El CD Tenerife tendrá que pagar por el uso del estadio tras el Cabildo 'perdonárselo' al menos desde 1994
Se acabó la barra libre para el CD Tenerife. El principal usuario de las instalaciones del Heliodoro Rodríguez López, propiedad del Cabildo, tendrá que pagar a la administración pública insular una tasa del 5% de todos los ingresos que le genere por temporada la utilización del estadio, tal y como se publica en la web de Mírame TV.
Así lo acordó de forma inicial el último pleno de la Corporación insular, que aprobó la modificación de la ordenanza que regula el uso de los bienes de dominio público, después de las constantes advertencias del interventor sobre el incumplimiento de la normativa vigente.
El funcionario encargado de controlar la legalidad, Antonio Messía de Yraola, alertó en diferentes informes de la necesidad de cobrar por la utilización del estadio al CD Tenerife, principal beneficiario del uso de la instalación desde 1994. En su último dictamen sobre la tasa del 5% que aprobó el Cabildo, el interventor da su visto bueno con un informe favorable, aunque deja un recordatorio sobre el trato recibido por el club en los últimos años. “Constituye una actuación irregular no haber procedido con anterioridad a dar cumplimiento al principio general del derecho administrativo de que las utilizaciones especiales y privativas del dominio público estén sujetas al pago de un canon, tasa o impuesto (...), produciéndose su disfrute de forma gratuita contraviniendo la normativa vigente”, concluye en su escrito de 27 de abril de 2018.
La nueva tasa, que todavía tiene que salir a exposición pública antes de ser aprobada de forma definitiva, no tendrá carácter retroactivo, por lo que el Cabildo no podrá recuperar el dinero dejado de ingresar a lo largo de los últimos 24 años. La cuantía aproximada que pagará anualmente el CD Tenerife alcanza los 112.000 euros, si se tienen en cuenta los resultados del ejercicio 2015/2016, que se tomó como baremo, donde el club obtuvo unos ingresos de 2,2 millones. Esta cifra variará de forma ostensible si el equipo asciende o desciende de categoría, ya que siempre estará ligada a la caja que se registre cada temporada, que será mayor o menor en consonancia con la división en la que compita.
Han tenido que pasar 24 años y numerosas advertencias del interventor para que el Cabildo cumpla con la legislación. Desde 2014, cuando se inició el expediente para regular la tasa, han sido constantes las discrepancias entre la Corporación y el funcionario, que elaboró varios informes desfavorables ante las diferentes propuestas de la administración insular, que siempre han sido tendentes a beneficiar los intereses del CD Tenerife.
La primera controversia está relacionada con la calificación jurídica de la instalación, que desde 1987 está considerada como bien demanial de servicio público. El interventor considera que el estadio debería ser un bien patrimonial del Cabildo. La diferencia no es baladí. En el supuesto defendido por el funcionario, el CD Tenerife debería hacer frente a un canon fijo del 6% del valor de venta del inmueble, lo que daría como resultado un pago mayor al fijado mediante la tasa.
Como el Cabildo decidió mantener la consideración del Heliodoro Rodríguez López como bien demanial de servicio público, las discrepancias posteriores se produjeron en relación con el pago que se tenía que fijar en cumplimiento de la legislación. El pleno aprobó en 2014 la modificación de la ordenanza que regula el uso del estadio, pero no desarrolló los términos de la tasa, lo que provocó que Messía de Yraola pidiera de forma expresa que se iniciara el procedimiento para fijar la cuantía.
La primera propuesta que elevó el Servicio Administrativo de Deportes establecía una tasa del 1,5% de los ingresos obtenidos solo por la venta de entradas y de abonos, además de fijar una bonificación del 50% en los casos en los que las cuentas del club mostrasen un fondo de maniobras negativo o una ratio de deudas sobre recursos propios superior al 50%. La iniciativa se topó de bruces con el criterio del interventor y de la Tesorería del Cabildo, que pidió la retirada del posible descuento por cuestiones económicas.
Los informes del interventor llevaron al Servicio Administrativo de Deportes a modificar las condiciones de la tasa, en la línea de las advertencias realizadas por el funcionario encargado de controlar la legalidad. La nueva propuesta, que aprobó inicialmente el último pleno, fija un pago del 5% sobre todos los ingresos que genere cada temporada el estadio para el CD Tenerife, lo que incluye, además del dinero de las entradas y de los abonos, el obtenido mediante las cantinas y la publicidad estática. Messía de Yraola dio su visto bueno con una condición: que las cuentas del club se presenten cada ejercicio debidamente auditadas.
El CD Tenerife es el principal usuario del Heliodoro Rodríguez López desde 1994, cuando se publicó la ordenanza que regula la utilización de la instalación, que pasaba a estar en manos del equipo de mayor categoría en la isla. En marzo de 2015 se produjo un hecho que cambió la realidad jurídica. El Cabildo firmó un convenio con el club para la cesión del estadio durante 20 años, con el fin de evitar un posible descenso administrativo a Segunda División B.
Durante la tramitación del expediente, el interventor informó de forma desfavorable al acuerdo por considerar que no se cumplía con el interés general que justifica este tipo de actuaciones. El reparo fue levantado por un decreto del actual presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso.
El interventor también ha criticado al Cabildo por hacer frente a gastos que tenía que asumir el CD Tenerife, como el mantenimiento y la reposición del césped, “aun cuando son obligaciones que corresponde cumplir a la entidad deportiva, contraviniendo la ordenanza y el acuerdo que regula dicho uso principal”. Otro asunto que cuestiona el funcionario es la subvención de 1,8 millones que la Corporación insular ha otorgado al club en 2018 para las obras de la ciudad deportiva.
El Heliodoro Rodríguez López es propiedad del Cabildo de Tenerife desde 1972. Según la ficha catastral, el suelo de la instalación y el estadio están valorados en 7,5 millones de euros.
