“El dinero público no es de nadie”

Lapidaria aseveración soltada en su día por la entonces ministra de Cultura en la legislatura de Zapatero (2003/2007); la ínclita Carmen Calvo, hoy ministra de la Presidencia y vicepresidenta del actual Gobierno de Pedro Sánchez.

No es propio de la supuesta calidad intelectual de una jurista, profesora universitaria con un ostentoso currículo político, que quede en evidencia por esta torpe cita, famosa y viralmente ridiculizada, junto con una colección de perlas discursivas similares con las que montar un collar barato de bisutería poco fina. La ristra de prendijoyas desafortunadas aparece de una sentada en Google apenas se selecciona su nombre y apellido, donde insiste en expresiones feministoides en perjuicio del verdadero movimiento feminista y su genuina filosofía reivindicativa. Pero solo nos centraremos en el título y su contexto.

“Nosotros administramos dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Tal aserto no puede tomarse en serio por absurdo y ridículo. Pero representa un síntoma de cómo algunos, ella incluida, interpretan su responsabilidad política respecto a la administración del erario público que, sin ambages ni medias tintas, es patrimonio exclusivo del pueblo soberano.

Desde la estructura económica de partidos políticos, sindicatos, entidades oficiales tipo CEOE y ciertos organismos estatales o no, financiados con subvenciones millonarias, debemos cuestionar la conveniencia y legitimidad de “nuestro dinero” despilfarrado “legalmente” con aparente ligereza y excesiva generosidad forzosa. Bastante tenemos con 8.000 ayuntamientos, sus alcaldes, ediles, asesores, personal de confianza y parientes de Nepote, colocados con suculentos sueldos del “dinero que no es de nadie”.

Así como nuestro fracasado Estado de las Autonomías, inviable por ruinoso en un país cuyo déficit, deuda pública e índices de pobreza no concuerdan con el brutal gasto público de 17 parlamentos y el abuso generalizado de recursos oficiales, aplicados masivamente en beneficio de una clase política expandida en número y generosamente pagada por todos nosotros. (Sin adentrarnos en el reiterativo tema de la corrupción institucionalizada).

No es políticamente correcto denostar nuestro sistema autonómico porque así lo contempla la Constitución, pero sería deseable y muy necesario, por motivos de supervivencia, “adelgazar” todas las administraciones y reducirlas al mínimo indispensable con un tope razonable y razonado de cargos públicos.

La anómala gestión de fondos públicos trasciende, como mal ejemplo, a niveles más bajos de repercusión cotidiana.

Imaginemos -solo imaginemos- un medio de comunicación precario. Pudiera ser una emisora de radio local con problemas económicos y sin demasiada vocación informativa, formativa ni de entretenimiento de calidad. Ajena a la deontología periodística, y con la única aspiración de sacar pasta con algo de publicidad y cualquier oportunidad que se presente al vuelo. Imaginemos -solo imaginemos- que el alcalde del municipio está en campaña electoral y “compra” a esta radio un espacio divulgativo para exponer su programa y promocionarse para repetir como candidato. Imaginemos -solo imaginemos- que al precio de compra se le añade un plus para que se ensalce la figura del alcalde en todos los programas del medio. Y además la emisora adquiere el compromiso, también pagado aparte, de que ningún colaborador ni invitado a tertulias pueda criticar su gestión política.

Se supone que la inversión dineraria del alcalde no procede de su peculio personal, sino que se trata de dinero público para publicidad institucional o subvenciones acomodadas a los intereses de ambas partes. Resultado: la emisora renuncia a su derecho a la libertad de prensa, de expresión y de información, previo cobro de lo que afecta a su condición de servicio a la opinión pública, para convertirse en un simple negocio, tan boyante como la cuantía de dinero público que el cliente decida invertir en esta parcela de su campaña.

Lo más lamentable es que esta supuesta situación suponga también la vulneración constitucional -artículo 20- del derecho ciudadano a la veracidad.

Conclusión: si tal sucediera, me cabrearía muchísimo que un alcalde pagase con mi dinero a unos comunicadores de medio pelo para intentar engañarme con sus mentiras electoralistas.

La Ley de Transparencia permite, en teoría, acceder a todos los datos contables referidos a caudales públicos. No sería extraño averiguar que una operación de compraventa como la aquí descrita fuera hasta legal. Otra cuestión sería la legitimidad ética y los principios morales de una y otra parte. Será interesante solicitar dicha información, con el deseo de recibir adecuada respuesta en plazo para no tener que acudir al Comisionado de Transparencia.