El PSOE vuelve a pedir la dimisión de Luis Brito ante el rechazo al preacuerdo
El PSC-PSOE, a través de su portavoz de Educación, el diputado Juan Ramón Rodríguez-Drincourt, pidió de nuevo la dimisión de la consejera de Educación del Gobierno de Canarias una vez conocido el rechazo rotundo de los docentes al preacuerdo que firmó con una parte de la representación sindical.
El diputado consideró que “es algo más que un mero no a la propuesta, es además una censura directa y clara de los profesores no universitarios a una gestión irregular que ha venido caracterizada por las conductas reprobables y humillaciones sistemáticas al personal docente, sólo cabe recordar los actos irregulares y de dudosa legalidad como la ignominiosa carta pagada con el dinero de los canarios para poner a los padres en contra de los profesores que ejercitaban su derecho a la huelga”. Por todo ello insistió en la necesidad de que dimita “por el bien del sistema educativo”.
Rodríguez-Drincourt añadió que los docentes han demostrado una extraordinaria dignidad y unas profundas convicciones en este conflicto a pesar de la presión de una consejera que ha actuado con extraordinaria prepotencia al no negociar sino limitarse a ofrecer este fenecido preacuerdo o la nada.
El diputado subrayó que “este conflicto ha venido caracterizado de principio a fin por las irregularidades, como demuestra la carta sin sobre firmada por los sindicatos firmantes del preacuerdo y que fue depositada en los centros escolares con información personal y profesional de los docentes, hecho que puede haber incurrido en una violación del derecho fundamental a la protección de datos personales y sobre la que la consejera aún no ha dado explicaciones”.
El diputado añadió que ha presentado una iniciativa parlamentaria en forma de pregunta oral para saber si esa información ha salido de dentro de la Consejería, al mismo tiempo que manifiesta que aún cuando hubiese sido recopilada, de lo que tiene serias dudas, por los mencionados sindicatos, también estaría sujeta a las restricciones que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
