Una maraña de demandas laborales lastra a la empresa pública de viviendas de Canarias
La empresa pública canaria de Vivienda, Visocan, no logra salir de una maraña interminable de litigios judiciales y conflictos laborales tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) suspensivo que aplicó a sus trabajadores en el año 2012. Por esta medida, 28 personas fueron despedidas y al resto de la plantilla se le equiparó el salario de su categoría profesional al del convenio colectivo de los trabajadores públicos de la comunidad autónoma. Este reajuste supuso que quedara suspendido el convenio de la propia empresa por cuatro años, periodo en el que se debía negociar uno nuevo ya que, de lo contrario, los trabajadores volverían a las condiciones laborales anteriores. Transcurridos casi seis años, el nuevo convenio sigue estancado y varios trabajadores ya han llevado a Visocan a los tribunales por distintos incumplimientos.
En octubre de 2017, más de un año después de que finalizara la vigencia de lo acordado en el ERE, se firmó un acuerdo entre los representantes de los trabajadores de las sedes de Tenerife y Gran Canaria con la empresa a fin de desbloquear la negociación del convenio colectivo y consensuar el marco salarial del próximo ejercicio. Las partes llegaron al acuerdo de incrementar a la plantilla, compuesta por 50 trabajadores, el 5% devengado de sus salarios en 2010 (una medida aplicada entonces por orden del Gobierno en las empresas públicas). Sin embargo, hasta tres sentencias han dado ya la razón en primera instancia a trabajadores que reclaman volver a los sueldos anteriores al ERE.
En todos los casos, los jueces reconocen que los empleados tienen derecho a ser retribuidos según el convenio vigente de la empresa (el anterior al ERE) y condenan a Visocan a abonarles la diferencia mensual entre el salario anterior a 2012 y el que han percibido tras el ERE durante el período comprendido entre septiembre de 2016 y octubre de 2017. También se le obliga a pagar los intereses por mora patronal.
Las sentencias recogen que el acuerdo de octubre del año pasado hace alusión a la recuperación de ese 5% pero nada establece en relación al régimen salarial aplicable a los trabajadores y entienden que, una vez finalizada la vigencia del ERE, debió aplicarse el convenio de la empresa. Los jueces recalcan que el estado de la nueva negociación colectiva se desconoce y el marco salarial no ha sido discutido. En una de las sentencias se expresa además que dicho documento firmado entre los representantes legales de los trabajadores y la empresa “carece de efectos jurídicos” ya que no consta la iniciación de un periodo de consultas, ni que haya sido trasladado a una comisión paritaria del convenio.
Estas sentencias han sido recurridas, afirma el gerente de Visocan, Víctor González, quien subraya que la negociación del convenio colectivo se ha complicado porque la empresa, de acuerdo a la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma, no puede asumir la subida salarial que solicitan varios trabajadores. Lo que propone es que “se tome como referencia la tabla salarial que salió del ERE con los ajustes que se consideren pertinentes”.
Otro de los frentes a los que se ha enfrentado Visocan es a la rebaja del 5% de salario que se aplicó a la plantilla durante la crisis. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón en 2016 al sindicato CCOO contra esta empresa y declaró la nulidad de la reducción aplicada en las nóminas, obligándole además a restablecer las condiciones que venían disfrutando los trabajadores con anterioridad a 2010. El director asegura que toda la plantilla “ha recuperado ya esta reducción, incluso los retrasos”. Sin embargo, todavía hay empleados que reclaman que se les restituya el 5% que dejaron de percibir durante el periodo del ERE.
Retenciones a los trabajadores que menos cobran
El ERE de 2012 supuso la equiparación salarial de los trabajadores al convenio colectivo de la comunidad autónoma, pero tanto al alza como a la baja. Es decir, hubo trabajadores a los que se les redujo el sueldo y otros a los que se les incrementó porque eran los que menos cobraban en Visocan. Intersindical Canaria denuncia que 17 trabajadores, los de más baja categoría, se han visto afectados recientemente por una reducción salarial.
El sindicato explica que, de un día para otro, estos empleados empezaron a recibir unas cartas en las que se les advertía de que “con carácter preventivo” y con efectos del 1 de junio de 2017, la empresa debía retener lo cobrado de más por estos trabajadores tras el ERE. La medida la achaca a un expediente abierto por el Tribunal de Cuentas de Madrid en el que asegura que se recoge que este pago es “indebido” y “contrario a la ley”.
Según se recoge en la carta que se hizo llegar a los trabajadores, los descuentos se llevarán a cabo de forma prorrateada en las nóminas pendientes de abono que restan. Además, la empresa señaló que analizará las situaciones particulares de los afectados y las tratará personalmente con cada uno de ellos.
No obstante, el sindicato advierte de que la medida se tomó en plenas fechas navideñas y cuestiona que estos supuestos pagos de más que reclama el Tribunal de Cuentas tengan que ser descontados precisamente de estas personas de menor categoría profesional, especialmente si se tiene en cuenta la remuneración del gerente de esta empresa. De hecho, el actual director de Visocan cobra 74.352,28 euros anuales, de los que 13.337,64 corresponden a gastos de la Seguridad Social, lo que le convierte en el tercer gerente de una empresa pública regional mejor pagado. Su predecesor en el cargo, Pablo Nieto, percibía antes del plan de ajuste de 2012 100.800 euros, la retribución más alta de los gerentes.
La empresa declaró además en ese escrito su intención de proceder a la devolución de las cantidades descontadas tras el archivo del expediente por el Tribunal de Cuentas en el caso de que se declaren finalmente incrementos ajustados a derecho. Intersindical Canaria ha denunciado este descuento salarial en Inspección de Trabajo con fecha de 23 de noviembre y ha pedido el informe en el que se basa Visocan tanto a través del Portal de Transparencia como al gerente.
Víctor González asegura que la medida se ha llevado a cabo, en cualquier caso, de forma preventiva y hasta que el Tribunal de Cuentas se pronuncie, ya que de momento “ha abierto diligencias previas por considerar estas subidas salariales contrarias a la ley”. Así mismo, aclara que la empresa siempre ha defendido que el acuerdo del ERE era un conjunto y no se debe separar esta cuestión.
Nuevo convenio colectivo
El pasado año se celebraron elecciones sindicales en ambas sedes de la empresa, lo que volvió a retrasar el acuerdo. Desde noviembre del año pasado los trabajadores están siendo representados por Sepca en Las Palmas de Gran Canaria y CCOO en Tenerife.
La última de las comisiones negociadoras del nuevo convenio colectivo tuvo lugar el pasado lunes 2 de abril y fuentes sindicales aseguran que aún queda camino por recorrer. No es la misma opinión que tiene el gerente, que confía en que en un plazo de dos meses se pueda llegar a un acuerdo. Además, considera que el hecho de que haya demandas laborales contra la empresa no complica la situación ya que esto supone un derecho de los trabajadores e insiste en que el objetivo es buscar entre todos un consenso.
En una reunión anterior se recordó que la situación sí que se ha visto agravada por la cantidad de demandas laborales existentes: trabajadores que reclaman que se les restituya el 5% en los años del ERE, quienes reclaman los salarios anteriores a esta situación, empleados afectados por los “descuentos preventivos” y otros que reclaman derechos y cantidades individuales. Por ello, se advirtió de que si estas demandas prosperasen, Visocan se vería obligada a reducir el personal de la empresa.
El gerente asegura que, ni por actividad, ni por trabajo ni por volumen la empresa tiene necesidad de despedir plantilla y que es el último escenario que se plantea, “pero sí hay que buscar un acuerdo que beneficie a la mayoría de la plantilla, que es estabilizar los puestos y estabilizar los salarios, sobre todo, de esos 17 trabajadores a los que se les está reteniendo parte de la nómina”. En este sentido, considera que hay trabajadores que tendrán que “ceder en sus pretensiones” para poder mirar al futuro.
El clima laboral de la empresa es tenso ya que, además de haber sufrido las consecuencias del ERE, han pasado seis años en los que no se ha concretado el nuevo convenio, una negociación que se complica con tantos frentes abiertos.
