Los tribunales asustan al Ayuntamiento de la capital tinerfeña, que ahora regulará el alquiler vacacional después de mayo

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dado este lunes casi por descartado que la ordenanza reguladora del alquiler vacacional en la ciudad se apruebe en lo que queda de mandato, justo lo contrario que había asegurado apenas unas semanas antes.

“Dudo que podamos aprobar la ordenanza”, ha apuntado en una entrevista concedida a la Cadena Ser recogida por la agencia Europa Press, en la que ha mostrado su deseo de volver a reunirse con representantes de Ascav, Ashotel y los administradores de fincas para intensificar el diálogo y lograr alcanzar el mayor consenso posible.

El objetivo, ha señalado, es que se “mejore” el texto con propuestas de todos los implicados, dejando claro que “no tiene sentido aprobarlo a sabiendas de que se va a perder en los tribunales”.

En todo caso, el alcalde ha apuntado que no quieren prohibir esta actividad en la ciudad porque genera “riqueza”, pero cree que debe estar “ordenada” para conciliar los intereses de todas las partes.

“Entre no regular, que genera un problema, y la regulación consensuada, hay un trecho”, ha dicho, al tiempo que ha pedido más implicación del Estado para resolver la situación, “pues no se puede regular desde los ayuntamientos”.

Cuestionado por el alto precio de los alquileres en la ciudad, ha comentado que la situación está lastrada por el efecto de la crisis económica, que paralizó la construcción de viviendas públicas, algo que se empieza a “reactivar”, como demuestra la construcción de 44 inmuebles en El Tablero o la compra de otros 18 pisos a una entidad bancaria por parte del Ayuntamiento.

Asimismo, ha comentado que no ve “mal” que se puedan fijar límites a los precios máximos, aunque es una medida “difícil de llevar a cabo” porque se debe garantizar la libre competencia y el derecho de los propietarios a poner viviendas en alquiler.

En ese sentido, más allá de sancionar a propietarios por tener viviendas vacías, defiende fijar incentivos para sacarlas al mercado.

En cuanto a la nueva ordenanza de movilidad -aprobada de forma inicial-, ha apuntado que muchos vecinos se quejan de la actividad “casi mafiosa” de algunos gorrillas, que “presionan” a la gente y le reclaman dinero en la calle por aparcar coches.