Trabajo detecta irregularidades en el ERE con el que se cerró ‘La Opinión de Tenerife’
El cierre del periódico La Opinión de Tenerife, perteneciente al grupo Editorial Prensa Ibérica, se dilucidará en los tribunales. Concretamente en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que atenderá el día 20 de noviembre la demanda interpuesta de oficio por la Dirección General de Trabajo del Gobierno autonómico contra diversos aspectos del expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por la empresa una vez el grupo decidió comprar El Día y cerrar La Opinión de Tenerife.
Trabajo decidió abrir de oficio en abril pasado unas diligencias al recibir el ERE extintivo de La Opinión y detectar, entre otras cosas, fraude de ley y dolo en su tramitación. Según el expediente remitido a la Justicia, La Opinión de Tenerife, SL eligió e impuso “el criterio de menor edad y conveniencia de los puestos de la otra empresa”, Editorial Leoncio Rodríguez, que acababa de adquirir, para trasladar a ella un grupo de 23 trabajadores del periódico que cerraba. Ese criterio se aplicó también a las tres representantes de los trabajadores, cuyos contratos quedaron suspendidos sin que en el momento de presentar la demanda hubieran sido incorporadas a la plantilla de El Día.
La inspección detectó, además, que la empresa editora de La Opinión no presentó la preceptiva solicitud de convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social en el caso de un trabajador que ya había cumplido los 56 años y sobre el que habría que aplicar el plan de acompañamiento social que mandata la ley. En este mismo apartado, Trabajo no consiguió que la editora inspeccionada aportara un listado de trabajadores que le permitiera establecer cuántos de ellos tenían más de 50 años en el momento del ERE para, en su caso, obligarla al ingreso correspondiente en la Hacienda pública.
La empresa despidió a cinco personas de más de 50 años de edad, de acuerdo con los documentos aportados a la Sala de lo Social del TSJC.
Además, los gestores administrativos de La Opinión amortizaron dos puestos de trabajo de personas en excedencia y un tercero de otro que había sido suspendido como consecuencia de su pérdida de libertad por la comisión de un delito.
Por último, “la empresa no ha tenido en cuenta las cargas familiares de una trabajadora con reducción de jornada” que también fue incluida en el listado de personal despedido.
El expediente, que fue abierto aún bajo el mandato del Gobierno de Coalición Canaria, señala también la existencia de irregularidades en la participación de una trabajadora como integrante de la mesa de negociación sin que hubiera sido designada legalmente representante de los trabajadores. Del mismo modo, afea a la editora no haber convocado a las legítimas representantes al acto de inspección en el que debían contrastarse todas las irregularidades.
Finalmente, la Administración ha detectado fraude de ley al descubrir que ninguno de los tres administradores solidarios de la empresa estaban dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, ni tampoco en ningún código de cotización sin seguro de desempleo. En uno de los casos, siempre según la Inspección, se trataría de un empleado afectado por el ERE que, además, sería “propietario de la empresa”.
Una fuente autorizada de Editorial Prensa Ibérica en Canarias, de la que es filial la mercantil La Opinión de Tenerife, S.L., se la limitado a manifestar que “no hay comentarios” al requerimiento de su versión por parte de este periódico.
