Solidaridad con las defensoras del derecho al aborto
Más de 40 personas en Canarias han rellenado ya sendos documentos de autoinculpación reconociendo la práctica del aborto o que se ha acompañado a una persona que lo ha hecho. Estos documentos serán enviados este jueves al juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria como medida de presión a la Justicia por las investigaciones realizadas a mujeres que han ejercido este derecho.
Según informaron fuentes de la corriente Otras Voces Feministas, esta es la cifra que se baraja “por ahora”, ya que, a falta de dos días para presentar de forma oficial estos documentos, aún no dejan de llegar solicitudes. En concreto, se tiene previsto hacer entrega de las autoinculpaciones este jueves a las 18:30 horas.
Así lo declaró María Nebot, quien se mostró consciente del riesgo al que se enfrentan las personas que solidariamente se están uniendo a este acto simbólico de apoyo al derecho al aborto. “Los servicios jurídicos que nos apoyan no saben exactamente a qué nos podemos enfrentar, pero yo espero que los jueces sean cautos y apliquen la Ley entendiendo que está en juego un derecho de los ciudadanos”, declaró Nebot.
Nebot recordó que este movimiento se inicia “tras las investigaciones a algunas mujeres que asistieron a clínicas abortibas para ejercer su derecho y la actitud intimidatoria de la Justicia”. A raíz de estos hechos, los movimientos feministas decidieron actuar e idearon las autoinculpaciones como “medida de presión y denuncia” de esta actitud, con el objeto de “colapsar los juzgados”.
Derecho
En cuanto a esa “extralimitación” de la Justicia que se denuncia, estos colectivos consideran que “tanto las denuncias y actuaciones contra las clínicas autorizadas para a interrupción voluntaria del embarazo, como las amenazas y agresiones que están sufriendo profesionales de dichas clínicas, forman parte de una campaña política de sectores fundamentalistas que tratan de impedir que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo en los supuestos que marca la ley”.
Así las cosas, exigen que las autoridades sanitarias garanticen tanto la salud y la seguridad de las mujeres como el derecho a su intimidad y protección de sus datos clínicos, tal y como establece la vigente Ley de Protección de Datos.
Además, se denuncian “las amenazas y agresiones tanto físicas como verbales que, directa e indirectamente, están sufriendo las y los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo por parte de grupos fundamentalistas”. “Por tanto ?continúa el manifiesto- exigimos que la Delegación del Gobierno y las diferentes administraciones adopten las medidas de protección pertinentes de manera que estas personas puedan trabajar sin presiones, defendiéndose su profesionalidad y ética”.
Para las organizadores, se debe garantizar asimismo el acceso libre, sin ningún tipo de coacción, a todas las mujeres que deciden acudir a las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo sin verse increpadas e insultadas por esos grupos.
Por último, se pide a los medios de comunicación “transparencia y profesionalidad2 informativa ante el ”clima de sospecha y criminalización“ tanto de las mujeres como de las y los profesionales y las clínicas que se desprende de crónicas aparecidas estos días, que ”en algunos casos han llegado incluso a tergiversar y falsear datos sobre la realidad del aborto“.
