Conciertos ilegales

“Existe un cierto miedo a perder parte del presupuesto que ahora mismo se destina a las clínicas [privadas] y queríamos tener un planteamiento empresarial para que nuestro presupuesto se preservase”. Esta frase la pronunció el 20 de octubre de 2015, en el programa de radio El Espejo Canario, el entonces vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), José Manuel Baltar. La preocupación de los que han hecho de la salud un negocio no era casual. En aquel momento, el consejero de Sanidad de Canarias, el socialista Jesús Morera, tenía intenciones de revisar los conciertos ilegales que el Gobierno autonómico mantiene con las empresas sanitarias de las islas, en la mayoría de los casos desde épocas anteriores a la actual Constitución.

A Morera, pocos meses después de llegar al cargo, se le ocurrió crear una comisión para adaptar la política de derivaciones a la legislación vigente. Una necesidad urgente si se tiene en cuenta que Canarias es una de las comunidades de España con mayor dependencia del sector sanitario empresarial. La ambiciosa propuesta levantó las iras de los beneficiarios de los conciertos, conscientes de que cualquier intento de ordenar la situación actual supondrá un mayor control de su actividad y una posible reducción de sus beneficios. Fue entonces cuando sus portavoces, acostumbrados a compartir mesa y coche oficial con los consejeros de la cosa pública, salieron a los medios a tapar las primeras grietas que se abrían en un negocio que nadie se había atrevido a cuestionar.

El vicepresidente de la ASPE que intentó frenar las intenciones del nuevo consejero socialista es el mismo que, esta vez en la Cadena SER de Las Palmas de Gran Canaria, aseguró el pasado mes de septiembre que con 16 millones dejaría las listas quirúrgicas por debajo de los seis meses de espera, todo ello gracias a un aumento de las derivaciones a la sanidad privada. Sus palabras, en ambos casos, se enmarcan dentro de su responsabilidad como uno de los máximos representantes del negocio de la salud en España. Nada que objetar si no fuera porque Baltar es la persona que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha elegido para sustituir a Jesús Morera tras la ruptura del pacto regional.

Así están las cosas. El encargado de sustituir al consejero que infló las narices a la sanidad privada con la revisión de los conciertos es el mismo que hasta hace unos meses defendía la necesidad de aumentar las derivaciones. Clavijo solo hubiera logrado levantar más polémica de haber seleccionado para el cargo a Pedro Luis Cobiella, dueño de Hospiten, o a Mario Rodríguez, magnate del Grupo San Roque, para el que trabajaba el propio Baltar hasta cruzar la puerta giratoria que separa la gestión empresarial de la pública.

Los que apoyan el nombramiento del nuevo consejero aluden a su capacidad como gestor y a su experiencia en la sanidad pública. Un pasado demasiado lejano si se tiene en cuenta que durante las últimas dos décadas se ha entregado a la causa privada, donde no ha escondido su preferencia por el modelo empresarial. Nadie puede poner en duda las capacidades de Baltar, pero el periodismo tiene la obligación de desconfiar ante cualquier amenaza que pueda atentar contra el bienestar social.

La pregunta obligada pasa por cuestionar qué hará el consejero cuando tenga que sentarse con los que hasta hace unas semanas eran sus jefes y plantearles que se acabarán los conciertos a dedo, que toca ir a un concurso abierto que cambiará las reglas del juego y permitirá una mayor transparencia en la gestión del dinero que se destina a la sanidad canaria, lo que previsiblemente supondrá un reparto más justo.

Baltar no es el único consejero que ha cruzado la puerta giratoria en Canarias. Con Paulino Rivero de presidente, una directiva de la Clínica Perpetuo Socorro ocupó el puesto de consejera durante cuatro años. Cuando terminó la legislatura, y en contra de la Ley de Incompatibilidades, Brígida Mendoza desanduvo el camino para retornar a la que había sido su casa. Durante su gestión, como era de esperar, no se revisaron los conciertos con la sanidad privada. Todo lo contrario, abrió el grifo para que su antigua empresa aumentara en más de un millón de euros sus beneficios por derivaciones desde la sanidad pública.

La revisión de los conciertos es desde hace años una prioridad incumplida en la sanidad canaria. Los datos, esos que le gustan tanto a Baltar, hablan por sí solos. Gran parte de los conciertos se firmaron en época preconstitucional y han sido renovados año a año, pese a que en sus cláusulas solo se permitía una única prórroga anual. Lo peor es que ninguno de los contratos firmados, algunos incluso con Franco aún vivo, establece el control de las derivaciones, por lo que el Gobierno no inspecciona si las clínicas beneficiadas cumplen con los requisitos mínimos para prestar el servicio y si lo hacen en las condiciones adecuadas.

La pregunta obligada pasa por cuestionar qué hará el consejero cuando tenga que sentarse con los que hasta hace unas semanas eran sus jefes y plantearles que se acabarán los conciertos a dedo…

Los conciertos también incumplen las tres leyes de contratos de la administración pública que se han aprobado en este siglo, ideadas para lograr una mayor eficiencia en la gestión del dinero de todos a la hora de adjudicar servicios a empresas privadas. Si los contratos para las derivaciones no cumplen la legislación vigente solo se pueden definir como ilegales. Un término del que huyen todos los consejeros que han tomado las riendas de la sanidad del archipiélago, que intentan retorcer la lengua para no llamar a las cosas por su nombre. Tampoco sorprende que nadie quiera reconocer una ilegalidad, no vaya a ser que alguien decida poner en conocimiento de la Justicia la práctica consolidada en el Gobierno autonómico de gastar cantidades millonarias año tras año sin concurso.

Sindicatos, asociaciones y oposición han optado por mirar para otro lado. Todos cuestionan las carencias de la sanidad y critican la excesiva dependencia del sistema con las clínicas privadas. Hasta ahí. Nadie ha cruzado la avenida de Tres de Mayo para preguntarle al Ministerio Fiscal si beneficiar de manera continua a determinados empresarios, en contra de las premisas básicas que rigen la contratación pública, supone algún tipo de responsabilidad penal.

La conducta de la Consejería de Sanidad de mantener los conciertos ilegales ha ido en paralelo al deterioro de la gestión de lo público, que acumula importantes carencias, especialmente en la isla de Tenerife. Mientras que algunas empresas han prosperado gracias a la financiación que reciben de las arcas públicas, que en casos como la Clínica Quirón suponen más del 50% de su facturación, las infraestructuras sanitarias brillan por su ausencia o, lo que a veces es peor, por su deterioro constante.

Los vecinos más alejados del área metropolitana tienen que sufrir a diario las consecuencias de no contar con hospitales en el norte y en el sur de Tenerife, donde las administraciones desarrollan la política del asfalto y las carreteras mientras que dejan en manos de sociedades empresariales una parte importante de la sanidad. Ciudadanos que son desviados a clínicas que solo atienden a aquellos pacientes que les son rentables, lo que obliga a muchas personas a emprender una odisea por diferentes hospitales que suele terminar, después de que los privados hayan hecho caja, en alguno de los dos centros públicos de referencia de la isla.

Los datos no pueden ser más claros. Según las cifras oficiales de la propia Consejería, que publicó el programa Privados de Salud de Despiertos TV, las clínicas privadas de las dos islas capitalinas se llevaron en el año 2015 cerca de 200 millones de euros al año en derivaciones hospitalarias. Los conciertos ilegales permiten que un gigante de la sanidad como Hospiten, propiedad de Pedro Luis Cobiella, ingrese el 46% de todo el dinero que se destina a derivaciones hospitalarias en Tenerife. El resto de la tarta se la reparten Quirón (23%), San Juan de Dios (22%) y el Instituto de Atención Social y Sanitaria (9%).

En Gran Canaria los conciertos están más repartidos, pero por encima de todas las empresas destaca la Clínica San Roque, la misma para la que trabajaba el actual consejero. Baltar tendrá que sentarse cara a cara con Mario Rodríguez para explicarle que a partir de ahora no se podrá llevar a dedo el 28% de todas las derivaciones de la isla, lo que supone un montante de 20 millones anuales, y tendrá que concurrir a un concurso en igualdad de condiciones. Lo mismo deberá hacer con el resto de sociedades que hacen de la salud un negocio, entre las que destacan Perpetuo Socorro (15%), donde ha regresado la exconsejera Mendoza, o el Hospital Vithas (11%).

Lo más llamativo es que, mientras siguen estancadas las infraestructuras básicas por falta de fondos, entre los años 2000 y 2015 casi se doblaron las cuantías que reciben en concepto de derivaciones las clínicas privadas. Sin concurso, claro está. Hospiten pasó de 17 a 30 millones de euros, Quirón aumentó sus beneficios vía conciertos de 7 a 14 millones, como también lo hizo San Juan de Dios al incrementar sus ingresos procedentes de la sanidad pública de casi 6 millones a más de 13 millones. Una situación, con los datos oficiales en la mano, de la que también se han beneficiado las empresas hospitalarias de Gran Canaria.

Este es el panorama que ha heredado y que tendrá que solucionar el nuevo consejero. No hay nada que justifique que un cargo público mantenga una ilegalidad a sabiendas, menos aún cuando su antecesor inició el proceso de revisión para adaptar los contratos a la legislación vigente. No le queda otra. Aquí no vale desviar la atención con cifras de listas de espera y otras cortinas de humo tan habituales en la Consejería de Sanidad. Baltar tendrá que volver a cruzar la puerta giratoria para mirar a los ojos a Mario Rodríguez, Pedro Luis Cobiella y compañía mientras les explica que los conciertos se regirán por un concurso público, que serán fiscalizados e inspeccionados y que se sancionará a las clínicas que no cumplan. Tendrá que recordarles que se acabó elegir a los pacientes y que a partir de ahora las empresas sanitarias tendrán que ser transparentes con el dinero que reciben de las arcas públicas.

No le queda otra a Baltar, aunque no sería el primero que mete la cabeza en el agujero. La diferencia es que en su caso, si no revisa los conciertos, podría parecer que su nombramiento fue una decisión de Fernando Clavijo para agradar a los amos de la sanidad privada y mantener llena la hucha de las derivaciones. Claro que eso sería como decir que el presidente de Canarias gobierna para los empresarios mientras que el resto de ciudadanos esperamos a ser atendidos en un pasillo de Urgencias.