El Parlamento de Canarias inicia la tramitación de la Ley de Renta Ciudadana

El pleno del Parlamento de Canarias ha iniciado este miércoles la tramitación del proyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias, una norma con la que se cumple con retraso uno de los mandatos del Estatuto de Autonomía y con la que se aspira a cubrir las necesidades básicas de al menos 40.000 personas.

Se trata de “una renta garantizada para todas las familias vulnerables”, que cubrirá a quienes no perciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado y que, al contrario que la vigente Prestación Canaria de Inserción (PCI), no tendrá límite temporal mientras persista la situación de vulnerabilidad.

Las 10.800 personas que perciben la PCI pasarán a cobrar la renta de ciudadanía, destacó la consejera de Políticas Sociales, Noemí Santana, al presentar el proyecto de ley ante el pleno del Parlamento y la previsión es que este “escudo social” llegue a al menos 40.000 canarios.

La renta de ciudadanía incluye perfiles que actualmente no cubre la PCI, ya que, además de no tener caducidad mientras se mantenga la necesidad, podrá servir de complemento a las pensiones no contributivas o a los ingresos del trabajo por debajo del salario mínimo.

Los trámites serán más ágiles y sencillos y se libera de funciones a los servicios sociales de los ayuntamientos para que puedan centrarse en los itinerarios de inserción social, agregó la consejera.

Los grupos parlamentarios acogieron con satisfacción la llegada de esta ley, aunque con más de un año de retraso, y se comprometieron a mejorarla durante el trámite legislativo.

David Godoy, diputado del PSOE, afirmó que esta ley es una de las más importantes de la legislatura por su avance en garantizar el derecho de los ciudadanos a una vida digna y en la erradicación de la pobreza y la exclusión social.

La diputada de CC-PNC Cristina Valido consideró una necesidad sacar adelante esta ley cuanto antes para que llegue a las familias en extrema pobreza, aunque consideró que “es poco ambiciosa” y que “parece una PCI mejorada”, por lo que “hay muchas cosas que mejorar”.

Según Poli Suárez, del PP, “es una ley buena, hay que decirlo, cuando las cosas se hacen bien se dice”, pero también anunció enmiendas porque por ahora parece “una PCI mejorada”.

Para la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, es “un hito histórico” que Canarias, como sociedad, esté unánimemente dispuesta a que todos puedan tener una vida digna y que no haya nadie que no pueda pagar una vivienda, el agua, la luz y los alimentos.

María del Río, de Sí Podemos Canarias, enfatizó que esta ley cumple sobre todo con los derechos de las personas, aunque admitió que tampoco supone el final de la pobreza estructural en Canarias.

La representante de ASG Melodie Mendoza dijo que la ley permite a Canarias sumarse al resto de comunidades que ya cuentan con este tipo de prestaciones, importantísimo en una región con el 35 por ciento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social.

Por Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente afirmó que la renta de ciudadanía es “un derecho, no un capricho”, pero advirtió de que hay que evitar que pueda suponer un desincentivo para la inserción laboral de las personas.

La portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, anunció también la presentación de enmiendas para mejorar algunas cuestiones, como que el silencio administrativo en un plazo de tres meses se traduzca en la denegación de la solicitud de la prestación.