La sanidad canaria, sin protocolo propio sobre ablación y con lagunas formativas

Una niña de nueve años nacida en España debe viajar al lugar de origen de su familia, un país africano con una alta prevalencia de casos de mutilación genital femenina. El padre y la madre no se oponen a la ablación y aducen la tradición como motivo. ¿Cómo debe actuar el personal sanitario cuando tiene conocimiento de esta situación? Es uno de los tres supuestos que se planteaban a profesionales de la salud de la isla de Tenerife en un estudio que ha revelado importantes lagunas de conocimiento y formación en cuanto a esta práctica que, según Unicef, han sufrido más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo. Tan solo un 11,3% de la muestra supo contestar correctamente a los tres escenarios; un 30,3% acertó dos y un 46,5% atinó en una respuesta. Apenas el 6,3% conocía algún protocolo específico de actuación. 

Nieves Correa es enfermera pediátrica, ejerce en Atención Primaria del área de salud de Tenerife y es la autora principal de un estudio descriptivo transversal que ha publicado recientemente, en colaboración con la doctora Delia Báez, adscrita al servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en la Revista Española de Salud Pública. “Somos una de las pocas comunidades que no han desarrollado un protocolo específico para los sanitarios, para saber cómo actuar, cómo enfrentarte y, sobre todo, cómo prevenir. Y eso a pesar de que recibimos un importante flujo migratorio de países de riesgo y que somos la sexta región con más mujeres residentes originarias de zonas donde se practica”, apunta Correa, también doctoranda de la Universidad de La Laguna (ULL), para explicar el punto de partida de su trabajo y su inquietud por el desconocimiento entre los sanitarios. Según los datos recogidos en el artículo, en Canarias viven unas 4.500 mujeres procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina y cerca de mil niñas estarían en riesgo de sufrirla.

El estudio analiza los resultados de 142 cuestionarios en los que se evaluaban los conocimientos, las actitudes y las prácticas de profesionales sanitarios que pueden estar en contacto con mujeres que estén en riesgo o a quienes se les haya practicado la mutilación genital femenina, una violación grave de los derechos humanos que puede causar la muerte y que provoca graves secuelas físicas, psicológicas y sexuales a las mujeres que logran sobrevivir. En Canarias, aparece recogida en la Ley 16/2003 como un tipo de violencia de género, aun cuando se realice con el consentimiento “expreso o tácito” de la víctima. 

En el trabajo liderado por Nieves Correa se incluyó a profesionales de ginecología, medicina de familia, pediatría, enfermería, matronas y trabajadores sociales. Uno de cada cinco afirmó haberse encontrado durante su práctica profesional con algún caso de mutilación genital femenina y aproximadamente el mismo porcentaje dijo haber recibido formación a través de servicios públicos de salud o de organizaciones no gubernamentales. Tres de cada cuatro desconocían las diferentes tipologías de ablación y apenas un 15% conseguía identificar los países de prevalencia. Los resultados del estudio vinculan la formación con una mayor detección de casos y encuentra diferencias notables en el conocimiento de esta realidad entre diferentes categorías, siendo superior en el caso de matronas o profesionales de Ginecología e inferior entre el personal de enfermería generalista o trabajadores de Atención Primaria. 

“El sanitario debe saber identificar un caso de riesgo. Y el riesgo se encuentra en la infancia”, señala la autora del trabajo. Ante la pregunta formulada al inicio de este artículo, sobre el caso de una niña de nueve años que viaja a un país de riesgo, Correa explica que el protocolo común elaborado en 2015 por el Ministerio de Sanidad propone como herramienta el denominado compromiso preventivo. “Es un documento que en sí no tiene valor legal, pero dice que los padres de la niña se comprometen a que en ese viaje no se va a realizar esa práctica. Las familias que colaboran y que no quieren que su hija sufra eso, lo firman sin problemas y lo presentan en su país a sus allegados. Suele funcionar para repeler la acción. Entienden que en España está penado, que es delito, y que les puede pasar algo a los padres. Ayuda y disuade”. 

En ocasiones, sin embargo, las familias se muestran reacias a firmar esa propuesta de compromiso preventivo a pesar de haber recibido toda la información. Esos casos “se deben poner en conocimiento de los servicios sociales y de la Fiscalía y hay herramientas incluso para impedir el viaje si se demuestra que hay un riesgo extremo”, explica la enfermera, que precisa que los sanitarios deben abordar la situación con tacto, con delicadeza. “Necesitas mucho conocimiento profesional, saber cómo acercarte sin ofender, porque no debemos olvidar que han crecido con esas ideas y no consideran que pueda ser tan malo. Hay mujeres que han sufrido la práctica y ni siquiera relacionan sus problemas de salud con ella”, añade. 

El lenguaje es importante. La enfermera remarca que las mujeres afectadas “asumen mejor” palabras como circuncisión o sunna (en el caso de culturas musulmanas) que mutilación, “que ha sido más utilizada por los organismos internacionales, porque realmente habla de una acción dañina”. El idioma también puede ser una barrera. “Hay mujeres que llevan años aquí y hablan español. Si no, disponemos de traductores. Siempre podemos llamar cuando se requiera para una cita. Hay herramientas para comunicarse. Si se quiere, se puede hacer”. Una de las claves, dice, es no ahuyentarlas de los servicios sanitarios. “Por eso es tan importante la formación” para explicar a las familias sin situarse “en una posición de superioridad” cuál es la realidad que “a lo mejor desconocen o no se han planteado”, lo que sufren las niñas con esas prácticas, el riesgo de muerte por sangrado y las secuelas físicas y psicológicas que quedan a las supervivientes.

La segunda parte es cuando se detecta un caso. El estudio refleja que la mayoría se encontró durante la atención al parto o durante el control de embarazo por parte de matronas o de especialistas en Ginecología y Obstetricia. “Estas mujeres serían jóvenes o se encontrarían en edad fértil, pudiendo haber nacido en las islas y haber sufrido la práctica durante un viaje a su país de origen en su niñez o juventud”, remarca el trabajo. “Muchas están infradiagnosticadas por desconocimiento. Hay varios tipos de mutilación genital. El tipo 1 (la clitoridectomía -extirpación parcial o total del clitoris-) puede pasar desapercibido si no tienes mucha formación o si no vas buscándolo expresamente. Los tipos 2 (la excisión, que afecta también a los labios menores) y 3 (infibulación o estrechamiento de la abertura vaginal) causan muchos problemas de salud y a veces se pueden descubrir porque la mujer va pidiendo ayuda por otras cosas: dolores menstruales, infecciones de repetición, dolor en las relaciones sexuales...” 

Correa subraya que en la Comunidad Valenciana ya hay una unidad específica para tratar a mujeres que han sufrido la ablación y que, en ocasiones, se propone la reconstrucción genital. “Hay que trabajar para que tener esa oportunidad no se limite a quienes residan en la Comunidad Valenciana o en Catalunya, que es donde se puede realizar en la sanidad pública”, explica la enfermera, que aboga por el desarrollo de una atención multidisciplinar y pública a las víctimas, con asistencia no solo ginecológica, sino también desde la psicología, la sexología y la fisioterapia especializada en uro-ginecología, para lo que tendrían que ser derivadas a las unidades de suelo pélvico de los hospitales universitarios del Archipiélago. 

Para la autora del artículo, el estudio arroja datos preocupantes. Destaca, en primer lugar, que, a pesar de los bajos porcentajes de formación sobre la materia, el número de casos declarados de mutilación genital femenina en relación con la cifra de profesionales encuestados es bastante elevado. El 20% de ellos había encontrado al menos un caso durante su trayectoria profesional. Tres matronas declararon haber hallado 20, 10 y 8 casos y un ginecólogo, más de 30. Sin embargo, “más del 42% decía que atendían a población de riesgo, pero que aun así no habían detectado ningún caso. Tras esa respuesta se puede entender o bien que hay un infradiagnóstico o que no se ha ido a buscar o no se ha encontrado por desconocimiento”. 

También le inquieta que el conocimiento de protocolos sea “tan bajo”. Más del 90% de los encuestados no sabía de ninguno de ellos. “Eso denota una falta de difusión de las herramientas que ya existen. Aunque Canarias no disponga de uno específico, que siempre será mejor para atender las particularidades del servicio sanitario de la comunidad autónoma, está el del Ministerio de Sanidad. Existen herramientas”, manifiesta Correa, que insiste en que “lo más importante” es la formación de los profesionales que trabajan con pacientes pediátricos. “Puedes impedir el daño tan grande que se le puede hacer a una niña en contra de su voluntad. Con un buen protocolo, con guías, folletos informativos, charlas o que se imparta en el grado de Enfermería en la universidad. Con información, se podrá tratar como cualquier cosa. No es tan complicado. Con este tema, muchas personas piensan que, como es cultural, mejor no entrar, pero está la obligación de denuncia, es una cuestión de derechos humanos”, concluye. 

La enfermera destaca que hay asociaciones que se están movilizando para incentivar la formación y sensibilización, como Médicos del Mundo o como la asociación de mujeres mauritanas Dimbe, que preside una residente en Fuerteventura víctima de ablación.