Mutilación genital femenina, una amenaza real para 761 niñas africanas en Canarias

 La asociación Dimbe para erradicar la ablación femenina, asentada en Fuerteventura, reclama un protocolo propio de actuación y prevención contra esta práctica en Canarias, donde estiman que hay 761 niñas de 0 a 14 años que en riesgo de sufrirla.

La presidenta de la asociación, Hawa Touré, asegura en una entrevista que este protocolo debe ir dirigido tanto a las niñas en riesgo, muchas de las cuales son llevadas a sus países en vacaciones para practicarles la mutilación de sus genitales, como a las mujeres que ya han sido sometidas a esta práctica y sufren problemas de salud derivado de ello.

La mutilación genital femenina, definida por la Organización Mundial de la Salud como “todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos”, es una práctica aceptada socialmente en 31 países, 27 africanos, principalmente del África Subsahariana, a pesar de estar prohibida en la mayoría de ellos.

Touré, víctima de la mutilación genital cuando tenía diez años, insiste en la sensibilización de las mujeres africanas que viven en Canarias para que no permitan que a sus hijas le hicieran lo que a ella: que una extraña cogiera una hojilla para hacerle unos cortes en sus genitales, lo que le ha ocasionado graves problemas ginecológicos y psicológicos.

También es importante dar a conocer la gravedad de esta práctica, que implica la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, a los hombres, pues no solo afecta al placer sexual sino que puede llevar a la muerte a sus hijas, como le sucedió a la hermana de Touré, quien casi fallece por una hemorragia.

Problemas de salud

Los problemas posteriores a los que se enfrentan son variados, dependiendo del tipo de mutilación que tengan y su gravedad, si bien algunos de los más comunes son las fístulas, fibrosis por mala cicatrización, infecciones de orina de repetición, quistes infecciosos en la zona y dolor en las relaciones sexuales.

Las mujeres con sus genitales mutilados también pueden ser más proclives a abortos, reglas muy dolorosas, retención de orina por daños ocasionados en la uretra e, incluso, que su embarazo no llegue a buen término o acabe en cesárea.

Por ello, las autoras de un estudio sobre la mutilación genital femenina publicado este año en la Revista Española de Salud Pública de la enfermera de Atención Primaria Nieves Correa en colaboración con Delia Báez, adscrita al servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), reclaman que estas mujeres sean atendidas en la salud pública por un equipo multidisciplinar, como ya ocurre la Comunidad Valenciana.

Asimismo, indican que tendrían que ser informadas sobre la reconstrucción genital, intervención que se realiza en la sanidad pública de Cataluña y la Comunidad Valenciana desde los años 2015 y 2016, respectivamente, asegura Nieves Correa en declaraciones a Efe.

El equipo que trate a estas mujeres, aparte de incluir a ginecólogos, sexólogos y psicólogos, debería contar también con fisioterapeutas especializados en uro-ginecología, agrega.

La enfermera afirma que en Canarias, donde viven alrededor de 4.500 mujeres procedentes de países donde se practica la mutilación femenina -lo que la sitúa en la sexta región española con más población de países de riesgo-, es una de las pocas comunidades autónomas que aún no ha desarrollado un protocolo propio de actuación y prevención ante la mutilación genital femenina.

Según esta investigación, los sanitarios que trabajan en Tenerife, en general, tienen una falta de conocimiento sobre la práctica, su tipología, los países donde se realiza o las razones por las que se lleva a cabo.

Además, las sanitarias plantean como una necesidad para futuras investigaciones ampliar los conocimientos sobre dos cuestiones: la relación que guarda esta práctica, por un lado, con los matrimonios forzosos en los países practicantes y, por otro lado, con la cirugía cosmética vaginal en los países occidentales.

Una amenaza en vacaciones

La portavoz de la Asociación Dimbe, dedicada en cuerpo y alma a alzar la voz contra esta práctica a través de campañas de sensibilización dirigidas no solo a la población susceptible sino también a los sanitarios, va más allá y reclama un control de las niñas que viven en Canarias y van a África en vacaciones.

Aunque sus madres cuando están en Canarias dicen que no les van a hacer la mutilación a sus hijas, cuando llegan a África, por presión social, acaban accediendo y las exponen a “esta atrocidad” que una vez de vuelta la mayoría calla por vergüenza para evitar ser estigmatizadas y sufren sus consecuencias en silencio.

“Vuelven al colegio con heridas que sangran y duelen y nadie se entera de ello”, denuncia Touré, partidaria de que los sanitarios estén en alerta para poder evitar que esto suceda.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias insiste en que en las islas se aplica el protocolo del Ministerio y desde hace años viene trabajando en la concienciación de los profesionales para detectar precozmente los riesgos y concienciar a la población sobre los efectos negativos que esta práctica tiene en la salud de las niñas y mujeres que la sufren.

La Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud ha elaborado el documento “Recomendaciones para la asistencia al migrante africano menor de 15 años asintomático” en el que establece que la mutilación genital es un delito y no debe tomarse como costumbre tradicional, de lo que hay que informar a la familia a su llegada.

Con la finalidad de prevenir este tipo de prácticas se ha establecido un “Documento de no realización” que deberá ser firmado por los padres tras recibir esta información, han precisado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación Dimbe y las sanitarias entrevistadas hacen hincapié en que se realice un plan de actuación propio en Canarias para prevenir y en el que se precise cómo tratar a estas pacientes.

Mientras se elabora este documento, reclaman que, al menos, se mejore la formación de los sanitarios, sobre todo en Atención Primaria, y se insista en la difusión del protocolo del Ministerio de Sanidad.