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El sindicato CEP informa a la delegada del Gobierno de las carencias en la unidad que atiende a víctimas de la violencia machista

Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria. (RAMSÉS RUIZ)

La Confederación Española de Policía (CEP) ha trasladado a la nueva delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, un documento con siete demandas fundamentales para “ofrecer a los ciudadanos un servicio eficiente y de calidad”.

Según informa la CEP en un comunicado, una de las principales tiene que ver con el funcionamiento de la unidad encargada de la investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, familiar y menores (UFAM). En la actualidad, los policías de esta unidad, que será dirigida precisamente por quien fuera mano derecha de José Manuel Soria en la Delegación del Gobierno, Luis Molina, tienen a su cargo unas 130 víctimas en el ámbito capitalino, una cifra “muy por encima de la ratio nacional”. “Esto provoca que no se dé un servicio con las garantías suficientes a las mujeres víctimas de violencia de género”, afirma.

La CEP denuncia también la falta de regulación de los teléfonos móviles oficiales que se le asigna a los funcionarios, que tienen que atender “durante las 24 horas al día y los 365 días al año”. A juicio del sindicato, esta circunstancia origina crea una carga que deviene en estrés laboral, “Esta situación anómala, a la que la administración no presta interés, ya está provocando bajas psicológicas”.

El sindicato lamenta la falta de personal en la comunidad autónoma, lo que ha provocado que en algunas dependencias policiales “no se preste un servicio de calidad a los ciudadanos”. La CEP pone como ejemplo las tres comisarías de distrito de la capital grancanaria y pide que se cierren estas oficinas los fines de semana y se centren en una sola.

En Santa Cruz de Tenerife se ha visto afectado el servicio de Atención al Ciudadano (091), agrega.

En relación con la comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria, la CEP recuerda que el 6 de junio de 2017 se colocó la primera piedra. El coste de la obra ascendía a 2,94 millones de euros y la previsión era que las nuevas instalaciones, ubicadas entre Hoya del Enamorado y Lomo San Lorenzo, se abrieran en el primer trimestre de 2019. A pesar de ello, “no se ha realizado ninguna obra en el terreno”.

El sindicato reclama la creación de una unidad de acceso restringido en el área hospitalaria para los internos de los centros penitenciarios que quedan ingresados. Esta unidad se ubicaría en uno de los dos hospitales de referencia de la isla de Gran Canaria (Negrín o Insular). Según informa la CEP, el gasto fue aprobado por Instituciones Penitenciarias a principios de año, pero no se ha ejecutado porque la Consejería de Sanidad no lo ha autorizado.

La organización ha solicitado a la delegada del Gobierno el cierre inmediato del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco por “no reunir las condiciones óptimas para los internos y para los funcionarios policiales”.

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Publicado el
9 de julio de 2018 - 15:50 h

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