El PP pide la dimisión del presidente insular Carlos Alonso por el caso piscifactoría de Aguamansa
La oposición política en el Cabildo de Tenerife, esta vez representada por el PP y guiada por el consejero insular Sebastián Ledesma, apunta a lo más alto y ya ha pedido, a través de su cuenta oficial en Twitter, la dimisión del presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso (de CC), por el conocido como caso piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, un asunto que propició la clausura de ese recinto el 22 de septiembre pasado y que además está judicializado tras la denuncia presentada por la Guardia Civil ante los juzgados esa misma localidad del norte de Tenerife.
El PP ha solicitado el cese del presidente insular tras conocer el contenido exacto del informe técnico del propio Cabildo, el desvelado por Tenerife Ahora y que tiene fecha del 19 de julio pasado. En el se daba cuenta de todos los problemas de gestión detectados en esa instalación para la cría y el engorde de truchas, entre ellos algunos muy graves, como son los casos de la contaminación del agua de consumo humano que se distribuye a través del canal del norte por los excrementos de esas truchas e incluso por los restos de piensos corregidos para el tratamiento con antibióticos (con uso prohibido en humanos) de una enfermedad que tienen esos peces en verano.
El acceso del PP al informe interno del Cabildo ha levantado todas las alarmas por la gravedad del asunto que se denuncia y ha vuelto a poner en la picota el trabajo del político socialista José Antonio Valbuena al frente del área de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife.
Valbuena, en la rueda de prensa que ofreció la semana pasada, no reconoció error alguno en la gestión de la piscifactoría, pese a lo que recoge aquel informe interno, de su propio equipo técnico funcionarial, y además aseguró que lo ocurrido en esa instalación no ha supuesto riesgo alguno para la salud de las personas.
Tanto una cosa como otra quedan desmentidas al menos por dos informes técnicos rigurosos: el interno de un veterinario funcionario adscrito al área de Medio Ambiente y el acta redactada por el inspector de Salud Pública que el 22 de septiembre, de oficio, acudió al recinto y terminó cerrándolo, entre otras razones porque el agua en que se criaban las truchas era vertida sin autorización al canal del norte, un medio para la distribución de agua potable a la población del norte y del área metropolitana de la isla de Tenerife.
El PP también ha manifestado que estudia la posibilidad de llevar este caso a la Fiscalía.
