El Gobierno canario elabora una ley de Costas para acabar con los “conflictos” del Estado

El Gobierno de Canarias ha iniciado la elaboración del proyecto de Ley de Gestión del Litoral y las Costas de las islas, que persigue acabar con los “conflictos” con la Dirección de Costas del Estado y definir las competencias de los ayuntamientos y cabildos en esta materia, entre otros objetivos.

En rueda de prensa, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha explicado que la futura ley, que espera que se apruebe en esta legislatura, pretende ordenar los 1.226 kilómetros de costa y una gestión integral del litoral.

Esta iniciativa legislativa está impulsada por la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, forma parte del programa de Gobierno y responde al mandato recogido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, respetando el régimen general del dominio público marítimo-terrestre.

Rodríguez ha recordado que en 2022, tras asumir estas competencias Canarias con la reforma del Estatuto en 2018, se firmó con el Estado la transferencia de medios que “fue cicatera y contraria a la ley”, ya que no respetó las competencias de ordenación y gestión del litoral que fueron asumidas por la comunidad autónoma, y ha dicho que con esta nueva norma se trata de fijar las que fueron delegadas.

El consejero se ha referido al conflicto jurídico que se mantiene con el Estado por “invadir las competencias canarias” y que ha derivado en el Tribunal Constitucional, en concreto por la apertura de expediente de derribo a poblaciones del litoral con más de 50 años de arraigo y a hoteles en Fuerteventura.

La iniciativa tiene como finalidad adaptar el marco estatal básico en materia de costas a las singularidades del archipiélago.

Hasta ahora, la gestión se ha venido desarrollando conforme a la normativa estatal, sin una adecuación específica a la realidad territorial, ambiental y socioeconómica de las islas, ha recalcado el consejero.

Con esta futura ley, el Ejecutivo pretende dotarse de un instrumento jurídico propio que armonice el desarrollo económico y social con la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas marinos, garantizando niveles de presión compatibles con la salud ambiental del litoral.

El litoral canario presenta una configuración discontinua propia de un territorio archipielágico y concentra una parte esencial de la población residente y de las principales actividades económicas, especialmente las vinculadas al turismo.

Al mismo tiempo, alberga una biodiversidad marina de gran valor y fragilidad, lo que exige una gestión diferenciada y cercana al territorio.

El objetivo de la futura norma es concretar y adaptar las determinaciones de la legislación básica estatal a la realidad insular, integrar plenamente la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística de Canarias y establecer un marco competencial y procedimental claro que refuerce la seguridad jurídica.

Todo ello desde la premisa de alcanzar un equilibrio efectivo entre la protección ambiental y el mantenimiento de las actividades sociales y económicas que históricamente se desarrollan en la costa, en un contexto insular donde no resulta viable desplazar de forma generalizada dichas actividades hacia el interior.

Según el Gobierno de Canarias, la ley se inspirará en los principios de desarrollo sostenible, gestión integrada del litoral, conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático, participación ciudadana y consideración de la mejor evidencia científica disponible.

Asimismo, atenderá al adecuado reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, garantizando una ordenación coherente de un espacio territorial que, aun siendo insular y discontinuo, requiere una visión integral y coordinada