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José Miguel González Hernández

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Es cierto que el anuncio del apocalipsis no se ha hecho realidad. Las comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos han tenido sus estructuras de poder claramente definidas y, aunque sea en funciones, se ha gestionado un presupuesto previamente aprobado. Tampoco es cierto que se puedan llevar a cabo modificaciones de calado. Lo que no ha habido es voluntad de diálogo y consenso. Por ello, un país con un gobierno en funciones no es el mejor ejemplo de sociedad en el que la Administración pública es un ente determinante en las relaciones económicas y sociales. Ni siquiera es el paradigma de una estructura neoliberal, en la que el establishment se erige como una figura microscópica que interviene poco en el suministro de determinados bienes y servicios públicos a sus congéneres, puesto que es la iniciativa privada la que toma las riendas, acudiendo a la rentabilidad económica como única opción y dejando de lado la social.

Pero los acontecimientos han aparentado precipitarse (después de tildar de idiotas a la ciudadanía por el in-esperado de lo sucedido) y en breve tendremos nuevo (¿viejo?) gobierno. Y los mercados financieros han aplaudido con subidas en los diferentes índices bursátiles la decisión, teniendo clara la diferencia entre la economía real y la financiera. Eso sí, la estructura parlamentaria será tal que no creemos que dure más allá de dos leyes generales de presupuestos debido a los ajustes económicos a los que nos tenemos que enfrentar, siendo ahí donde se catalogue realmente la altitud de miras de una oposición responsable, porque hay que obtener un rédito de ajuste de 5.500 millones de euros e, incluso así, quedará medio punto para alcanzar el objetivo de déficit cifrado por Bruselas (3,1%).

Realmente, uno de los ajustes que más resuena es el adelanto de las retenciones del Impuesto sobre Sociedades, recalcando lo de adelanto, porque sólo están actuando de forma intertemporal, no ampliando la base imposible, sino aplazando una decisión para la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 (no es errata). El resto del esquema se centra, prácticamente, en una prórroga de los que actualmente están vigentes, con una actualización del cuadro macroeconómico, donde se ralentiza la creación de empleo (aunque la tasa de paro disminuirá) junto a la evolución del PIB. Por ello se esperan más ajustes por el lado del gasto, porque en lo que a la generación de ingresos se refiere, al tener España una presión fiscal lejos de la media europea (34,4% y 41,5% de recaudación sobre el PIB, respectivamente), poca cosa. Es decir, el Estado de bienestar tendrá menos representatividad en la creación de valor y riqueza un año más. Y ¿eso es bueno o es malo? Depende del lado de la raya en la que te encuentres.

José Miguel González Hernández

Economista

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