El “señor ministro” ha paralizado inversiones millonarias en las islas
María del Mar Julios ha defendido el texto de la Ley de Renovación y Modernización Turística y ha criticado su paralización por el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España, en el marco de una charla ofrecida en Telde sobre el modelo económico y turístico al que se enfrentan la mayoría de las islas.
La diputada en el Parlamento de Canarias cree que se deberían incluir herramientas como la posibilidad de expropiar y sacar a concurso un establecimiento turístico por parte del Gobierno de Canarias, indemnizando al propietario, si no ofreciera garantías de conservación y tras realizarse los informes técnicos pertinentes.
Asimismo, apoya la actuación del ejecutivo regional cuando, tratándose de complejos de uso turístico, más del 50% de sus plazas han pasado a ser residenciales. Con respecto a los centros comerciales obsoletos, propugna la búsqueda de mecanismos que animen a su rehabilitación.
El texto jurídico da la bienvenida a la renovación hotelera y de apartamentos obsoletos, pero no a la nueva construcción, salvo los casos en que se edifiquen establecimientos de cinco estrellas, estén destinados a turismo rural o se construyan en suelo urbano no turístico.
El Cabildo de Gran Canaria se queja de que la isla alberga la mitad de plazas de cuatro estrellas que Tenerife, por lo que su presidente, José Miguel Bravo de Laguna, inició una campaña para impedir lo que él consideraba una desigualdad perjudicial para el territorio que representa.
El resultado: un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España por entender que “en ninguna parte de la unión pueda haber restricciones en cuanto a prestación de determinadas actividades de servicio”, según ha declarado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, invocando la “libertad de actividad económica de los empresarios”.
Ahora le toca decidir al Tribunal Constitucional si mantiene o no la medida cautelar. El tiempo que dure en resolverse el recurso -podrían pasar varios años- dibuja un paisaje de incertidumbre en el que pocos se arriesgarán a invertir si, finalmente, sus obras pudieran considerarse ilegales tras la sentencia.
En palabras de María del Mar Julios, “se han paralizado inversiones millonarias en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife; lo ha conseguido paralizar el señor ministro”.
El Gobierno de Canarias, en busca de una alternativa y dispuesto a ganar el pulso al presidente del Partido Popular en las islas, ha propuesto cambiar las estrellas por otros estándares de calidad basados en parámetros medioambientales, como el uso de energías limpias o la clasificación de residuos para su reciclaje, al entender que el uso de estrellas está en desuso.
