La Ley de Tasas Judiciales recauda 15,3 millones de euros en Canarias
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha reclamado este jueves al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en la futura demarcación de la planta judicial se respete la singularidad canaria, de manera que haya partidos judiciales en todas las islas.
Spínola remarca en un comunicado que, pese a que el Ministerio ha anunciado que no se va a modificar la ley, de cara al futuro se debe tener en cuenta que Canarias es un territorio fragmentado. Aunque señala que es necesario avanzar hacia un cambio de modelo organizativo judicial, no ve la necesidad de alterar la esencia y fundamento de la demarcación judicial actual.
El consejero reitera el total rechazo del Gobierno canario a la Ley de Tasas Judiciales que desde su aprobación en diciembre de 2012 ha recaudado en Canarias un total de 15,3 millones de euros que han revertido directamente en el Estado “sin que Canarias haya recibido un solo euro por la prestación del servicio”.
Tras el pleno de la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrado en Madrid, el consejero precisó que la modificación de la Asistencia Jurídica Gratuita a raíz de la entrada en vigor de la ley ha supuesto al Gobierno de Canarias un incremento del 10% de los gastos. Por tal motivo, pidió al Ministerio que lleve a cabo una “revisión urgente” de la Ley de Tasas Judiciales, “porque ha supuesto un daño tremendo para los ciudadanos que no han podido acceder a la tutela judicial efectiva”.
Otro de los asuntos tratados fue la modificación de la Ley del Registro Civil. En este aspecto, el consejero consideró que, aunque debe desjudicializarse, no debe atribuirse las funciones a los registradores mercantiles sino que la gestión debe permanecer en el ámbito de la Justicia. Así, puso como ejemplo, que “el cuerpo de secretarios judiciales puede realizar perfectamente esas tareas gubernativas”.
A pesar de que recalcó que apenas queda un año para reconducir las reformas legislativas proyectadas y su tramitación, insistió en que “debe ser abordada desde el diálogo y el consenso porque no cabe otra vía en materia de Justicia”.
En ese sentido, el consejero trasladó a Catalá “que afronte una reforma de la Justicia que sea viable, con iniciativas concretas que nos permitan avanzar en una misma dirección, contribuyendo, cada uno en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, a hacer de la Administración de Justicia un servicio público más ágil y eficiente”.
Por ello, solicitó al nuevo ministro que apueste por “el diálogo y el consenso compartido con las Comunidades Autónomas y con todos los colectivos profesionales afectados para tramitar las reformas legislativas pendientes”.
Por otro lado, el responsable de Justicia en Canarias reiteró en la Conferencia Sectorial la necesidad de que las Comunidades Autónomas asuman más competencias sobre el personal no judicial al servicio de la Administración, como es la conectada con la oferta pública de empleo.
Igualmente, en la reunión se abordó la tramitación parlamentaria de la reforma legislativa de la Ley Orgánica del Poder judicial, la Justicia Gratuita, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Procesal Penal y el mantenimiento de las oficinas judiciales de Paz, entre otros proyectos.
