La oposición acusa al PP y a Cardona de la mala gestión de los terrenos de El Confital
Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han coincidido en acusar al Partido Popular de no haber sabido negociar con los propietarios de la parcela urbanizable de El Confital una fórmula que no desembocara en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dada a conocer este miércoles en la que obligan al Consistorio a devolver estos terrenos a la empresa Confitalsa S.A., dueña de unos 50.000 metros cuadrados en el paraje natural de la capital.
El Partido Socialista a través de su portavoz, Isabel Mena, ha culpado a las políticas urbanísticas del PP los últimos 19 años como las únicas responsables de que la ciudad “esté al borde de pagar una indemnización millonaria” a los dueños de esta parcela.
“Las políticas urbanísticas del PP lo único que han generado, desde que José Manuel Soria accedió a la Alcaldía en 1995, es una enorme inseguridad jurídica al Ayuntamiento, que se ha visto obligado a pagar enormes sumas de dinero público en indemnizaciones millonarias a causa de las decisiones erróneas de sus dirigentes”, señala Mena, quien recordó que el origen de esta sentencia está “en el proyecto de un hotel en medio del paraje natural, proyecto del que el único responsable es el actual alcalde Juan José Cardona, que fue el que introdujo esa construcción junto a la playa en el Plan General de Ordenación (PGO) cuando era concejal de Urbanismo”.
“Cardona nunca debió incluir en el PGO de 2000 un proyecto de hotel en El Confital. Y no se trataba de un hotel cualquiera, sino de uno de 833 camas, más que las del Reina Isabel y el hotel Cristina juntos”. Así, este “disparate” según el PSOE supuso que el suelo de la parcela ahora en litigio “se revalorizar enormemente y haya desembocado en esta sentencia y en la petición de 44 millones de indemnización por parte de los propietarios”, asegura Mena, quien añadió que “desde luego que en El Confital no tiene cabida un hotel de ninguna de las maneras, porque es un paraje natural protegido y porque el PGO en vigor no lo permite”.
No obstante, desde el grupo socialista reclaman prudencia para buscar una solución “que no afecte a las arcas públicas”, aunque rememoran que desde un principio el convenio firmado por la exalcaldesa Pepa Luzardo y Confitalsa era “prácticamente inasumible” por la Corporación. Este convenio fue “dañino” para los intereses generales de la capital desde el primer momento porque “el convenio que firmó Luzardo era imposible de cumplir desde el principio porque no existe suelo de propiedad municipal en la ciudad suficiente para compensar lo que piden los propietarios de El Confital. Ese convenio es tan irrazonable que, en diez años, tres alcaldes han sido incapaces de ejecutarlo”.
Por su parte, desde Nueva Canarias (NC) a través de su portavoz municipal, Pedro Quevedo, han solicitado a Juan José Cardona que dé una explicación “urgente, minuciosa y precisa” y “que dé cuenta de lo que puede ocurrir” tras la sentencia del TSJC. El grupo nacionalista ha solicitado la comparecencia del alcalde en el pleno del próximo 17 de diciembre, a quien
Quevedo recalcó que Cardona ha dejado una herencia “nefasta” a la ciudad de su época de concejal en la que tanto él como el alcalde José Manuel Soria dejaron en herencia al Consistorio problemas por haberse dedicado “a jugar al Monopoly” en la ciudad “vendiendo, permutando y comprando” solares. La mayoría “han sido objetos de conflictos judiciales” y han supuesto gastos cuantiosos a las arcas públicas “en forma de setencias judiciales”. Además, el portavoz de NC define al actual alcalde como el “peor concejal de Urbanismo de la democracia” al mismo tiempo que le acusó de haber llenado la ciudad de “trampas que ahora deben pagar” los ciudadanos.
En cuanto a Compromiso por Gran Canaria, la concejala Ángeles Batista ha declarado que en su día ya advirtieron a Pepa Luzardo de otras propuestas “que no fueran económicas y que la empresa estaba dispuesta aceptar” ya que la adquisición de este terreno era “esencial para la protección y desarrollo de la zona para que no se construyera y se convirtiera en espacio de ocio, de práctica de baño y deporte, y que fuera un centro internacionalmente reconocido”.
Batista indicó que a su partido “le consta” que los empresa propietaria del terreno “ha intentado llegar a acuerdos para permutar y no tener que recuperar ese suelo tan importante para Las Palmas de Gran Canaria”.“El PP hizo el desastre en aquel momento, y ahora de nuevo el PP lo recibe en peores condiciones para negociar”, concluye la concejala.
