Rosell: ''Un día de huelga no debe llamar tanto la atención''
Victoria Rosell, magistrada titular del juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y coordinadora de la asociación Jueces para la Democracia, manifestó este jueves que “con el retraso que llevamos, un día de huelga no debe llamar tanto la atención”, en relación a la decisión de la asamblea general de jueces de Las Palmas de realizar un parón laboral el 18 de febrero. La magistrada destacó que “no va a ser especialmente dañino para el servicio público, pero sí para llamar la atención” y en apoyo a las reivindicaciones de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP).
La iniciativa de apoyar una convocatoria de huelga el 18 de febrero pretende ser una medida de presión para que se aceleren las negociaciones y para que las asambleas de jueces “no se duerman ni admitan negociaciones a largo plazo, porque estamos dispuestos a ir a la huelga”.
Rosell dejó clara la necesidad de que los jueces también sean responsables y que los servicios mínimos estén “bien pactados porque miramos la negociación con pocas ganas de perturbar el servicio público”. La magistrada aclaró que el anunciar la convocatoria de huelga antes de la negociación está también motivada porque “es menos trastorno desconvocarla que convocarla después del 26 de enero”.
“Hay voluntad de negociar y es positivo que el ministro [de Justicia, Mariano Fernández Bermejo diga que está abierto a la interlocución. El 18 de febrero tenernos que ser ejemplo de comprensión, negociación y avance con el Ministerio, para decirles que estamos ahí, pero que tendremos que movilizarnos si es preciso por la mejora del servicio público, aunque la pretensión no es instalarnos en una huelga con carácter indefinido”, manifestó la magistrada.
Listas de espera judiciales
Rosell incidió en que es preciso que se adecuen ya las cargas de trabajo a la legislación porque en Comunidades como Canarias es “aún más grave esta situación”. La magistrada comparó la situación de la actividad judicial con las listas de espera sanitarias: “Nunca se habla en Justicia de listas de espera, pero si hacemos paralelismo con el Servicio Canario de Salud, pero los médicos no trabajan si no tienen quirófanos o material por eso hasta que no haya salas de juicios, tiempo para tratar los casos con un tiempo digno, no se puede responsabilizar a la carrera judicial del retraso”.
La magistrada aseguró que parar un día el trabajo de los jueces es menos irresponsable que poner en marcha las listas de espera en la judicatura, “una posibilidad que no hemos adoptado”. El juzgado de lo Mercantil en Las Palmas concluyó el pasado año con el triple de actividad que lo que marca la ley. Por ello, si “realizamos el trabajo que se nos marca, en mayo cerramos los juzgados, pues ya habremos concluido el trabajo que se nos exige para todo un año”, dijo la magistrada. “No puedes parar pero las condiciones son de tal atasco que lo sacamos por puro voluntarismo, mal, lento y pobre, pero la opción de la lista de espera es más dañina”, agregó.
La crisis
En el marco de la crisis económica, Victoria Rosell destacó la necesidad de que “funcione la Justicia” porque en estos momentos, en los que son frecuentes los despidos, se va retrasando su tramitación en los juzgados e incrementan en gran medida una actividad judicial difícil de realizar. “Las impugnaciones de los servicios de seguridad social, delitos económicos, grandes delitos que tienen que ver con la especulación y corrupción y concursos de lo mercantil tienen que resolverse con premura pues la resolución sólo sirve en unos meses y no dentro de años”.
El número de demandas es “espectacular en Canarias y el incremento también lo es”, por ello Rosell aboga por medidas como la existencia de más medios de conciliación previa para evitar la saturación de los juzgados.
Las reivindicaciones de la CIP consisten en la reforma urgente de la oficina judicial, manteniendo en manos de los jueces la competencia de señalar juicios; la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, una formación adecuada de todo el personal al servicio de la Justicia, el rediseño de los módulos de trabajo, la revisión en profundidad de la actual planta judicial, la revisión del sistema de sustituciones medias para conciliar la vida familiar y laboral, y la adecuación quinquenal de la Ley de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal.
