Redmadre propone alternativas al aborto a las madres en Canarias
La Ley de Plazos que regula el derecho al aborto de la mujer “está muy bien regulada” pero “no se cumple”, según denunció este jueves Esperanza Puente, de la Redmadre, una asociación que está promoviendo por todas las comunidades autónomas una Iniciativa Popular Legislativa (ILP) que obligue a las centros que practican el aborto a dar toda la información y alternativas a las embarazadas.
“Queremos ayudas, tener la posibilidad de seguir adelante con nuestro embarazo con todas las garantías, que es a lo que están obligadas las instituciones”, declaró Puente, quien denunció que desde las clínicas que practican la interrupción del embarazo no se da toda la información posible ni se ofrecen alternativas porque suponen un “negocio muy lucrativo”.
“No hay derecho a que en pleno siglo XXI se sigan vulnerando los derechos de la mujer a ser informada y a que se le den alternativas, a nadie le interesa que la mujer se informe o reciba información porque hay un negocio en torno al aborto bastante lucrativo y es bastante más rentable para algunos”, denunció.
Puente mostró su indignación por el tratamiento comercial que se le da a la interrupción del embarazo sin reparar en las consecuencias para la mujer. La portavoz de Redmadre aseveró que el síndrome post-aborto no sólo existe, sino que “es para siempre”.
Desde la asociación se quiere demostrar que hay alternativas al aborto, partiendo de la base de que no existen embarazos no deseados, sino embarazos inesperados. El lema de Redmadre es nunca estarás sola y es por eso que se ofrece apoyo y asesoramiento a las mujeres que deciden tener a sus hijos. Al parecer, según Puente, la red hace un seguimiento a la mujer que ha tenido un hijo tras descartar la opción del aborto de dos años para ver su evolución, aunque a veces el seguimiento “dura mucho más”.
Redmadre plantea una Iniciativa Legislativa Popular en todas las comunidades
Redmadre está planteando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en todas las comunidades autónomas españolas que en principio está teniendo “una buena acogida” entre los políticos, aunque no estén de acuerdo en todos sus puntos.
Dicha ILP persigue que toda mujer sea asesorada sobre cómo superar cualquier conflicto que se le presente en el embarazo, promover y apoyar centros de asistencia desde cada Comunidad Autónoma y fomentar la prioridad de las embarazadas en el acceso a prestaciones y ayudas, así como una especial atención a la embarazada adolescente: educación para la maternidad, apoyo psicológico, asistencia singular a centro escolar, etc.
Además, se quiere lograr la concesión, por parte de los Gobiernos autonómicos, de subvenciones y convenios a los centros que asesoren y ayuden a la mujer embarazada.
Tambien se prentede garantizar el deber de los centros de información de guardar la debida confidencialidad, asegurar que los centros asistenciales y sanitarios de la Comunidad Autónoma informen de la existencia de una red de apoyo a la mujer embarazada, conseguir que el Gobierno de la Comunidad Autónoma elabore un Plan Integral de apoyo a la embarazada en el plazo de seis meses, promover que el Gobierno autonómico difunda un teléfono gratuito y una página web que permita a cualquier embarazada conectar con la red de apoyo e implicar a los Ayuntamientos en la difusión de la red de apoyo.
