Ocho viviendas sociales de Los Realejos, sin uso desde 2005

El acuciante problema de la vivienda, de los incontrolados precios de venta, las zonas tensionadas con prohibitivos alquileres, parece ser ajeno a algunos municipios canarios. En ese contexto de emergencia habitacional, hay viviendas sociales que no se han usado hace 21 años, en una mezcla de desidia y descoordinación institucional de desaprovechamiento de los recursos públicos. Es el caso de ocho viviendas de protección oficial (VPO) creadas en 2005 en el populoso barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos, en el Norte de Tenerife.    

En realidad, hace ya más de dos decenios se crearon en la calle Tindaya de este núcleo, lindante con La Orotava, un total de once VPO. Las construyó la entonces empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos (Vivire) y no estaban nada mal para ese 2005: algunas con tres habitaciones, garaje, placas solares para agua caliente sanitaria y, luego, fotovoltaicas… No obstante, nadie vivió nunca en ellas, aunque cada vez que se acercaron elecciones locales desde entonces (2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, desde 2011 con mayoría absoluta del PP), las pintaban y adecentaban unos meses antes, para luego acabar de nuevo en el agujero de la desidia.

Pese a la denuncia reiterada en prensa durante años por partidos como Izquierda Unida (IU), esa situación se mantuvo hasta que, en 2022, el gobierno local decidió ceder estas once casas a la consejería regional de Obras Públicas y Vivienda. Sin embargo, y según le consta a Canarias Ahora, desde entonces sólo se han utilizado un máximo de tres de estas casas para casos de desalojos forzosos de familias, violencia de género y otras situaciones sociales de esta índole, pero las otras ocho han seguido vacías y sin uso desde 2005: un total, pues, de 21 años de cierre y desaprovechamiento de casas pagadas por todos los contribuyentes en una ascendente crisis habitacional en España y, en particular, en muchas zonas de Canarias.

Canarias Ahora intentó desde este martes conocer la versión de la consejería regional, que dirige Pablo Rodríguez, pero sin resultado. Desde el gobierno realejero, por el contrario, se apunta que estas casas “han estado ocupadas por usuarios de Servicios Sociales en todos o casi todos los casos de manera temporal por situaciones de especial necesidad”. Eso sí, no se alude a usos por parte de familias durante etapas largas, que es lo que suele ocurrir con las VPO, aparte de que el ayuntamiento desconoce qué ha ocurrido con las viviendas desde que se las cedió al Gobierno de Canarias.