Felipe Campos pide la imputación de los redactores del PGO de la capital
El abogado Felipe Campos, una de las acusaciones junto a Izquierda Unida (IU) en el caso de la denuncia de la Fiscalía de la Provincia sobre supuestas irregularidades en la redacción del PGO de Santa Cruz, anunció que en los próximos días solicitará al juzgado que lleva la causa que se cite a declarar, “pero ya en condición de imputados, a los redactores del planeamiento capitalino”.
En este sentido, indicó que, tanto Leopoldo Tabares de Nava como Fernando Senante, “ya han declarado en los últimos meses en calidad de testigos”, una situación que, afirmó, “tanto los abogados como la fiscal entendíamos que no podía seguir, porque había indicios suficientes para que lo hicieran como imputados, porque se reconocía por parte de ellos que el documento se alteró”.
Campos apuntó que a ambos redactores “se les requirió que aportaran una documental” que, a su juicio, “creo que fue insuficiente”, aunque explicó que las declaraciones se han parado tanto por este aspecto que advirtieron las acusaciones como por la salida de la juez del Juzgado de Instrucción Número 2.
Así, el letrado dijo que en la primera quincena de julio presentará un escrito solicitando que prosigan las declaraciones, pero con ambos redactores en calidad de imputados, pues señaló que “no han aportado ninguna justificación y quedó claro que cambiaron el documento”. Campos añadió que “se intentó justificar que eran cambios no sustanciales, pero se aclaró que no se trataba de temas urbanísticos, sino de que el Plan no se podía cambiar ni una sola coma, porque era un documento cerrado”.
De momento, este aspecto controvertido en la redacción del Plan General, relacionado con el último tramo antes de su aprobación definitiva por parte del Pleno en diciembre de 2009, se ha saldado con una denuncia de la Fiscalía, que advierte, de momento, la comisión de al menos tres presuntos delitos, como son los relativos a falsedad documental, otro contra la administración pública y uno supuestamente relacionado con la ordenación del territorio.
En el primero de los casos, se guarda una relación directa con la supuesta manipulación de unos CDS, que, presuntamente, cuando se enviaron a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), sus datos no coincidían con los que fueron abordados con anterioridad en función de los que se facilitaron a todos los grupos políticos en la Corporación.
Felipe Campos, que valoró de manera muy positiva la forma de actuar de la Fiscalía, manifestó que la interposición y tramitación de esta denuncia “puede tener alguna repercusión con el PGO que está a punto de publicarse”, aunque precisó que, “administrativamente, entiendo que no, porque se rechazó por la Cotmac y se volvió a aprobar otro documento por el Ayuntamiento”. Apuntó que, a pesar de que “se ha eliminado la mayor cantidad de ilegalidades, aún quedan muchísimas, porque estamos hablando de un procedimiento que es un ejemplo de la impunidad con la que actuaban antes de su aprobación”.
