Tambores de guerra entre inquilinos y la empresa de viviendas sociales de Canarias por el acceso en propiedad a las casas

En pie de guerra. Otra vez. Así podría resumirse el estado actual de la plataforma Viviendas Sociales en Lucha, que representa a la mayoría de los más de 3.000 adjudicatarios del II Plan de Vivienda (1992-1995) de Canarias, ante el hecho de que la empresa pública que gestiona sus alquileres, Visocan, está “dilatando la transmisión” de la aplicación del Decreto 1/2023, que permite el acceso en propiedad a los inmuebles y por el que tanto lucharon en estos más de 25 años de residencia en dichas casas.

En un escrito presentado esta semana, la asociación ha detallado una serie de actuaciones recientes de la empresa de viviendas sociales de las Islas, Visocan, con las que está “intentando agotar los plazos establecidos en la ley para dejarla sin cumplimiento, sumiendo a los adjudicatarios, nuevamente, en un abismo legal”. Conviene recordar que el Gobierno canario prometió a los inquilinos del II Plan de Vivienda del Archipiélago que los pisos iban a ser de su propiedad “a medio plazo”, pero no fue hasta el año pasado cuando aprobó el decreto que lo permitía.

Esa norma, en concreto, regula la documentación necesaria que deben aportar las familias para hacerse definitivamente con las casas y explicita que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) debe calcular la liquidación pendiente de abonar por parte de los inquilinos, una vez deducido del coste inicial de la vivienda el importe acumulado por el pago de las rentas mensuales y aplicada, también, la bonificación del precio de venta correspondiente, cifrada en un 50%.

En este sentido, Viviendas Sociales en Lucha precisa que ese cálculo, el que detalla a cada inquilino cuánto dinero le resta por abonar, apenas había sido entregado a dos promociones a fecha de finales de diciembre. El texto recuerda que las primeras solicitudes de acceso a la propiedad fueron presentadas el 15 de marzo de 2023 y la documentación requerida para ello unos meses más tarde. Pero hasta ahora “seguimos sin respuesta”, denuncian los afectados.

En los casos en los que sí ha habido aclaración al respecto (tan solo dos promociones), además, la organización reprocha a Visocan que tan solo “se limita a decir que está abonado el 50% del precio de venta de la vivienda o que pueden optar a la propiedad porque tenemos abonados el 35% de los recibidos”, sin detallar año a año las cantidades satisfechas en concepto de arrendamiento. La plataforma cree que la compañía está “omitiendo esta información para reclamar nuevamente el 50% de la subvención que el ICAVI va a entregar a Visocan por la venta de las viviendas”, obviando, destacan, que “la mayoría de las personas tienen pagados el 100% de los recibos” y, por tanto, han destinado “el triple de lo que costaban” inicialmente los hogares, alrededor de los 40.000 euros.

“Haciendo alarde de buena fe y derrochando transparencia, deberían adjuntar a la liquidación pendiente de abonar los resúmenes anuales de estos 26 años, para que podamos comprobar y contrastar que la información enviada es veraz y correcta, dado que no figura en el escrito cantidad alguna abonada por los adjudicatarios”, apunta el escrito. “Sería ilícito que Visocan solicite la totalidad de la subvención que el Gobierno de Canarias va a aportar por la venta del inmueble en los casos en que las viviendas han sido pagadas de más”, remacha.

La asociación también critica las palabras esbozadas por el director del ICAVI, Antonio Ortega (Coalición Canaria), en el periódico La Provincia. En una noticia publicada el 10 de diciembre de 2023, Ortega dijo que el decreto que autoriza el acceso en propiedad de las viviendas calificadas de protección oficial (VPO) antes de 1996 “iba a ser la panacea”, pero ha tenido “un escaso tirón” porque los inquilinos han descubierto, entre otras cosas, que “les sale más caro pagar la comunidad como propietarios o hacerse cargo del mantenimiento (…) que seguir como adjudicatarios”.

Viviendas Sociales en Lucha refuta estos argumentos y señala que las declaraciones de Ortega “son perniciosas para todos los adjudicatarios de vivienda pública, que llevan años esperando y luchando para lograr que transmitan nuestras viviendas con las garantías legalmente establecidas”. Creen que el Gobierno canario “va a hacer lo mismo que en años anteriores, jugar con las personas”, a pesar de que de las 3.000 casas del II Plan Canario de Vivienda, más de 700 familias han solicitado acceder a las mismas en propiedad, puntualiza el texto.

Sin embargo, la estrategia ahora es la de “disuadir la compra” y “anteponer los intereses de una empresa pública por encima de los de las personas”. Para Visocan, al dejar de cobrar los alquileres de estos bienes inmuebles se estaría “deteriorando el patrimonio” de la compañía, tal y como indica un informe económico-jurídico elaborado por la consultoría Luján Asesores en 2018. En 2022, la sociedad ingresó 26,3 millones de euros por el alquiler de las VPO que gestiona, un total de 6.050, casi 3.000 por cada provincia del Archipiélago, según una auditoría.

Por otro lado, la plataforma recrimina que “los trabajadores del ente público [Visocan] han vuelto a retomar feas costumbres que se presumían olvidadas”. Y anuncia que han vuelto a tomar las calles, que no van a parar “hasta que cumplan el decreto”. También solicita que el ICAVI convoque al menos a cinco promociones más que pidieron el acceso a la propiedad y no han sido citadas.

Este periódico solicitó su versión a Visocan el jueves de esta semana, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.