“No todo vale para acortar plazos”: nuevas críticas hacia el polémico decreto de Dependencia del Gobierno canario

El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas ve con “preocupación e inquietud” el proceso de elaboración del decreto que regulará el futuro procedimiento para reconocer las situaciones de dependencia y el derecho de acceso a las prestaciones para la autonomía y atención a la dependencia en Canarias.

En un comunicado, el ente ha insistido en que es necesario seguir mejorando el contenido de este proyecto de decreto pues deja aún muchas cuestiones que no pueden quedar para reglamentos o instrucciones internas posteriores, de cara a evitar interpretaciones, conflictos y problemas en la ejecución del procedimiento, tal como está sucediendo en la actualidad.

“Esto redundará de manera directa en la atención a las personas en situación de dependencia”, señala, subrayando la necesidad de crear mesas de trabajo.

Así, detalla que se han utilizado ejemplos de trabajo similares en otras comunidades autónomas, sin embargo, tras analizar legislaciones de otras comunidades autónomas, como Madrid, se deduce que “no se ha legislado de la misma manera en detrimento de la ciudadanía”.

Estas mejoras pasan, entre otras, por establecer mecanismos durante todo el proceso que garanticen la calidad, equidad y uniformidad de criterios en las valoraciones, clarificar qué aspectos del contexto sociofamiliar de la persona se van a valorar, mantener el derecho a la prestación aunque la persona no haga uso, especificar qué profesionales se encargan de qué dentro del procedimiento, establecer el acceso a los equipos técnicos de valoración desde procesos de promoción interna y reforzar el procedimiento dentro de la estructura del Sistema Público de Servicios Sociales.

En esa línea, el colegio considera que la situación de las listas de espera es “insostenible” y requieren la búsqueda de fórmulas que posibiliten la agilización del procedimiento para acortar los plazos. Sin embargo, afirma que “esto nunca debe ser a costa de comprometer la calidad y la integridad, tanto del procedimiento de valoración como del reconocimiento de derechos a las personas en situación de dependencia”.

Lo contrario, destaca, “atenta directamente contra un pilar básico de la administración pública, que es establecer procedimientos garantistas para el acceso de la población a las prestaciones y servicios a los que tiene derecho”.

A su juicio, “ni todo vale, ni los fines pueden justificar los medios para acortar plazos y agilizar procedimientos”.

Por ello, el Colegio pide a la Consejera de Bienestar Social y al viceconsejero, Francis Candil, que de manera “urgente” abran mesas de diálogo y trabajo adicionales con las entidades que muestren su disposición de seguir revisando y ajustando el proyecto de decreto antes de su aprobación final.