superior al de otros momentos del último año y sobre todo su evolución es inestable y no apunta definitivamente en una dirección.

Vacunación

Con relación a la vacunación, el informe concluye que las variantes de preocupación pueden tener mutaciones que les permitan evadir parcialmente la inmunidad provocada por la vacunación. Se señala, también, que hay brotes familiares en Canarias con algunas de estas variantes. A su vez, indica que la cobertura es desigual y baja en colectivos jóvenes, más móviles y con más relaciones sociales (se consideró prioritario vacunar a personas vulnerables para tener un impacto precoz sobre la mortalidad).

Por otro lado, Salud Pública remarca que existe una incertidumbre dentro de la comunicad científica sobre el papel que puedan suponer los vacunados en la transmisión de la enfermedad. Y continúa diciendo que en la última actualización del Ministerio de Sanidad sobre el tema, mantiene, ante la falta de evidencia, que los vacunados deben ser considerados contactos estrechos si no han cumplido con las medidas de prevención y se les considera casos y ser aislados si tienen una prueba diagnóstica de infección positiva, con lo que sus contactos deben ser cuarentenados.

Dado que existe una transmisión comunitaria del virus en la Comunidad Autónoma, en el informe se señala que en un contexto de insularidad, el incremento de la movilidad y el reinicio de la actividad turística como motor principal de la economía supondrá la entrada de personas procedentes de zonas con niveles más elevados de transmisión y presencia de otras variantes, colocando a la islas en una situación de vulnerabilidad.

Por todo ello, se consideraba imprescindible que la Comunidad Autónoma pudiera seguir disponiendo de todas la medidas que han demostrado su efectividad en el archipiélago y que han dado soporte a la disminución de la circulación del virus, que son las medidas no farmacológicas.

Desde Salud Pública recordaban que estas medidas están contenidas en el documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la COVID-19 del Consejo Interterritorial del SNS y en los Acuerdos de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus actualizaciones posteriores.

En este sentido, en el informe al TSJC se recomendaba el mantenimiento de estas medidas al menos tres meses, que podría ser un periodo de tiempo razonable para avanzar en la cobertura vacunal y en el estado de conocimiento respecto a las incertidumbres en torno al comportamiento y penetración de variantes del virus y la efectividad de la vacuna en el ámbito poblacional del archipiélago.