Ciudadanos recuerda al PP el pacto antitransfuguismo y el PP le responde que lo releerá después de la censura en Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular ha contestado a Ciudadanos que se sentará a hablar con su socio preferente sobre el pacto antitransfuguismo la semana que viene, después de los procesos electorales de Galicia y Euskadi a los que ambos concurrirán este domingo, en este último caso, en la misma candidatura. Y, sobre todo, se sentarán a abordar tan espinoso asunto después de que se celebre en Santa Cruz de Tenerife el pleno que habrá de debatir y votar la moción de censura que desalojará de la alcaldía a la socialista Patricia Hernández gracias a un acuerdo de Coalición Canaria con los populares y con la primera concejala tránsfuga de la historia de la ciudad, Evelyn Alonso, expulsada de Ciudadanos precisamente por desobedecer la prohibición de firmar esta iniciativa.

La moción de censura, que se fraguó durante el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus, se activó desde el momento en el que se conoció la intención de uno de los dos concejales electos de Ciudadanos, Juan Ramón Lazcano, de dimitir por causas que ni siquiera él mismo ha explicado formalmente y que ha preferido encuadrar en los socorridos “motivos personales”.

La moción de censura no se fraguó en Canarias sino en la planta noble de la sede central del Partido Popular, en Madrid. Por parte de Coalición Canaria ha intervenido Fernando Clavijo, el que fuera presidente de Canarias y en la actualidad jefe máximo del partido sin que en realidad ostente cargo orgánico alguno. Clavijo ha mantenido varias reuniones con Pablo Casado y con Teodoro García Egea, especialmente con este último, que desde el verano de 2019 intensificó sus contactos con el hoy senador para intentar conformar un gobierno regional que encabezara el expresidente o la que, a partir de aquella intentona fallida, pasó a convertirse en la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro. Es precisamente Navarro la más ferviente defensora de devolverle a Coalición Canaria el poder en todas aquellas instituciones donde puedan valerle los votos del PP, y la decisión de la moción de censura en Santa Cruz cuenta con todo su entusiasmo.

No existe unanimidad, sin embargo, entre los tres concejales que forman el grupo popular en el consistorio. Su portavoz, Guillermo Díaz Guerra, se ha manifestado tanto pública como privadamente crítico con Coalición Canaria, tanto por su trayectoria plagada de casos de corrupción, particularmente en la capital tinerfeña, como por el daño electoral que propina al PP, especialmente en la isla de Tenerife, donde ambas formaciones compiten por un electorado mayoritariamente conservador. Tampoco es especialmente entusiasta con la vuelta de Coalición Canaria la concejala popular Alicia Cebrián. Según ha revelado Díaz Guerra, a esta acreditada deportista olímpica, con una brillante carrera académica en la materia, le hubiera dado igual ser concejala de Deportes con unos que con otros. Y entrar a formar parte del actual gobierno municipal (PSOE y Ciudadanos) no le sonaba mal. Tampoco al portavoz, que estos días no ha ocultado su preferencia por lo que en su partido llaman “pacto constitucionalista”. Un acuerdo a tres bandas entre el PSOE, el PP y la única concejala de Ciudadanos, Matilde Zambudio, recientemente readmitida en su partido con todos los honores, tras una expulsión más provocada por rencillas locales que por la aplicación de las directrices y los estatutos nacionales, dejaría en la oposición a Coalición Canaria y a Unidas Podemos, que actualmente presta su apoyo externo al gobierno municipal, lo que resolvería para los populares cualquier roce con la izquierda que deplora.

Pero el principal obstáculo para este pacto “constitucionalista” se encuentra en el número dos del grupo, Carlos Tarife, que probó las mieles de la Concejalía de Urbanismo durante casi dos años en el anterior mandato municipal, también dando apoyo a Coalición Canaria, y quiere repetir. Los nacionalistas han cedido de nuevo esa concejalía al PP, y no parece que en el PSOE se viera con buenos ojos entregar esas competencias a la derecha.

El vicesecretario primero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, se desgañita ante los periodistas canarios que han contactado con él explicando la posición nacional del partido frente a esta moción de censura. La formación que ahora preside Inés Arrimadas es taxativa: Evelyn Alonso es una tránsfuga y apoyarse en ella para cambiar un gobierno de cualquier índole vulnera el pacto antitransfuguismo. Por eso ha sido Cuadrado el que ha agitado los papeles de este pacto ante la cara de Teodoro García Egea, que sonríe y le contesta que ahora están demasiado ocupados en el PP con las elecciones en Euskadi y en Galicia para tener que descender a esas cuestiones a su entender tan poco relevantes.

En realidad García Egea no desprecia la ciudad de Santa Cruz de Tenerife como para darle igual quien la gobierne. Muy al contrario. La capital tinerfeña es para su socio archipielágico, Coalición Canaria, un buque insignia a partir del cual reconquistar el poder que perdió de manera abrumadora tras las pasadas elecciones locales de 2019 en lo que supuso el fin de una hegemonía que, en algunos casos, se remontaba a las postrimerías del franquismo, cuando algunos de los fundadores de la actual formación nacionalista ejercían el poder y se fueron amoldando a los modos democráticos: primero a través de la UCD, luego fundando la Agrupación Tinerfeña de Independientes y finalmente desembocando, junto a otras diez partidos del más variado pelaje ideológico, en la parecía que imbatible Coalición Canaria.

El acuerdo entre García Egea y Fernando Clavijo incluye el Gobierno de Canarias porque el expresidente enseña al secretario general del PP la carta de Casimiro Curbelo, el poderoso líder de la Agrupación Socialista Gomera, con el que comparte una estrecha amistad. En Coalición Canaria dan por sentado hace tiempo que Curbelo abandonará con sus tres diputados el actual pacto de progreso (PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y él mismo) si el actual presidente, Ángel Víctor Torres, “no cumple con La Gomera”, lo que viene a significar en su lenguaje político, ausente de silbo y de otros formatos, que hay que invertir en esa isla lo que diga su presidente del Cabildo, es decir, él. Clavijo le tiene prometido el maná, como es lógico, y como ya hizo durante los cuatro años en los que se solidificó la amistad entre ambos.

Lo malo es que para poder ver cumplido el objetivo de devolver a Coalición Canaria el poder regional que ostentó durante 26 años consecutivos son necesarios los dos votos parlamentarios de Ciudadanos, los mismos que se le negaron a Clavijo en 2019 por encontrarse entonces imputado en el caso Grúas (ya archivado por el Tribunal Supremo), y que ahora no deberían tener obstáculo alguno si el candidato o candidata es otro porque ya el expresidente se ha ido de la política autonómica. Y será entonces cuando se sepa si el PP tendrá tiempo para sentarse a conversar con Ciudadanos.