Prodemi denuncia ante la Fiscalía General del Estado a los magistrados del 'caso Piedad'
La Asociación Protección de la Infancia (Prodemi) ha dirigido una escrito a la Fiscalía General del Estado en la que denuncia a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y del Ministerio Fiscal por un presunto caso de maltrato a un menor en el caso de la niña Piedad.
En su denuncia, Prodemi alude a la sentencia dictada por ese tribunal que ordena que la niña, que desde hace más de dos años vive con su familia de acogida, sea ingresada en un centro de acogida de Gran Canaria para que se produzca el reagrupamiento con su madre biológica.
En su escrito, esta asociación relata las circunstancia de este caso, los diversos estudios que aconsejaban la permanencia de la niña con su familia acogente y el estado de salud de la menor, de cinco años, afectada por epilepsia.
Para Prodemi, Piedad es una niña maltratada por el hecho de haber sido “arrancada del seno familiar, permanecer incomunicada y estar privada de contactos y noticias de su familia, siendo además una niña enferma y vulnerable”.
La Asociación culpa a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y al Ministerio Fiscal de ser los causantes de la desgracia que padece ahora la niña, y por haber adoptado una decisión que la mantiene así “en contra del derecho y de la razón, rebajada de persona titular de derechos a objeto propiedad de otros”.
Además de un presunto delito de maltrato a menores, Prodemi considera también que se puede haber cometido un presunto delito de prevaricación al haber causado un daño a sabiendas.
Asimismo, Prodemi presenta una queja y denuncia contra la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por negar el auxilio y la protección solicitada por la asociación en favor de la niña.
El presidente de Prodemi, José Luis Calvo, que es quién presenta la denuncia, también pide a la Fiscalía General del Estado que se adopten las medidas de protección de la menor de forma que se garanticen el restablecimiento de sus contactos familiares y que se lleven a efecto acciones en defensa de sus derechos “y no en contra de su voluntad”.
