Un experto apunta a “intereses económicos” tras la apuesta de Tenerife por las desaladoras y la emergencia hídrica

Estanque en primer plano del barrio realejero de La Cruz Santa y, debajo, presa de Los Realejos, que, como las del resto de Tenerife, presenta un 20% menos de media de agua respecto al mismo periodo de 2023, según el análisis efectuado a principios de esta semana.

Álvaro Morales

5 de abril de 2024 13:37 h

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El Cabildo de Tenerife, por unanimidad, aprobó el pasado 1 de marzo la emergencia hídrica en la Isla en una decisión sin precedentes, pero que sigue la estela de los mismos pasos dados por otras islas, como La Gomera, que se adelantó el 20 de julio de 2022. Las administraciones insulares consideran imprescindible esta medida para poder paliar la sequía, la creciente disminución de los niveles de agua en las presas y los acuíferos, y las tensiones que viven zonas con gran densidad poblacional, así como el subsector agrícola. 

Tras la decisión del Cabildo tinerfeño, ayuntamientos de esta Isla como Fasnia, Arico e Icod de los Vinos han restringido el uso de agua potable en sus redes municipales, sobre todo en lo relativo al riego de jardines, huertas, árboles, zonas deportivas o la limpieza de coches en la vía, entre otras. Sin embargo, y aunque parece haber bastante consenso técnico y, en gran parte, político sobre la gravedad de la situación (Vox sigue con su negacionismo sobre el cambio climático cada vez que se aborda la cuestión), desde la declaración tinerfeña se ha alzado una voz de un experto, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Carlos Soler, especialista en Hidráulica y Energética, que, cuan cruzada casi en solitario y a contracorriente, ha ido visitando platós de televisión y otros medios para decir que todos se equivocan.

Tal y como ratifica también a Canarias Ahora, Soler sostiene que no hay motivos para la emergencia y que proyectos como las desaladoras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife solo obedecen a intereses económicos, con “claras connivencias” políticas. Este exprofesor en la Universidad de La Laguna y con un currículum que impresiona (ha sido director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de España de 1985 a 2013, ingeniero jefe del Servicio Geológico de Obras Públicas en Canarias de 1978 a 1985, de Proyectos y Obras del Servicio Hidráulico de Tenerife y director de los planes hidrológicos, precisamente, de El Hierro, La Gomera y La Palma) considera que la provincia llega demasiado pronto a las desaladoras por motivos espurios, que los acuíferos tienen agua de sobra y aún para mucho tiempo y que solo habría que aprovechar mucho mejor los recursos naturales, ya que se pierde un 70% del agua de lluvia, “según los datos oficiales, por ejemplo, del Cabildo tinerfeño”.

Por supuesto, sus palabras de las últimas semanas en distintos altavoces mediáticos no han pasado inadvertidas, según ha podido constatar este periódico. La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, reconoce la trayectoria y sapiencia de Soler, pero no entiende su actitud. Frente a sus tesis, recalca que las nuevas desaladoras contempladas para Tenerife, unidas a las plantas de depuración y a otras múltiples medidas, resultan imprescindibles cuanto antes por la situación crítica que se vive y que se agravará este verano y seguramente en el futuro. “Yo no sé qué pasará en dos años, si volverá a llover mucho o no, pero, ahora, la emergencia hídrica era imprescindible para tomar medidas urgentes porque se está perdiendo un 5% de reservas al año y porque sufrimos una evidente sequía desde 2016”, recalca en declaraciones a Canarias Ahora.

“No sé a qué se debe esta especie de cruzada de Soler, pero, si usa los datos del Plan Hidrológico de Tenerife, ha de utilizarlos todos, ya que esa pérdida está demostrada”. De hecho, Pérez alude a la medición realizada a principios de esta semana en las balsas de la Isla por los operarios de la empresa pública Balten, estudio que constata que las últimas lluvias permitieron recuperar hasta un 5% de nivel en algunas, pero que la situación global no deja de agravarse, especialmente en las del Valle de La Orotava y la comarca del noroeste (zonas de Icod de los Vinos e Isla Baja), toda vez que las reservas han bajado un 20% respecto al mismo periodo de 2023.

Según remarca la consejera, las desaladoras y depuradoras nuevas resultan imprescindibles para incorporar nuevos aportes al agua de abasto (mediante la desalación) en las zonas más pobladas del litoral, que es donde se producen las tensiones mayores por la convivencia, a su vez, de la planta hotelera y la concentración y crecimiento poblacional. Así, zonas como el área metropolitana, la costa de Arona y Adeje, o, en el norte, el Puerto de la Cruz, requieren de esta alternativa de forma clara. Además, explica que pueblos eminentemente agrícolas como Vilaflor, Fasnia, Arico o la parte alta del Valle de Güímar “no tienen una agricultura de secano, sino que necesita mucha agua y, por eso, hay que evitar que el líquido que sí tiene Fasnia siga alimentando los núcleos poblacionales más densos de Granadilla de Abona, por ejemplo, usando para la agricultura lo que se pueda depurar. Ni llegamos tarde ni demasiado pronto con las desaladoras”, afirma. “Hemos actuado en función de las evidencias científicas y los datos”.

Una inversión superior a 300 millones en desaladoras y depuradoras

Las nuevas depuradoras para la Isla supondrán una inversión de 216 millones de euros, que, sumados a los 90 previstos para las desaladoras, hacen que el desembolso contemplado para este cambio radical supere los 300 millones. Según Pérez, el objetivo pasa por lograr que el agua que se consuma en la Isla a partir de 2027 provenga, en un 60%, de estas alternativas, mientras que el 40% restante seguiría aportándolo el acuífero, las presas y redes actuales. 

Las cinco nuevas desaladoras previstas se instalarán en el polígono industrial de Güímar, Mesa del Mar (que dará agua desalada a La Laguna y Tacoronte), Valle de Guerra (Noreste), Granadilla y Fonsalía. Entre las depuradoras, y aparte de las ya existentes, destacan las de Santa Cruz, Arona-Este San Miguel, Granadilla, Valle de La Orotava y Acentejo, entre otras. 

En una línea muy similar, y frente a las tesis de Soler, se pronuncian a Canarias Ahora desde los cabildos de El Hierro y La Gomera. En el caso de la Isla Colombina, se contempla una desaladora en San Sebastián, otra en Playa Santiago y una en Valle Gran Rey más adelante, prevista por el Gobierno regional. Según se subraya, la declaración de emergencia decidida en julio de 2022 estuvo más que justificada por el estrés hídrico constatado, que solo ha ido a más y que obligaba a adelantarse a crisis futuras aún peores. Según el Cabildo gomero, y en contra de lo que sostiene Soler, estos equipamientos impulsarán agua generada a cualquier punto de la Isla mediante la red existente.

En El Hierro, por su parte, también se rechaza las tesis de Soler y se prevé instalar tres desaladoras portátiles para abordar la crisis hídrica actual, medida contemplada en el plan insular y que consideran totalmente justificada porque, como en La Gomera, la salinización de las reservas por la explotación mediante galerías, junto a la sequía, las hacen imprescindibles.

En contra de estas decisiones, Soler insiste en que solo usa datos oficiales y asegura que los técnicos que avalan la apuesta por la desaladora, “o lo hacen por desconocimiento o por otros motivos; si no, no se entiende”. Según recalca, “y para esto uso datos como los de Juan José Braojos –hidrólogo e ingeniero de Obras Públicas experto en el acuífero y las galerías de Tenerife, quien sostiene que, desde 2014, Tenerife ha perdido en agua de lluvia el equivalente a 63 presas de Los Campitos, en Santa Cruz: unos 170 hectómetros cúbicos), ”la situación hídrica en esta Isla se mantiene equilibrada desde 1927. Hay periodos de sequía, sí, como el actual, pero ya los hubo en el pasado y no tengo ningún dato o evidencia que me diga que ese equilibrio se perderá en el futuro“ (ver el gráfico que él mismo aporta a esta información). Según remarca, ”desde 1927 años, la pérdida en el acuífero de Tenerife no llega al 10%“.

Es más, y aunque admite que los datos de los últimos diez años (desde 2014) confirman lo que dice Braojos (ingeniero que ha preferido no participar en esta información), “lo que no se recuerda últimamente es que 2012 fue el año con más lluvia y aportaciones al acuífero de toda esa serie desde 1925”. A su juicio, con aprovechar mejor la lluvia que cae y las galerías, así como con mejoras en las redes que eviten las pérdidas actuales “se elevaría ese aprovechamiento del 30% según los datos oficiales” y se demostraría que, en su opinión, las desaladoras son aún innecesarias en estas Islas, que suponen una clara contradicción sobre la sostenibilidad porque requieren de mucho más gasto energético y que “solo obedecen a intereses económicos porque representan mucho dinero”.

Sobre la evolución histórica de las Islas, Soler cree justificado el uso, desde hace décadas, de la desalación en Fuerteventura, menos en Lanzarote, “pues ahí también hay acuífero, aunque es verdad que con más problemas por sus componentes”, mientras que considera que se pudo actuar de otra manera en Gran Canaria. “No digo que hoy no sean necesarias en estas islas, pero, desde luego, sí que son prescindibles en la provincia tinerfeña. De hecho, y por ejemplo, en La Gomera solo falta una tubería de un kilómetro para aprovechar el agua del acuífero en la zona de La Negra y, desde aquí, alimentar toda la Isla por simple gravedad, sin más gasto energético”, afirma. En el caso de El Hierro, apuesta por también por nuevas galerías frente a las desaladoras previstas.  

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