La resistencia de Santa Cruz de Tenerife a retirar el monumento a Franco y decenas de vestigios que incumplen tres leyes

Monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife

La decisión anunciada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de recurrir el catálogo de vestigios franquistas de Canarias, publicado hace más de una semana en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, ha sido la última de las polémicas protagonizadas en cuanto a memoria histórica por el alcalde José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) que gobierna con el PP en la capital de la isla. Lo justifica en que ese documento “solo” incluye las decenas de vestigios de su ciudad, pero no la del resto de municipios del Archipiélago. Fue la Comisión Técnica de Memoria Histórica de esta comunidad autónoma la que aprobó en junio de este año dicho documento, con los votos en contra de este alcalde y del primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz (PP), que ha llegado a proponer restaurar el monumento dedicado a Franco que aún se erige en la ciudad y ha hablado de él como “atractivo turístico”. La capital tinerfeña mantiene actualmente 79 vestigios de la dictadura y, pese al catálogo, a la ley estatal de Memoria Histórica de 2007, a la canaria de 2018 y a ley de Memoria Democrática estatal aprobada este año, su retirada se sigue dilatando.

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El viceconsejero de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, señala que los servicios jurídicos han avalado que el catálogo de vestigios que marcaba la ley canaria se pueda ir aprobando por partes. “Santa Cruz de Tenerife no necesita el catálogo de Caleta de Sebo para retirar sus vestigios porque su catálogo ya ha terminado”, remarca el dirigente. Explica que se trata de una herramienta para todo el Archipiélago y que está en permanente actualización ya que cabe la posibilidad de que con el tiempo se descubra otro vestigio y se actualice. Por ello, remarca que es “un documento abierto”. Ahora, se ha publicado el de Santa Cruz de Tenerife porque ya está terminado, pero se está trabajando en el de todo el Archipiélago, en los 88 municipios. Se espera que en marzo se cuente con el de todas las capitales isleñas.

Según ha podido recabar este periódico, otras capitales isleñas sí han ido informando en los últimos años de la retirada de vestigios y cambios en denominaciones de calles. El ejemplo más llamativo es el de Las Palmas de Gran Canaria que con su primer gobierno democrático y de izquierdas tras la dictadura cambió el nombre de la calle general Franco, la que hoy es conocida como Avenida Primero de Mayo. Lo hizo sin que existiera aún la Ley de Memoria Histórica. En esta ciudad, durante el anterior mandato, se modificaron otras seis calles y se descartó renombrar las arterias que hacían referencia a las batallas del bando nacional durante la Guerra Civil. Uno de los últimos ejemplos fue la modificación de la calle Calvo Sotelo, que permanece junto al mercado de Vegueta con la nueva denominación, calle El Progreso. No obstante, en la ciudad sí que permanece un escudo franquista en la Base Naval. Desde Delegación del Gobierno apuntaron hace unos meses que es el Gobierno de Canarias quien ahora tiene las competencias según su ley de memoria histórica. Por lo que el catálogo de vestigios podrá ser clave en su retirada.

También destaca el caso de Arrecife, que hace ya varios años que constituyó una comisión de Memoria Histórica que modificó el callejero sustituyendo las vías que incumplían la ley por otras relacionadas con personajes destacados de Lanzarote. La actual directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Nona Perera, formaba parte de esta comisión y ha comentado que las calles se modificaron sin necesidad de alardear políticamente de ello. Santa Cruz de La Palma es otra de las ciudades que confirma que ha desaparecido toda huella franquista de ella y el último de los símbolos retirados fue el símbolo de Blas Pérez, ministro de la gobernación con Franco.

Un monumento ilegal

De los 79 vestigios destacados del catálogo, sobresale el monumento a Franco. La simbología localizada en la investigación impide su resignificación y por ello concluye su “necesaria retirada”. Se trata de un complejo escultórico que carece en la actualidad de declaraciones de valor que lleven a su protección como bien de patrimonio artístico, arquitectónico o artístico-religioso. Por ello, el informe redactado por las investigadoras María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL), que ya habían realizado un estudio previo encargado por el alcalde, remarca que “desde esa perspectiva, no es preceptiva su conservación como monumento en su conjunto, teniendo en cuenta que es un complejo que vulnera los principios democráticos de convivencia, y contribuye a la distorsión de la verdad histórica al tiempo que es la muestra más exacerbada de exaltación al dictador como figura mesiánica”.

Además, subraya que es “una interpretación que impone una versión distorsionada de la guerra y sus consecuencias a los vencidos y persigue la exaltación permanente de la victoria y, en este caso, una santificación de la figura del dictador” y recuerda que la obra fue financiada por suscripción popular “sistemático método de extorsión practicado a través del control ejercido por los órganos de gobierno militar y civil” y que se hizo publicidad de su inauguración en el NODO.

El monumento es ilegal e imposible de resignificar también porque contiene numerosos símbolos de la dictadura. Por un lado, resalta “la victoria obtenida por el ejército sublevado en la Guerra Civil Española” (imagen de la victoria); la isla de Tenerife aparece como referente geográfico de la planificación de la rebelión militar (relieve en forma piramidal como base del monumento) y este referente se asocia a otro símbolo: “La relación de lealtad de la isla de Tenerife a la figura mesiánica de Franco”. Otro símbolo es la pretensión de elevar al dictador al rango de referente metafísico sancionado por el auxilio del arcángel.

Además, recoge “la reivindicación de la iniciativa militar contra el gobierno de la República como una guerra santa, a través de la alegoría del general Franco como figura que sustenta la paz armada mostrando la espada como cruz, símbolo de la cruzada de liberación, a pesar de que nunca fue reconocida como tal por el Vaticano”. Y, por último, la presentación de los escudos de los nueve partidos judiciales de la provincia como escenario de “respaldo a la acción del vuelo del general Franco en el Dragon Rapide para iniciar la sublevación militar constituye una evidente vulneración de la verdad histórica y un símbolo que atenta contra los principios desarrollados en la Ley de Memoria Histórica”.

Numerosos vestigios en pie

No es casualidad que el catálogo de Canarias comenzara incorporando los vestigios de la capital tinerfeña. En el año 2017, el abogado especializado en Memoria Histórica Eduardo Ranz llevó el caso de este monumento a Franco a los tribunales, pero el Ayuntamiento logró esquivar responsabilidades al demostrar que había encargado un estudio para determinar el valor de esa estatua y actualizar su callejero franquista. En el catálogo de Canarias que ya está en el BOC se subraya que Santa Cruz de Tenerife presenta “uno de los casos más intensos” de España con una gran concentración de elementos conmemorativos del régimen “de dimensiones monumentales en una superficie muy reducida”. La isla de Tenerife, residencia de Franco en aquel momento, se convirtió de este modo en “una referencia en la cartografía de los emblemas de la Victoria en el momento en el que avanzó la supremacía del bando rebelde”.

Hay otros elementos que se señalan en el catálogo como retirar los leones y las lápidas conmemorativas del Mercado de África, en la contextualización del Monumento a Los Caídos, la retirada de la inscripción del arco de la barriada General García-Escámez y del Obelisco en exaltación a Francisco Escámez. Así mismo hace mención a varios bustos, además de calles franquistas que habrá que cambiar. El catálogo de más de 2.000 páginas documenta cada uno de los nombres o vestigios y una propuesta para adaptar a la Ley de Memoria Democrática.

Otro elemento que aparecía en el catálogo es la Hélice del Crucero Canarias y que una vez dado a conocer que incumplía la legalidad, la Autoridad Portuaria de Tenerife mandó a retirarla y ya no se encuentra. Este crucero participó en el ataque sobre la población civil que huía desde Málaga, es decir, en la masacre conocida como la Desbandá. Juan Márquez pone como ejemplo la retirada de este elemento. “Esa hélice participó en uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil, como fue la Desbandá, un ataque ordenado por Queipo de Llano”, subraya. 

Por ello, el viceconsejero confía en que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife finalmente no recurra el catálogo (tenía el plazo de un mes desde que se publicó el catálogo el 17 de noviembre) y retire los elementos franquistas como mandan las leyes. “Igual que se retiró esa hélice y no se generó ningún conflicto jurídico, se puede retirar mañana con más razón todavía el monumento a Franco”, destaca. Insiste en que detrás de ese catálogo hay “un trabajo de investigación y académico riguroso”, por lo que espera que antes de terminar esta legislatura pueda estar eliminado ese monumento. “Es el compromiso que todos los demócratas debemos tener con la reparación moral de las víctimas y también con nuestra memoria colectiva en la construcción de nuestros valores democráticos”, concluye Márquez. 

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