Sarna, ratas, chinches y falta de atención en centros de mayores en Canarias: “La conmoción es indescriptible”

La Diputación del Común ha elaborado un informe sobre el estado de los centros de mayores de Canarias, correspondiente a 2019 y que ya está en manos del Parlamento desde noviembre, en el que describe falta de mantenimiento, escasa higiene y poca atención a los residentes.

El documento, avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso Europa Press, se ha elaborado a partir de 25 visitas a centros de las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma entre febrero y diciembre de 2019, y suman casi 1.300 plazas de usuarios. En declaraciones a Radio Club Tenerife, María Milagros Fuentes, autora del informe, ha relatado que en la visita a un centro los inspectores se percataron de que los residentes no hablaban, y que al día siguiente, al hacer una toma de datos se dieron cuenta de que “los tenían a todos chutados, con medicación”.

Este informe, que según ha dicho Fuentes, se le facilitó al Parlamento el pasado noviembre, también llama la atención sobre los menús en las residencias, con preponderancia de “comidas preelaboradas, precocidas”, y que los residentes “comen solos, en un rincón del salón y de espaldas al resto de la actividad del centro”.

La Diputación aclara que el informe aún está “inconcluso” porque apareció la pandemia de coronavirus y resalta que mientras algunos centros han colaborado, otros han mostrado un “absoluto desprecio” al trabajo de los técnicos de la institución.

Incluso, resalta que desde la propia Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias no se han respondido sus solicitudes, las últimas en agosto del año pasado, y también son muy escasas las visitas a las residencias de sus propios inspectores.

El informe incide en que en muchos de los centros hay “falta de rigor” en el trabajo, no hay seguimiento ni evaluación de los residentes y muchas de las labores se realizan de manera “improvisada”.

Además, no se cumplen los principios de respeto y autonomía personal --escasean las habitaciones individuales y una de residencia de La Palma hay hasta más de seis personas juntas-- y los espacios comunes suelen ser amplios y cuentan siempre con el televisor encendido, lo que dificulta la interacción social.

Habitaciones sin luz y poco humanizadas

También hay habitaciones sin luz, en semisótanos, con barreras para el acceso y otras sin la dotación accesoria como armario o mesilla de noche.

A todas estas deficiencias se añade la falta de instalaciones en red para las telecomunicaciones y la ausencia de dispositivos para uso de las personas en sus habitaciones, y dar respuesta así a la necesidad de conectividad “de manera íntima, segura y estable”.

“Son pocos los centros que logran que las habitaciones sean zonas además de confortables, espacios humanizados y de apariencia agradable para sentirlos como un hogar”, detalla el informe.

En la mayoría hay desperfectos de mantenimiento como humedades, maderas astilladas, cocinas sin mosquiteras o roturas y en un centro, incluso, una cocina estaba abierta a una zona que funcionaba como vertedero de desechos.

En las visitas, los técnicos de la Diputación del Común han constatado brotes de sarna, baños sucios y presencia de ratas, cucarachas, hormigas y chinches, al igual que restos de comidas anteriores en el comedor, residuos de peluquería, colillas y colchones apilados en los pasillos.

Recoge igualmente que hay personas que “se mantienen con manchas de restos de comida, sin cambios de ropa salpicada durante el resto de la jornada”.

“Conmoción indescriptible”

“Resulta indescriptible la conmoción que produce encontrar esta falta de higiene y salubridad en los centros, sin ser detectada por las administraciones encargadas de inspeccionar y velar por el funcionamiento en los recursos para personas mayores, y, a su vez, sin ser desvelada por familiares u otras personas que accedan a las instalaciones. Apelamos, a la responsabilidad social de trabajar por un mínimo de bienestar de las personas mayores”, recoge el informe.

En todos los centros consultados por la Diputación del Común se cumplen las funciones de alojamiento, manutención y lavandería pero la atención sanitaria y las actividades ocupacionales, por ejemplo, solo en el 61% de los casos, y la terapia ocupacional, apenas un 35%, y en muchos casos, sin personal cualificado.

En cuanto a la asistencia médica, hace constar que, según la información facilitada por los centros, las visitas médicas se distancian casi en un año y, en el caso de un episodio agudo únicamente acuden los profesionales de urgencias.

“¿Quién supervisa las sujeciones o cómo se detectan situaciones de maltrato institucional? ¿Quién conoce el menú? ¿Quién realiza la valoración continúa de la capacitación funcional y la movilidad?”, plantea la adjunta a la Diputación del Común.

Otro de los aspectos en los que se detiene el informe de la Diputación del Común es que, en cinco de las residencias visitadas, el obligado expediente individual de cada residente se limita a “una mera carpeta con documentación de las personas, sin valoraciones profesionales y, por ende, sin seguimiento y evolución de la promoción de la autonomía personal”.

La mayoría de los centros alegan que los problemas “se resuelven hablando” o que “no hay quejas”, y que hay una actividad “irrelevante, sin trascendencia”, en cuanto a las hojas de reclamaciones o los buzones de sugerencias. 

“Mercantilización” de la atención

La Diputación del Común achaca el estado actual de las residencias de mayores al “boom de la mercantilización” de la atención residencial y que ha conllevado limitaciones de tratamientos, soledad de los residentes, falta de trabajadores con cualificación y empleos precarios y mal retribuidos.

“Es tarde para cambiar lo ocurrido pero es hora de reflexión, de toma de decisiones y planificación del impacto en la salud y los servicios a largo plazo para las personas mayores; deben reconocer y enfrentar los desafíos particulares que enfrentan, incluida su capacidad para acceder a tratamientos, atención médica y social, el modelo asistencial de la residencia, en sí el modelo de sociedad”, concluye.

Este informe fue elaborado por la Diputación del Común entre febrero y diciembre de 2019, año en el que se produjo el cambio de gobierno en Canarias y Coalición Canaria salió de él. En junio de ese año, Noemí Santana (Podemos) sustituyó a Cristina Valido (CC), que llevaba en el puesto desde 2017, como consejera de Derechos Sociales.