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La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife propone dedicar una plaza a la fiscal que puso fin a la “impunidad” de quienes perpetraron el 'pelotazo' de La Teresitas

Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, en la rueda de prensa ofrecida este miércoles
Santa Cruz de Tenerife —

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La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), propondrá al pleno de la corporación municipal que en la ciudad haya una plaza con el nombre de la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez, porque es una de las responsables de acabar “con la impunidad”.

Patricia Hernández ha hecho pública esta propuesta tras dar a conocer un acuerdo con el empresario Antonio Plasencia, condenado y en prisión por el caso de las Teresitas, para que este pague al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 95 de los 97 millones de euros de la compraventa del frente de la playa del mismo nombre.

La alcaldesa ha dicho que es justo hacer un homenaje a la fiscal y a todas las personas que han demostrado capacidad de sacrificio y de trabajo para velar por los intereses públicos de la ciudad, y ha asegurado que este acuerdo con el empresario no se hubiera producido con otros partidos en el gobierno municipal.

Patricia Hernández ha tenido palabras de elogio para los responsables de los servicios jurídicos municipales, y también para los periodistas que recibieron llamadas e, incluso, perdieron el puesto de trabajo por contar el caso las Teresitas, ha señalado.

La alcaldesa ha insistido en que ha cambiado la determinación política del grupo de gobierno municipal y ha criticado que antes de que llegasen a él PSOE y Ciudadanos (Cs) no se había movido “ni un papel” para cobrar el dinero de Las Teresitas, o, en todo caso se había movido pero para adherirse a la petición de la Fiscalía para que se pagara, pero no se pidió la ejecución de la sentencia, según ha denunciado la alcaldesa.

Patricia Hernández ha manifestado que quienes denunciaron el convenio y han luchado para que se ejecutase la sentencia tenían enfrente “mucho poderío” y ha insistido en que para el actual grupo de gobierno no era suficiente con que fuesen a la cárcel los condenados, sino que era preciso recuperar el dinero.

Hernández ha reconocido que no esperaba que esto se produjese en un solo año y se ha mostrado convencida de que es la primera vez en España que los condenados no solo pagan con cárcel cuantías de este tamaño sino que además no disfrutan del dinero robado.

Por eso ha afirmado que este acuerdo es un mensaje positivo, de decir que no basta con ir a la cárcel sino que además hay que devolver el dinero, que es público.

La concejal de Promoción Económica, Turismo y Cultura, Matilde Zambudio, de Ciudadanos, ha valorado el acuerdo y ha destacado la predisposición a la negociación por parte de Antonio Plasencia y sus herederos. Y ha añadido que el grupo de gobierno municipal ha demostrado que “querer es poder”.

Matilde Zambudio ha declarado asimismo que, como jurista no conoce ninguna otra sentencia que, como la del caso de Las Teresitas, se ejecute en la totalidad de sus términos, “sin negociar ni un céntimo de lo que corresponde a los vecinos”.

El concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín (PSOE), que fue uno de los denunciantes del convenio de Las Teresitas, por medio del colectivo Ínsula Viable, ha reconocido que el de hoy es un día “muy emocionante”, y ha señalado que los peores momentos de su carrera política los pasó en la oposición cuando insistía para que “no se dejara escapar ni un euro”.

José Ángel Martín ha subrayado que en su momento fue frustrante preguntar a la alcaldesa qué se había hecho para recuperar el dinero y que la respuesta fuese que ni siquiera se había solicitado la liquidación de los intereses, y ha acusado al anterior grupo de gobierno municipal (CC-PP) de ser “claramente cómplice de no querer cobrar”.

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