La Orotava lleva 18 años sin subir el IBI a los grandes tenedores pese a lo estipulado en la Ley de Vivienda

La Orotava, en el norte de Tenerife, lleva 18 años sin subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y seguramente la inmensa mayoría de los residentes lo agradecen a fondo. Sin embargo, todo tiene sus peros y, en este caso, y según señala a Canarias Ahora el grupo de Asamblea por La Orotava, lo discutible es que se lleve ese tiempo sin aplicar ningún aumento a los grandes tenedores de casas del municipio, especialmente a constructoras o grandes promotoras, así como bancos y, en muchos menos casos, propietarios aislados con más de nueve inmuebles (de haberlos).

El Plan General de Ordenación (PGO) orotavense calcula unas 2.500 viviendas vacías en la localidad. Manuel Pacheco, concejal de Asamblea, señala que, si la mitad de esas casas pertenecen a grandes tenedores, haciendo hincapié en entidades bancarias y empresas de la construcción con promociones muy conocidas que están vacías total o parcialmente, “se podría recaudar millones de euros añadidos al año porque la Ley de Vivienda de 2023 permite subir el IBI hasta triplicarlo en los casos de grandes tenedores”.

A su juicio, esto permitiría ingresar un dinero considerable que, a su vez, se podría destinar a potenciar las políticas sociales o, precisamente, las de vivienda. Un ámbito que, a su juicio, supone una de las grandes debilidades de la gestión de CC desde hace mucho tiempo. Además, insiste en la necesidad de que se pueda declarar alguna zona, como el casco histórico, “tensionada”, lo que haría que aquellas empresas, bancos o propietarios con cuatro o más inmuebles entren también en la consideración de grandes tenedores y se les pueda aplicar esa subida de esta tres veces la cantidad del IBI que les cobra el consistorio.

Para Asamblea, lo más triste hasta ahora, desde que se aprobó la ley estatal de 2023, es que el gobierno orotavense se ha escudado en sus dudas sobre cómo aplicar la norma y en cómo definir o considerar una casa vacía o cumplidora de las condiciones establecidas. En opinión de Pacheco, se trata de argumentos muy débiles “porque la norma deja muy claro cómo aplicarla en cada caso”, por lo que, a su juicio, sólo ha habido desidia o una clara intención de beneficiar o no perjudicar a estos grandes tenedores, entre los que se encuentran diversas constructoras con muchas promociones en la Villa.

La versión del gobierno local, que está elaborando un informe

El concejal de Hacienda de La Orotava, Felipe David Benítez, explica a este periódico que, en realidad, el ayuntamiento aprobó un recargo del 50% en el IBI a los grandes tenedores en 2018 (“grandes empresas y entidades bancarias”), si bien admite que, desde entonces, no ha aplicado en la práctica ese incremento a través del consorcio de tributos porque la ley de Haciendas Locales “no detallaba, por ejemplo, qué se consideraba un gran tenedor o una vivienda vacía. Esto cambia con la ley de 2023 y el texto refundido de la de Haciendas Locales, que sí aclara estas cuestiones. A partir de ahí, nosotros llevamos meses trabajando con el consorcio de tributos para obtener datos de cuántas grandes empresas o bancos tienen más de diez viviendas desocupadas. Con todo esto, se está haciendo un estudio económico para ver el impacto de la medida, qué número de casas de uso residencial hay en ese caso para ver también la viabilidad de implantar esta medida, ya que lleva consigo también unos costes administrativos”.

El edil añade que “hay que demostrar, a su vez, que esa vivienda está vacía, algo que previsiblemente se podrá hacer a través de los consumos de agua, para lo que habrá que interconectar el padrón del agua con el del IBI. Esto lleva, por tanto, un trabajo administrativo y unos costes, pero se necesita ese estudio económico para ver la viabilidad de la medida, ya que, si para el ayuntamiento es superior que lo que se va a obtener, pues no tiene ningún sentido, aparte de que el problema actual de la vivienda no se soluciona con esto. Esperamos que en unos meses tangamos ese estudio”.

Para Asamblea, se llega tarde, al pasar ya tres años de la ley sin se haya elaborado ese informe y, sobre todo, sin que se haya aplicado un incremento a estos grandes tenedores que, a su juicio, compensarían de sobra al consistorio si simplemente se atiende al actual PGO.

Ningún municipio de Canarias ha sido declarado zona tensionada, pese a que varios lo han solicitado formalmente, ya que la decisión depende del Gobierno regional, que se ha negado desde el principio a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda.