''Sé que la primera por la que va a venir un día es por mí''

Un día cualquiera de noviembre, en 2005, Josefa decide que ya no puede más. Su hijo Juan José, por entonces de 36 años, está perdiendo la cabeza. Habla solo, se muestra violento y dice ver cosas raras. Llama a una ambulancia y pide su ingreso en psiquiatría, donde le ponen en tratamiento. Y ahí comienza el calvario de Josefa. Cinco años después, su hijo vive en la calle, en el municipio grancanario de Telde, pero con frecuencia va a casa de su madre, le amenaza y le insulta. Ha pedido ya varias órdenes de alejamiento. “No me hacen caso, me archivan los papeles, voy a los juzgados y no me hacen caso”, se queja.

“Hay veces que día por día viene a llamar”, dice, “me insulta por la calle”. Josefa lleva más de tres años batallando para que un juez declare a su hijo incapacitado y le obligue a ser internado en un centro y a tomar un tratamiento (a base de antisicóticos y ansiolóticos) que acabe con los “rasgos esquizoides”, como el que le prescribieron durante su internamiento en el hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria y que abandonó apenas tres meses después, según la mujer, después de que se escapara de casa tras el alta.

A pesar del diagnóstico de 2005, ni el juez ni la forense le han dado la razón. Según el informe del servicio de psiquiatría, Juan José se mostraba “inquieto y angustiado por fenómenos psicóticos intensos” como “alucinaciones auditivas comandatorias, ideación delirante de persecución y cualidad megaloide”. También apunta a que padecía “rasgos esquizoides de la personalidad” ya desde la infancia, agravados ahora por el consumo de alcohol y cocaína. “Se puede hacer esquizofrénico si no toma la medicación”, apunta la madre.

“La forense dijo el chico estaba bien, que hablaba normal”, explica Josefa. En 2009 la Fiscalía presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Telde una demanda “pretendiendo la declaración de incapacidad” de Juan José y solicitando que se acordara “su tutela defiriéndola en la persona del Instituto de Atención social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria (IASS)”. El testimonio de la médico, según Josefa, tumbó el proceso.

“No puedo hacer nada”, se lamenta, mientras asegura que ha pedido ya más de 20 órdenes de alejamiento. Los juzgados le han concedido varias por lesiones y vejaciones. “Yo siempre cuando viene a tocarme le abro la ventana, no le abro la puerta, porque hay veces que le tengo respeto”, cuenta. En más de una ocasión le ha amenazado espetándole “ven que te voy a dar con el palo”, “cuando te vea te voy a dar lo tuyo” o “muérete hija de puta, sal para afuera que te voy a matar”, según recogen las denuncias presentadas ante la policía. En una ocasión, tras insultarle, le empujó y la tiró al suelo. El juez decretó entonces el sobreseimiento libre de la causa, que fue cursada como caso de violencia de género.

El problema al que apunta la mujer, divorciada y que vive con su otro hijo, Pedro, es que la policía tampoco puede evitar que Juan José siga acercándose a su casa, donde le acogió un tiempo después de dejar el tratamiento. “Y tuve que echarlo también, con el dolor de mi alma”, dice. Ahora se resguarda en la choza de un vecino y merodea constantemente por la zona, como un indigente más. Josefa tiene miedo: “Sé que la primera por la que va a venir un día es por mí, cuando le pille el día cruzado”. Pero sobre todo está dolida porque quiere que su hijo “tenga un sitio donde quedarse y donde dormir y comer”.