La muerte del bebé acabará en los tribunales
Las asociaciones de padres de niños afectados por el servicio de cirugía cardiaca pediátrica en Canarias estudian llevar ante la Justicia el caso de la niña que falleció recientemente en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a la espera de ser trasladada al madrileño Hospital de La Paz, donde iba a ser operada del corazón.
El secretario de la Asociación Tricontinental de Cardiopatías Congénitas, Gonzalo Martel, indicó a CANARIAS AHORA que el colectivo está recibiendo asesoramiento jurídico al respecto, sin embargo, añadió que se mantiene a la espera de conocer la decisión que adopte la familia de la fallecida.
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, remitió una carta al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, en la que solicita la apertura de una investigación de la muerte del bebé de tres meses, según informó Europa Press. Para Flores se trata de un caso de presunta omisión de auxilio, es decir, “una denegación de asistencia contemplada en la Ley como delito”.
Garrido calificó este jueves el suceso como “lamentable” y explicó, en declaraciones a Cadena Ser, que cuando los padres exijan las responsabilidades oportunas y si hay indicios delictivos, ya sean penales o civiles, la Fiscalía emitirá un dictamen y procederá a “imputar a una persona en concreto que por su acción u omisión ha sido la causa directa del fallecimiento de la niña”.
Respecto a la intención de los familiares de dejar el caso en manos de la Justicia, la presidenta de la Asociación Corazón y Vida, Dolores García, señaló que los padres de la niña proceden de China y que sus recursos son limitados. Aunque no ha tenido contacto directo con los afectados, García hizo referencia a terceras personas que le han trasladado que la familia ha pedido unos días de tranquilidad.
La presidenta de la Asociación denunció que la muerte de la menor “es de incompetentes” y exigió a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que explique lo sucedido. Asimismo, recordó que los profesionales de La Candelaria querían llevar a cabo el traslado antes del pasado miércoles, motivo por el que cuestionó “quién fue la persona que no firmó el traslado”. “El que tenga que dimitir, que dimita y al que se le tenga que echar, que se le eche”, apostilló.
Martel advirtió de que las asociaciones de padres “vamos a llegar al fondo de esto” y coincidió con García en exigir el informe médico que impidió el traslado.
Apoyo de UGT
La Federación de Servicios Públicos de UGT, se ha sumado a través de un comunicado a la denuncia realizada ante la opinión pública por los especialistas de cirugía cardiaca y lamentó “la actuación y la soberbia” de la Consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, de la Directora del Servicio Canario de la Salud, Juana María Reyes, y de la Directora Gerente del Complejo Hospitalario Materno-Insular, en relación a la Unidad de Cirugía Cardiaca Infantil y “ante la primera victima inocente de la ineficaz gestión de dichos cargos en el Gobierno de Canarias”.
El Sindicato recordó la propuesta hecha desde las asociaciones para crear un servicio de cirugía cardiaca único en Gran Canaria, que opere a niños y adultos. Un documento al que “no han hecho ni caso” en Sanidad, puntualizó. Asimismo, explicó que en el Archipiélago existen dos centros de cirugía cardiaca de adultos, uno en el grancanario Hospital Dr. Negrín y otro en el HUC de Tenerife, los cuales “no gozan de la confianza de los profesionales ni de los usuarios, por este motivo la mayoría de los pacientes son intervenidos en un centro privado en Tenerife (Hospiten)”.
“Todo el mundo sabe por qué a la Administración Pública no le interesa que funcionen estos dos centros? ¿será esa misma razón la que impide que acepten la formula de un Servicio único para Gran Canaria?”, apostillaron.
De ser así “denunciamos a la consejera Brígida Mendoza por presunta malversación de fondos públicos, ya que su obligación es hacer que funcionen bien todos los servicios de la comunidad canaria, buscando las soluciones necesarias para conseguirlo”. UGT reivindicó que Mendoza haya admitido que el Ejecutivo regional paga cinco millones de euros al año a Hospiten “y si a esto sumamos los gastos de personal de dos servicios de cirugía cardiaca que no funcionan, ¿cuánto dinero está despilfarrando esta consejera?”, cuestionaron.
Exigieron a la Consejería que haga pública la Auditoría de 2006 y lamentaron “profundamente la perdida de una criatura inocente por culpa de la desidia de algunos personajes, que lamentablemente solo buscan la privatización de la Sanidad Canaria”.
