Los profesores de Religión despedidos exigen ''su inmediata reincorporación'' al trabajo
Nereida del Pino y Araceli del Carmen Gómez, dos de los catorce profesores de Religión que mantienen un contencioso con el Obispado de Canarias y la Consejería de Educación por haber sido despedidas, han exigido este lunes su “inmediata reincorporación” a sus puestos de trabajo después de que la Sala de lo Social de Las Palmas haya dictado una sentencia “modélica y puntera” a nivel nacional que les da la razón.
Tras “siete años sin pisar un aula”, después de que en 2001 participaran en una huelga en defensa de un “contrato digno”, según explicó el letrado Francisco Navarro en rueda de prensa, estas dos docentes acumulan cada una siete sentencias a su favor. Es por ello, que en 2007 reclaman a la Consejería de Educación, a quien consideran corresponsable junto al Obispado de su despido, que “no presenten el recurso que les pertenece y terminen ya con este calvario”.
Un “calvario” que ha durado siete años y que esta sentencia “puede ser el principio del gran final que esperamos”, según explicó Nereida del Pino, quien reconoció “no sentirme muy optimista sobre que el final esté cerca”.
La pesadilla de estas dos docentes comenzó cuando en 2001 participaron junto a otros doce compañeros en una huelga en defensa de un “contrato digno en relación a su categoría profesional”, después de que en 1996 la Administración canaria de Educación les reconociera como “personal laboral”.
A día de hoy, esos catorce profesores “no están trabajando como docentes de religión” en cumplimiento “de una promesa realizada por el Obispo de aquella época, sobre que quien participara en el huelga debía buscarse otro trabajo”, explicó Navarro. Dicha promesa “la ha cumplido” y “en aplicación de los acuerdos vigentes con la Santa Sede, fueron despedidos con el acuerdo de la Consejería de Educación”.
Las docentes y sus representantes legales denuncian que la Administración pública canaria “ha mirado siempre para otro lado” en este conflicto, “situando a estos profesores al margen de la Constitución española y de los derechos laborales que este texto recoge”. La Consejería de Educación “ha dejado a la Iglesia hacer y deshacer” cuando los acuerdos con la Santa Sede “no se establecen sino principios generales de relación entre España y el Estado Vaticano, no los tipos de contrato o condiciones de trabajo de estos profesores”, explicó Navarro.
