El juzgado cita a Zerolo para que recoja en persona las conclusiones del ‘caso Las Teresitas’

Tras años de largas y minuciosas investigaciones, miles de folios, numerosas comparecencias por parte de los trece acusados del caso Las Teresitas y un significativo número de testigos, finalmente el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ha sido citado para que comparezca personalmente en el juzgado número 2 el próximo jueves, 3 de septiembre.  

En ese momento se le hará entrega de las conclusiones finales sobre su implicación en esta trama por la que está formalmente acusado de presunta prevaricación. La condición de senador obligó a que su parte del sumario se tramitara de forma separada al del resto de acusados.

El grueso de las sospechas se centran en el desorbitado precio pagado por el Ayuntamiento por las once parcelas del frente de la playa, una prueba, según las investigaciones de que el exalcalde se plegó a los intereses de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), vendedora de los terrenos, y en contra de los intereses generales de la ciudad. “El resultado final es que la Gerencia de Urbanismo aceptó un precio que triplicaba el fijado por la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, e incluso supera en 18 millones a otra tasación encargada por Urbanismo”.

A lo largo de los 29 folios del escrito que debe recoger Zerolo personalmente el próximo jueves, se hace un repaso de todas las vicisitudes ocurridas entre los años 1998 y 2001, período en el que se gestó la compra de los terrenos por parte del ayuntamiento, con la supuesta intención de evitar que pudiera albergar construcción alguna. En estos momentos, el caso de Las Teresitas está a punto de culminar a falta de que la Fiscalía presente su escrito de acusaciones contra el exalcalde y se celebre el correspondiente juicio.

En el auto se da por seguro que Zerolo estuvo al tanto de todos los pormenores que rodearon a las sucesivas compras de los terrenos, pese a que él siempre lo ha negado. De hecho, el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, de su mismo partido, también lo ha declarado de esta manera al considerar “posible pero no probable” que Zerolo desconociera estos hechos. En el escrito que debe recoger Zerolo se ratifica que aparte de las negociaciones oficiales hubo “otras” entre el Ayuntamiento y empresarios, incluso antes de que existiera una propuesta firme de convenio.

El resultado final, según el auto, es que el Ayuntamiento se “plegó” a los intereses de ILT y no tuvo en cuenta los generales de los vecinos de Santa Cruz. Incluso se tomó el acuerdo de ingresar una cantidad suficiente en la cuenta de esta sociedad para que la entidad dejara de estar ahogada económicamente. La conclusión es que esta operación, que implica la venta del frente de playa al Ayuntamiento y de la trasera a unos particulares tras su correspondiente recalificación, supuso unos beneficios de 108 millones de euros para los empresarios.

Pero además nunca se tuvo en cuenta, o no se quiso, que parte de los terrenos vendidos a la corporación local ya habían sido cedidos por la Junta gratuitamente en 1986 y que un tercio de lo comprado era de titularidad de Costas. En el año 2013, los peritos encargados por el Juzgado de realizar las tasaciones fijaron el valor en 14 millones y en 10 millones según las dos alternativas que se plantearon sobre el deslinde marítimo, frente a los 54 desembolsados finalmente.

Además, los 63.000 metros cuadrados cedidos gratuitamente valdrían 4 millones que, por lo tanto, se pagaron de más. La Sala considera que para incrementar el valor de los terrenos se tiene en cuenta no su precio en el momento de la venta, sino el que podrían tener en el futuro en caso de un cambio del plan general que lógicamente dependía de la propia corporación local.

Por lo tanto las conclusiones son claras: “Incidiariamente Miguel Zerolo, con antecedentes penales, llevó a cabo junto con algunos de los demás imputados una serie de reuniones y acuerdos con la parte privada al margen del procedimiento administrativo que desembocaron en acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico, con la finalidad de llevar a cabo la compra de unos terrenos al precio previamente pactado con dichos particulares, que perjudicaban los intereses públicos a favor de los privados”.