Otras 13 familias de Santa Cruz se benefician de viviendas de alquiler social
Un grupo de 13 familias santacruceras han recibido las llaves de sus nuevos inmuebles, pertenecientes a la bolsa de vivienda en alquiler promovida por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña. La selección de los beneficiarios de esta segunda remesa de viviendas ha sido realizada por el Consistorio, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y la empresa pública Viviendas Municipales.
Con la formalización de esta entrega, el número de familias beneficiarias en los tres últimos meses asciende a 36. Además, todas las áreas municipales implicadas en el desarrollo de esta iniciativa trabajan en la tramitación de los documentos necesarios para facilitar la próxima entrega de una nueva remesa de 20 viviendas.
El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto a la séptima teniente de alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez, y la edil de Vivienda, Ángela Mena, además de técnicos de ambos departamentos.
Bermúdez valoró la importancia del convenio establecido para la realización de esta actividad, “sobre todo para todas aquellas personas que lo han suscrito y que ya se benefician del mismo. La alegría de cada una de ellas es la mejor noticia para los que seguimos trabajando con el objetivo irrenunciable de facilitarles una vía para que puedan vivir como se merecen. Me gustaría agradecer el enorme trabajo y el seguimiento que están realizando los técnicos de las áreas de Viviendas Municipales y Atención Social con las familias que necesitan de estos recursos”.
Por su parte, Alicia Álvarez indicó que este convenio procurado por el Ayuntamiento “permite que las familias de Santa Cruz den un paso firme y puedan salir adelante, a través del las ayudas que se conceden y de la integración social que promovemos. De esta forma, los usuarios de los Servicios Sociales derivados se comprometen a ser inquilinos modelo para, así, abrir la puerta a más ciudadanos que necesiten de un alquiler de estas características”.
“El de hoy es un paso más en la línea de trabajo que nos hemos trazado para movilizar el alquiler de viviendas en este mercado”, aseguró Ángela Mena, quien explicó además que “se trata de una buena salida para atender las necesidades de vivienda de las familias con pocos recursos y seguiremos luchando para facilitar espacios en los que la gente cree hogares para vivir”.
En ese sentido, la concejala hizo un llamamiento “para tratar de movilizar el mercado y que todo aquel que tenga a una vivienda pueda ponerla a disposición de este tipo de recursos, ya que la escasez de presupuesto nos impide edificar viviendas de protección oficial y ésta es la mejor medida para poder hacer frente a las necesidades que nos ha planteado la situación de crisis económica de los últimos años. Jornadas como la de hoy son muy gratificantes porque nos permiten dar solución a los problemas de tantas familias y hacen que intentemos alcanzar la meta de resolver todas las dificultades que lleguen hasta el Ayuntamiento en esta materia”.
Las 66 viviendas que forman parte de este recurso tienen una superficie útil media de 68,59 metros cuadrados y están dotadas, además, de plaza de garaje y trastero. Sus inquilinos tendrán que abonar una renta media de 264,48 euros, importe al que se le aplicará una bonificación del 15 por ciento durante la primera anualidad, para resultar una renta inicial media de 224,80 euros al mes. Los beneficiarios, al mismo tiempo, podrán acogerse a una carencia en el pago de la renta de 3 meses. En la segunda anualidad, la bonificación de la renta será del 10 por ciento, resultando una renta media de 238,03 euros.
El perfil más habitual de los beneficiarios se corresponde al de una unidad familiar compuesta por 3,18 miembros de media, cuya cabeza visible es una mujer menor de 35 años de edad, soltera, desempleada y con ingresos mensuales inferiores a 600 euros. La selección de arrendatarios se ha hecho entre personas físicas empadronadas y residentes en Santa Cruz, que se hallan inscritas en el registro público de demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y usuarias, a su vez, de los Servicios Sociales municipales.
