La Ley de Dependencia cumple 17 años: Canarias sigue tardando más de 365 días en tramitar la ayuda pese a los avances

La Ley de Dependencia, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha cumplido este jueves 17 años desde su puesta en marcha. La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales concluye que pese al tiempo transcurrido no se garantiza una igualdad territorial en la aplicación de la norma, que depende de la comunidad autónoma donde resida el usuario o la usuaria tendrá una mejor o peor atención. Canarias, pese a los avances de los últimos años, mantiene con fecha de 30 de noviembre a 5.747 personas en el limbo de la dependencia; es decir, personas que pese a tener el derecho reconocido siguen esperando por su ayuda. Además, se sitúa entre las comunidades donde la resolución tarda más de un año, aunque ha reducido los tiempos. 

La norma empezó con mal punto de partida en Canarias, donde siempre suspendía en los dictámenes de esta asociación estatal que mide su impacto en todas las comunidades autónomas. Desde hace unos años, la comunidad empezó a salir del pozo de la dependencia, pero tantos años de desidia han pasado factura y ha sido uno de los temas que más quejas han venido acumulando en el Diputado del Común.

En toda España, 1.563.108 tienen reconocida la Ley de Dependencia, y otras 124.326 están pendientes de valoración. En Canarias, son 40.343 las personas beneficiarias con prestaciones; 5.747 esperando pese a tener la resolución. En diciembre del año pasado había 34.697 personas beneficiarias con prestaciones y 7.071 esperando por ella. 

Es por estos datos, que la asociación destaca que Canarias es la comunidad autónoma que lidera el crecimiento, con un 16,27% más de prestaciones en un año y con un 10,35% de personas reconocidas con derecho a prestación. No osbatante, la lista de espera de personas a las que aún no se ha valorado asciende a 22.365, siendo esta la cuarta comunidad con mayor lista de espera. 

Sin embargo, los tiempos de espera siguen siendo elevados. 303 días es el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia de media en España, aunque en cuatro comunidades se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).

En cuanto a la financiación del sistema, la asociación destaca que 98 millones de euros es lo que se redujo el pasado año la financiación a la dependencia en diez Comunidades, que hicieron caja con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado: Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, C. Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia.

Por su parte, 10.234 millones fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2022. La asociación insiste en que sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación. No obstante las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 €), Extremadura (1.706 €) y Navarra (1.701 €), mientras a la cola continúan Canarias (801€) y Galicia (615€).

La asociación remarca que la Dependencia es de interés de la ciudadanía, “ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia. Ello exige que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley. Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de un gran pacto. Pero ocurre que el incumplimiento de las Administraciones Públicas ha convertido sólidos derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”, destaca.

Así mismo, en los datos aportados este jueves la asociación subraya que “ha sido palmario” el fracaso de la Administración Central en asegurar “el equilibrio interterritorial en el ejercicio de este derecho”. A este “fuerte desequilibrio interterritorial han contribuido múltiples factores entre los que sin duda encontramos un punto de partida desigual en el desarrollo de los servicios sociales autonómicos y locales en los diferentes territorios, la inestabilidad en los órganos de gestión del sistema en los niveles central y autonómico y la infrafinanciación general del sistema desde el nivel central en un contexto de crisis”, resume.