Un testigo niega que la arquitecta municipal recibiera presiones al valorar los terrenos del frente de playa
Fernando Senante, abogado especialista en urbanismo que formaba parte del equipo redactor del Plan General de Santa Cruz de Tenerife de 1992, ha admitido este martes (4 de octubre) durante el juicio del caso Las Teresitas que en el Ayuntamiento había discrepancias con la arquitecta municipal Pía Oramas sobre la valoración de los terrenos de la playa que el Consistorio iba a adquirir, pero ha negado tener conocimiento de que ella recibiera presiones.
A preguntas de la fiscal María Farnés Martínez en la vista oral sobre la compraventa en septiembre de 2001 del frente de playa de Las Teresitas, Senante ha admitido su participación en una reunión en junio de ese año con Pía Oramas, en la que, según su declaración, no hubo presiones para que la arquitecta municipal suscribiera una valoración de los terrenos encargada a Tinsa por 63 millones de euros.
Pía Oramas había valorado los mismos terrenos en 19 millones de euros en un informe que Senante ha dicho desconocer y que, al no ser considerado entonces por el Ayuntamiento (que pagó 52 millones de euros a los propietarios), provocó que el Tribunal Supremo anulase la operación.
Por este presunto pelotazo están acusados los dos empresarios vendedores, Antonio Plasencia e Ignacio González, así como funcionarios y políticos, entre ellos el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.
El testigo Fernando Senante, asesor jurídico en el equipo redactor del Plan General, ha situado a Manuel Parejo en la reunión de junio de 2001 en la que se habló de la valoración de los terrenos con Pía Oramas, aunque más adelante en su declaración ha dicho que no estaba seguro de su presencia.
Según el testigo, en ese encuentro estaban también el secretario del Ayuntamiento, José Tomás Martín, el secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, y el jefe de Planeamiento (y superior de Pía Oramas), Epifanio Gómez.
Senante ha reconocido que “se habló de valoraciones” de los terrenos en ese encuentro, aunque no recordaba si se mencionaron cifras, y ha asegurado que el objeto del encuentro no era que Pía Oramas suscribiera la tasación de Tinsa.
El urbanista, que había sido citado como testigo en el turno de las defensas, ha admitido que hubo diferencias en cuanto al valor de los terrenos, pero no presiones.
Ha concretado además que las discrepancias estaban en torno a si era de aplicación la Ley de Moratoria Turística, que impediría construir hoteles turísticos en esos terrenos, y a si había que restar el 10% del aprovechamiento urbanístico que los propietarios debían ceder al Ayuntamiento, condicionantes que habrían disminuido el valor de las parcelas.
Pero según el criterio de Fernando Senante ni la moratoria turística era aplicable (porque los hoteles no serían turísticos, sino urbanos) ni tampoco la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico exigible a los vendedores, puesto que en el convenio anterior con los propietarios anteriores ya se había negociado reducir en un 40% la superficie edificable, al preservarse la ladera.
Compensaciones a los propietarios de los terrenos
El mismo criterio de que no se podía restar del valor de los terrenos el 10% de los aprovechamientos urbanísticos ha sido defendido por otro testigo, el arquitecto José Ángel Domínguez Anadón, quien dirigió el equipo redactor del Plan General de 1992.
Domínguez ha afirmado que el aprovechamiento del 10% no era aplicable, y aun en el caso de que lo hubiera sido legalmente, “ya había sido compensado” porque en las negociaciones con la Junta de Compensación se había presionado a los propietarios para que cedieran 610.000 metros cuadrados de terrenos edificable, lo que suponía reducir en un 60% la edificabilidad.
En la sesión del juicio oral también ha comparecido como testigo el actual concejal de urbanismo de Santa Cruz, Carlos Garcinuño, quien ha señalado que el Plan Especial de Las Teresitas ya está redactado, aunque está pendiente de aprobación.
En ese Plan se impide edificar en el frente de playa, aunque se autoriza la construcción de un hotel de cuatro o cinco estrellas en una parcela de 40.000 metros cuadrados y un aparcamiento con locales comerciales de 1.800 metros cuadrados.
