El primer joven en declarar por el crimen del taxista niega los hechos
El joven Roberto Carlos Jurado Almeida, acusado de haber degollado y robado 10 euros al taxista Antonio Hernández Rosales en 2002 en Gran Canaria, negó este lunes ante la Audiencia de Las Palmas haberle matado junto con los otros dos implicados en el caso, cuyas defensas piden la absolución.
Roberto Carlos Jurado, para quien la fiscal solicita una pena de 22 años de prisión por los delitos de asesinato y la tentativa de robo con violencia, al igual que para los otros dos acusados, dijo que no se “explica” cómo pudo identificar su voz la operadora que atendía ese día la emisora durante la agresión ni cómo se le pudo ver conduciendo el taxi.
Afirmó que ese día, la mañana del 9 de abril de 2002, no cogió ningún taxi, al tiempo que sostuvo que “nunca” le ha dado “la negra a un taxista”, si bien reconoció haber robado coches que después abandonaba por la zona de Tafira.
El acusado, que también reconoció que se encontraba fugado de un centro de menores en las fechas en que ocurrió el asesinato, señaló no recordar dónde pasó esa noche, si en casa de sus padres o de una amiga, pero afirmó que no salió ni estuvo en un bar del barrio de Vegueta durante la madrugada, como sostiene la fiscal en su escrito de acusación.
Según la fiscal, Beatriz Sánchez, fue en esa zona de la ciudad donde presuntamente los tres acusados, de común acuerdo, cogieron el taxi en dirección a la Cuesta del Parrado, en el barrio de Marzagán, y, una vez que llegaron, le pidieron que les entregara el dinero que llevaba.
Ante la negativa de la víctima a darles el dinero, los acusados apuñalaron con un cuchillo al taxista, quien, tras intentar pedir auxilio a través de la emisora, fue degollado, si bien la operadora pudo escuchar cómo el acusado Roberto Carlos dijo “qué haces, qué dices”, según sostienen la fiscal y la acusación particular, que representa a la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Las Palmas.
El joven indicó al Tribunal que esa mañana fue a casa de su amigo Jonay, pero negó que allí se cambiara de ropa y arrojara a la basura la que llevaba por estar manchada de sangre, además de afirmar que era “mentira” que llevara las manos ensangrentadas y con cortadas.
La acusación particular coincide con el fiscal en los delitos que se les acusa, si bien pide 30 años de prisión para Roberto Carlos Jurado, de 24 años, y para los otros dos acusados, Juaud Soussy, de 24, y Ángel Yeray Santana Márquez, de 25.
La defensa de Roberto Carlos sostiene que no hay pruebas materiales que inculpen a su representado ni existe un “móvil”, y que la fiscal “se ha montado una película y una serie de hipótesis que no están justificadas”, además de cuestionar la prueba de voz efectuada, por la demora con que se llevó a cabo.
La abogada de Jouad Soussy afirmó que “no hay ni una sola prueba” que inculpe a su defendido, mientras que el letrado de Ángel Yeray Santana sostuvo igualmente que no existen pruebas contra su cliente, que además esa noche durmió en casa de su novia.
Los abogados del Estado y de la Comunidad Autónoma rechazaron que las administraciones a las que representan deban indemnizar a la víctima como responsables subsidiarios por estar el menor fugado de un centro público.
La fiscal solicita que se indemnice a los familiares de la víctima con 180.000 euros, cifra que el abogado de los taxistas eleva a 240.404 euros.
La vista iniciada este viernes continuará a lo largo de la semana con las declaraciones de los testigos, peritos y policías que intervinieron en el caso.
