El Defensor del Pueblo también concluye que la declaración de impacto ambiental del Circuito del Motor de Tenerife está caducada

La Plataforma Salvar La Tejita ha emitido un comunicado este viernes en el que señala que el Defensor del Pueblo ha concluido, tras investigar el expediente a solicitud del colectivo, que el proyecto del Circuito del Motor que se construye en el sur de Tenerife tiene la declaración de impacto ambiental caducada.

Además, señala que faltan varios informes técnicos y permisos obligatorios requeridos como los relacionados con especies de flora y fauna protegidas, contaminación lumínica o impactos sobre el medio hídrico, depuración de aguas residuales y vertidos.

No obstante, apunta que “la omisión más grave” por parte del Cabildo es el estudio de impacto acústico dado que una instalación de estas características “puede generar más contaminación acústica que un aeropuerto”.

El Cabildo ya indicó en el proyecto que “esperaría a que el circuito estuviera operativo para modificar las ventanas y puertas de los vecinos cercanos (con fondos públicos que no estaban incluidos en el presupuesto declarado del proyecto) si recibía quejas de esos vecinos”, un detalle, a juicio de la plataforma, que “podría provocar el cierre” del Circuito de Motor tras un gasto de 50 millones de fondos públicos “si un vecino denunciaba el ruido ante un juzgado”.

En su opinión, la omisión deliberada de este estudio técnico puede considerarse un acto de “prevaricación grave” por parte de la administración.

Salvar La Tejita lamenta también que hace un año solicitó al Cabildo ser “parte interesada” en el proyecto para recibir notificaciones e información tal y como exige la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, pero la solicitud “aún no ha sido atendida” por la corporación.

Un informe ignorado por el Cabildo

El Cabildo de Tenerife ya sabe desde hace tiempo que la declaración de impacto ambiental (DIA) está caducada y, de hecho, en noviembre de 2022 obvió un informe jurídico que le aconseja realizar una nueva evaluación: “No puede tener una vigencia ad eternum”. El informe, elaborado por la Unidad de Apoyo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), afirma que la DIA, que data de 2011, estaba caducada.

El texto, al que ha tuvo acceso este periódico, es contundente. Concluye que “por cuestiones de seguridad jurídica”, teniendo en cuenta que han pasado once años desde la aprobación de la DIA, “debe procederse a efectuar una nueva evaluación sobre la totalidad del proyecto, al estar caducada la evaluación ambiental que nos ocupa”.